Luego de más de un lustro de displicencia gubernamental con las Fuerzas Armadas (FFAA), el general (r) Guido Manini Ríos comenzó a rebelarse cuando, desde el poder civil, surgieron las primeras propuestas de cambio. Quizás los nervios respondían a que se podía comenzar a resquebrajar ese supuesto equilibrio entre el poder civil y el poder militar que había existido con los diferentes gobiernos democráticos. Esta connivencia entre el poder político y las FFAA les ha asegurado a sus principales mandos, la mayor impunidad posible; no disminuir sus privilegios económicos; la no intromisión de los mandos civiles en su estructura corporativa y sus decisiones internas; y la no modificación del sistema de formación militar.

Primero, Manini comenzó a protestar y presionar al poder civil por la ley de reforma de la Caja Militar; esta ley afectó parcialmente los privilegios económicos que todavía no habían sido tocados. En segundo lugar, la propuesta de una nueva Ley Orgánica Militar, la que ponía en vilo uno de los equilibrios que aseguraban a las FFAA mantener su cultura corporativa, convirtió a Manini en defensor mediático de la “familia” militar, descubriendo totalmente su discurso antidemocrático. No es para menos: este proyecto de ley propone modificar la estructura interna, las decisiones corporativas, elimina la Doctrina de la Seguridad Nacional, y establece nuevos criterios que ponen a las FFAA al servicio del sistema democrático. Es la primera pulseada ganada a favor de la democratización del funcionamiento interno de las FFAA.

El contexto

El contexto en el que ha ido avanzando este proyecto de ley es importante, y no fue necesariamente propicio. Unas FFAA que en 34 años no han tenido todavía un comportamiento institucional democrático: espionaje militar en democracia; la mayor parte de los comandantes en jefe en democracia han justificado los delitos de lesa humanidad como actos de servicio contra la subversión; pronunciamientos explícitos en contra de los tres poderes del Estado; opacidad en la información militar; y nula colaboración institucional por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

La reforma de la Ley Orgánica es una tarea insoslayable para el gobierno del Frente Amplio (FA), pero lo hubiera sido para cualquier gobierno democrático. Es decir, el FA tomó la iniciativa diez años después de aprobada la Ley Marco de Defensa Nacional; pero el sistema democrático en su conjunto tardó más de tres décadas en transformar la ley de la dictadura.

Al inicio de esta administración, la primera medida que tomó el Ministerio de Defensa Nacional fue concederles a los tres comandantes en jefe, incluido en aquel entonces el general Manini, la responsabilidad de redactar el proyecto. A ninguno de los tres comandantes le interesaba cambiar la Ley Orgánica; en cualquier caso, los cambios propuestos no irían en un sentido precisamente democrático.

Cuando Jorge Menéndez asumió el ministerio, cambió la estrategia, se deshizo de (casi) toda la propuesta de los comandantes, y les mandó a sus asesores jurídicos civiles redactar el proyecto. Este fue parcialmente reformado, positivamente, por la bancada parlamentaria del FA.

El proyecto acordado

El proyecto avanza en varias direcciones. En primer lugar, elimina la Doctrina de la Seguridad Nacional. En segundo lugar, y por primera vez en la historia de Uruguay, el proyecto de ley propone una disminución importante de coroneles y generales: reduce en 80 los coroneles para las tres fuerzas, y en cuatro los generales. La reducción principal se aplica al Ejército: 66 coroneles y cuatro generales.

En tercer lugar, se han eliminado como tales los Tribunales de Honor, y con ellos su vetusta reglamentación. Se le ha transferido a la Justicia ordinaria –en caso de delitos penales–, su potestad de pase a reforma de militares en actividad o retiro (es decir, su cese y pérdida de derechos simbólicos y económicos), que antes pertenecía a dichos tribunales. Se ha creado a cambio un tribunal de Ética y Conducta Militar con menos potestades, y que su reglamento, a cargo del Poder Ejecutivo, esperemos que sea actualizado y democrático.

En cuarto lugar, termina con la obediencia debida, es decir que según el proyecto de ley “Ningún militar debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales. [...] Lo actuado en contrario a lo dispuesto precedentemente determinará la directa responsabilidad del militar, el que no podrá ampararse en el cumplimiento de órdenes superiores”.

En quinto lugar, se crea el estatuto del personal militar, al que se define como funcionario público. Esta definición, que aparentemente es menor, elimina el concepto de que ser militar es especial, diferente, y apunta a la integración y a la igualdad de todos los ciudadanos, civiles y militares. Además, dicho estatuto les da derechos, en los que un elemento insoslayable es la no discriminación, por lo que asegura un trato igualitario –al menos en la normativa– a todos los integrantes, particularmente incorpora la perspectiva de género e iguala los derechos de oficiales y subalternos. Agrega, además, para todos los casos, los derechos de presunción de inocencia y del debido proceso.

Según Manini, estos últimos dos elementos –la eliminación de la obediencia debida y la asignación de derechos básicos al personal militar– son las propuestas del Poder Ejecutivo que terminarán con la cadena de mando, y eliminarán la disciplina, la obediencia y el funcionamiento mismo de las FFAA. Aparentemente, para Manini las órdenes que implican la violación de los derechos humanos deben ser acatadas, y los subalternos no deben tener derechos para reclamar posibles arbitrariedades de sus superiores.

Esta ley es una gran oportunidad. Puede ser el comienzo de la democratización de las FFAA. No puede quedar en papel mojado. Debe ser acompañada por leyes orgánicas igualmente transformadoras en cada una de las tres fuerzas y, por supuesto –y lo más importante–, transformar el sistema de formación militar, que los oficiales formados en democracia conciban como propios estos nuevos valores y dejen de seguir creyendo en la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Gustavo Buquet es economista, doctor en Comunicación y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.