1) Hace más de medio siglo, la Constitución de 1967 estableció que el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social pasara a denominarse Ministerio de Cultura. Por primera vez en la institucionalidad estatal hubo una secretaría de Estado específica para los asuntos culturales. El modelo institucional francés de fines de la década de 1950, que creó un Ministerio de Cultura durante el gobierno de Charles de Gaulle, ha sido inspirador de la institucionalidad cultural de toda América Latina.

Junto con la nueva denominación, se crearon otras institucionalidades, entre ellas, en 1967, la Comisión Nacional de Difusión Cultural, la Dirección de Actividades Culturales y, en 1969, la figura de Director de Cultura. Este conjunto de acciones no sólo fortaleció al Estado uruguayo en el campo de las políticas culturales, sino que lo colocó como su principal agente.

Si bien la educación pública se regía –como hasta hoy– con autonomía del Poder Ejecutivo, en 1970 hubo un nuevo cambio de nombre –también de cometidos– y pasó a denominarse Ministerio de Educación y Cultura, tal como lo conocemos actualmente. Desde entonces, la historia es conocida: se ha discutido sobre la conveniencia de mantener o separar la cartera en dos. Los argumentos más frecuentes para no separarla: que no hay plata, que no es prioridad; que sólo le importa a una minoría corporativa y no “a la gente”; o que así está bien.

2) La actual propuesta de cambio se enmarca en una concepción que ha estado presente en la política cultural uruguaya de los últimos 14 años: la de los derechos culturales. En su artículo 5º el proyecto dice: “El Ministerio de Cultura y Derechos Culturales comprenderá un Consejo Nacional de Cultura y Derechos Culturales que lo asesorará en la elaboración de planes y políticas nacionales, así como supervisará la evaluación de los programas del ministerio. Dicho consejo estará integrado por cinco miembros de la Red Nacional de Directores de Cultura, en representación del Congreso de Intendentes, y un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Será presidido por el ministro o la ministra, o quien sea designado como su representante. Los integrantes del mencionado consejo serán honorarios y tendrán carácter rotativo”. Por un lado, se institucionaliza esta dimensión –de derechos culturales– y, por otro, la creación del Consejo Nacional de Cultura y Derechos Culturales, al incorporar a representantes del Congreso de Intendentes, le otorga una dimensión nacional, no sólo en el alcance, sino también en la construcción de las políticas. Cabe señalar que esta propuesta surgió como fruto del trabajo de un grupo asesor que incorporó a diferentes actores, con diferentes sensibilidades partidarias y diferentes perspectivas territoriales. No es un proyecto que surge del oficialismo e intenta imponerse, sino que es una construcción colectiva con amplio respaldo.

3) Han sido muchos, quizá no suficientes aún, los avances institucionales en materia de políticas culturales, a nivel nacional y también a nivel departamental. Existen hoy secretarías o direcciones de Cultura en todos los departamentos y ámbitos de coordinación nacional, como la Red de Directores de Cultura. En los programas políticos, mal o bien, la cultura tiene un lugar, está en la agenda política. Otro aspecto, también presente en la retórica de los candidatos, es la necesidad de pensar políticas de Estado, en áreas estratégicas, con amplias bases de acuerdo. Esta propuesta va en esa línea por sus contenidos, por sus cometidos de preservar esta perspectiva de derechos en la política cultural, y también por el proceso de discusión que la constituyó como tal. Representa una oportunidad de respaldar esos cambios con más y mejor institucionalidad; como sociedad, no podemos dejar que pase.

4) La presentación formal del proyecto por parte del Poder Ejecutivo irrumpió en la campaña electoral, y eso genera eventualmente debilidades y fortalezas. Tener la iniciativa obliga al resto a posicionarse. Recientemente, en una entrevista, Beatriz Argimón, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional, muy respetada por su actitud conciliadora, declaró que su mirada sobre la llamada agenda de derechos era mayor que la del Frente Amplio (FA). ¿No incluye los derechos culturales la ancha agenda de Argimón? Por su parte, el futuro ministro de Educación y Cultura de un eventual gobierno nacionalista, Pablo da Silveira, manifestó que la creación de un Ministerio de Cultura y Derechos Culturales no es prioridad para su partido, que es un tema menor y que lo necesario es crear un Ministerio de Ambiente. Resulta interesante conocer el pensamiento del eventual futuro ministro; por un lado, la liviandad con la que manifiesta que algo no es prioritario. Por otro, el planteo de que sí es necesario crear un Ministerio de Ambiente. Subyace en su postura dicotómica la idea de que los ministerios son compartimentos estancos, como si el plano de la realidad no tuviera mayores complejidades, o, quizás, tal postura sea pura especulación electoral. Para quienes apoyamos esta iniciativa, no se trata de ambiente sí y cultura no, o viceversa; se trata de que la perspectiva de derechos es transversal a ambos, y así como hablamos de derechos culturales, cabe hacerlo de derechos ambientales; y eso debe reflejarse en la institucionalidad estatal. Qué bueno sería, para todas y todos los uruguayos, que quienes se proponen gobernarnos transiten un camino que vaya de la banalidad de sus planteos para los titulares a la discusión, con responsabilidad, de las propuestas.

5) Mucho se ha criticado al actual gobierno por su aparente parálisis y falta de iniciativa. Más allá de compartir o no tal apreciación, formulada mayoritariamente por la oposición, es de orden reconocer que es positivo que el proyecto esté planteado. El desafío de hacerlo en lo que queda del período de actuación parlamentaria, menos de un mes, es grande y corre el riesgo de que no sea aprobado o que lo sea sólo con los votos del FA. Justo sería, considerando el proceso de elaboración, que todos los partidos con representación parlamentaria tomaran postura y se diera una discusión lo más seria y amplia posible. A lo mejor, sensibilizamos y convencemos al futuro eventual ministro de la importancia del tema, o quizás aún esté a tiempo de pedir pase para el Ministerio de Ambiente que ahora, en campaña, todos quieren crear.

Federico Sequeira es docente e investigador en políticas culturales en el Centro Universitario de la Región Este (Udelar).