El domingo 27 de octubre, las uruguayos y los uruguayos deberemos concurrir a las urnas y afrontar la decisión de a qué fuerza política y qué candidatos elegimos para dirigir los destinos del país en los próximos cinco años. Hacerlo supone contar con un conjunto de informaciones que permitan tomar la decisión que mejor se entienda. En este sentido, como representante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) nos preocupan algunos aspectos que se pretende modificar de la Ley General de Educación a partir del envío de un proyecto de ley de urgente consideración que el Partido Nacional (PN) y su candidato, Luis Lacalle Pou, anuncian.

Lo primero que llama la atención es una exclusiva preocupación por el gobierno de la educación, o sea, por el poder. En líneas generales se propone eliminar la representación docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El Partido Nacional y el Partido Colorado nunca creyeron en esta representación mediante elección directa por parte de los docentes. Sin embargo, cuando la Ley General de Educación se promulgó, el PIT-CNT decidió presentar candidatos a estos cargos y también lo hicieron el PN y el Partido Colorado (PC); es decir, ambas fuerzas políticas que votaron en contra de estos artículos de la Ley General de Educación, después salieron a competir electoralmente. Por esto llama la atención que hoy se plantee la eliminación de esta representación docente, haciéndolo bajo el falaz argumento de que las representaciones autorreferenciales no son buenas y, por lo tanto, hay que abrir la participación a otros actores, en apariencia representativos del interés general.

No podemos disociar esta eliminación de la representación de los docentes, electa democráticamente y con supervisión de la Corte Electoral, de otro aspecto contenido en el proyecto: la eliminación de la obligatoriedad de tener una actuación mínima de diez años en la educación pública para quienes pretenden ocupar estos cargos. Como estos son cargos políticos, y en política ningún espacio queda vacío, nos interesa subrayar, en primer lugar, la noción patrimonial de la función pública, muy arraigada en los partidos tradicionales uruguayos y en algún sentido también extendida en las actuales administraciones frenteamplistas. En segundo lugar, esto no implica necesariamente que se vaya por el lado de reforzar la cuotificación político-partidaria en los cargos que estén al frente de la ANEP, el Consejo Directivo Central o los Consejos de Educación. En realidad, lo que conlleva esta pretensión de eliminar la obligatoriedad de los diez años es entregar lisa y llanamente la conducción de la educación al sector privado.

Gran razón tenía el doctor en Pedagogía Agustín Cano cuando, en el prólogo de El avance privatizador en la educación uruguaya: Discursos y políticas, hablaba de una alianza conservadora y neoliberal que busca posicionarse no solamente en la construcción de la política educativa pública, sino también en su conducción y en su ejecución. En especial, aquellos sectores y actores que han venido desde espacios confesionales como el Opus Dei, desde espacios educativos privados fuertemente arraigados como la Universidad Católica y apoyados por fundaciones financieras como el Banco Itaú serán los promovidos a la conducción de los organismos de la educación.

En las últimas semanas Ernesto Talvi anunció que en caso de ser gobierno la educación va a estar en manos de, entre otros, Adriana Aristimuño; basta con ver cuál ha sido su desarrollo profesional en los últimos 15 años. El PN, por su parte, propone y promueve para esta responsabilidad a un candidato como Pablo da Silveira. Vaya casualidad: ambos trabajan en las mismas instituciones, representan los mismos intereses y promueven la privatización y mercantilización con criterio definido por las grandes corporaciones internacionales, las mismas corporaciones que han promovido el desarrollo de frentes cívico-empresariales como Eduy21. Esta “iniciativa ciudadana”, que en plena coyuntura electoral desaparece en apariencia de escena, porque en definitiva la mayoría de sus integrantes pertenecen a partidos y están intentando encontrar su espacio en el seno de cada organización para asegurarse un espacio de poder en un futuro gobierno, constituye un espacio de articulación política de esta alianza conservadora y neoliberal.

Otro aspecto planteado en la propuesta de un proyecto de ley de urgente consideración por parte del PN es la eliminación de la obligatoriedad de la convocatoria del Congreso Nacional de Educación. Para la Fenapes, el Congreso Nacional de Educación siempre debió constituir un espacio democrático de avanzada, de participación ciudadana directa, y es claro que el PN y el PC no creen en esa participación democrática organizada ni nunca han creído.

En muchos países de la región, como Brasil, Colombia, Chile y la propia Argentina, el ataque a la libertad de cátedra ha funcionado como mecanismo de represión hacia el cuerpo docente, porque genera miedo e inestabilidad.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente para encender una luz de alarma, hay que agregar un elemento aun mucho más peligroso para los intereses populares, sobre todo en el contexto en el que se formula. El PN incluiría la reformulación del concepto de libertad de cátedra, actualmente definido en el artículo 11 de la Ley General de Educación. Este artículo incluido en la ley actual tiene una función garantista, tanto para el docente como para el estudiante. Porque no se puede pensar el desarrollo profesional docente, en la educación pública y en democracia, sin la libertad de cátedra. El docente, enmarcado en las propuestas curriculares, los programas y las orientaciones generales del sistema educativo, debe hacer una selección crítica y plural de los distintos temas a abordar; el estudiante tiene derecho a acceder a todas las fuentes de información y el docente la obligación de poner a su disposición estos saberes. Esto es lo que dice hoy el actual artículo 11. Sin embargo, el PN propone modificarlo, pero lo llamativo es que no dice por qué lo va a sustituir.

Queremos advertir que en muchos países de la región, como Brasil, Colombia, Chile y la propia Argentina, el ataque a la libertad de cátedra ha funcionado como mecanismo de represión hacia el cuerpo docente, porque genera miedo e inestabilidad. No son conjeturas, son hechos que están pasando hoy en la región. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es: ¿el diseño de la norma que va a suplantar la actual definición de la libertad de cátedra quedará en manos de una negociación del PN con actores como el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, un confeso seguidor y amigo de Jair Bolsonaro, y con quien coincide en muchas de sus propuestas? Vale recordar que quienes conducen el actual gobierno de Brasil han desatado un verdadero proceso de persecución, una caza de brujas permanente en contra de los docentes en varias instituciones educativas públicas. Tenemos elementos para pensar que esto también es posible imponerlo en Uruguay.

Esto, que hoy está planteando el PN y cuyo contenido desconocemos completamente, y que se está negociando con otros actores de la oposición, es una propuesta de gobierno. En este sentido, la ciudadanía no puede conocer su contenido recién el 2 de marzo de 2020. Por ello, exhortamos al doctor Lacalle Pou, en representación del PN y del resto de las tiendas políticas que estarían afines a las promoción de esta ley de urgente consideración, a que por lo menos sean más precisos y más claros en el contenido de dicho proyecto hasta el momento oculto.

José Olivera es vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria.