Es domingo, día de la tradicional feria de Tristán Narvaja, y por 18 de julio, a la altura de la Facultad de Derecho (a la que comúnmente se conoce como “la universidad”, sin mayores adjetivos), se ve a un grupo de personas identificadas con colores partidarios poco usuales. Llama la atención verles allí, en un paisaje habitual para manifestaciones partidarias, pero bastante lejos del calendario electoral de campaña; y no es solo eso lo que vuelve singular la escena, sino ver a estas personas identificadas con el logo de La Libertad Avanza, el partido que llevó a la presidencia a Javier Milei en Argentina. La importación de la propuesta y de la estética de un partido político surgido recientemente desde los márgenes de la polarización, en un contexto muy distinto al uruguayo, es una representación gráfica de parte del malestar con el sistema. Aunque allí, entre el bullicio de la cotidianidad de la feria, parecen perderse y quedar relegados. Son, sin embargo, parte de un ecosistema que intenta traducir a Uruguay un repertorio regional: discurso anti “casta” y anti Estado, épica libertaria, la promesa de endurecer lo punitivo como remedio frente a la inseguridad y la nostalgia de una “Suiza de América” perdida.
Es desde este mismo ecosistema que se convoca a dos manifestaciones para la próxima semana, una en Montevideo y otra en Canelones, con consignas sobre precios del combustible y del boleto, inseguridad, aumento del costo de vida y lo que califican como privilegios para las personas que recuperan su libertad. Allí la estética es otra: se habla de amor a la patria y predominan los colores del pabellón, y de alzar la voz para defender los derechos de los patriotas.
Si bien en parte de la cartelería en que se convoca a las manifestaciones se indica que se trata de eventos apartidarios y se invita a llevar solo la bandera de Uruguay, además de que quienes difunden la convocatoria tienen vínculos con el mileísmo nacional (que es más diverso que su expresión en La Libertad Avanza), también figura como integrante de la plataforma el Partido por los Cambios Necesarios, formado por exintegrantes del movimiento Un Solo Uruguay. Este último, fundado en 2018, ha sido estudiado como un movimiento ruralista y actor político no electoral con objetivos y estrategias comparables a grupos conservadores más tradicionales, que funciona como puente entre malestares sectoriales concretos y una narrativa política más amplia: interior productivo versus Estado central, costos versus competitividad, burocracia versus trabajo. En síntesis, podríamos decir que no hace falta que sea formalmente partidario para tener efectos políticos.
Un hilo común que une a distintos actores de este ecosistema lo encontramos en la reciente protesta de camioneros autoconvocados contra la guía electrónica de carga, y también por el precio de combustibles y otros costos operativos. Esta guía fue presentada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) como parte del Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre, aplicable al transporte por carretera en vehículos de más de 3.500 kilos, con emisión vía web o app. Pero mientras el gobierno la presentó como una medida de modernización, gradual y sin costo directo, los autoconvocados la leyeron como más burocracia y control. El conflicto no se puede resumir como “camioneros versus gobierno” porque hay al menos cuatro capas a distinguir: autoconvocados, gremiales empresariales, trabajadores asalariados y actores políticos que buscan leer o amplificar la protesta. El PIT-CNT, por ejemplo, rechazó lo que describió como violencia de un sector minoritario de patronales del transporte de carga contra trabajadores, lo que muestra que dentro del universo “camionero” hay tensiones laborales y de clase que no conviene ignorar.
Son parte de un ecosistema que intenta traducir al Uruguay un repertorio regional: discurso anti “casta” y anti Estado, épica libertaria, la promesa de endurecer lo punitivo como remedio frente a la inseguridad.
Pero hoy dije que esta protesta marca un hilo común, y es porque encontramos un respaldo explícito a esta movilización de autoconvocados desde los distintos actores y plataformas que nuclean a lo que podríamos denominar como la derecha social en Uruguay.
Hablar de “derecha social” no implica que esta diversidad de actores compartan partido o un programa formal, sino que producen agenda pública desde lugares sociales predominantemente no partidarios y con marcos compatibles con derechas contemporáneas.
En América Latina, esta derecha social se ha vuelto una fábrica de agenda, es decir, de los temas que se visibilizan y de qué forma. No solo reacciona: selecciona problemas, les pone nombre, asigna responsables, propone soluciones y obliga a partidos y gobiernos a responder. Un impuesto deja de ser un instrumento fiscal y pasa a ser “saqueo”. Una regulación se vuelve “asfixia”. Una política con perspectiva de género se vuelve “adoctrinamiento”. El combustible deja de ser una variable económica y condensa la distancia entre Estado y productores, y la crítica a un centralismo que ignora realidades que desconoce. Así opera un encuadre: se diagnostica un problema, se atribuye responsabilidad, se propone una salida y se convoca a la acción.
La derecha social también produce sujetos. No habla solamente de empresarios, padres, transportistas, comerciantes o vecinos. Habla de “los que trabajan”, “los que producen”, “los ciudadanos comunes”. Esa traducción permite soldar actores desiguales bajo una identidad compartida. Un pequeño transportista endeudado, una cámara empresarial y un influencer libertario pueden no tener los mismos intereses materiales, pero pueden reconocerse momentáneamente en una misma escena: todos van contra un Estado ineficiente (e injusto).
Esta derecha social puede ser multiclasista, de base territorial, generacionalmente diversa, popular. Las lecturas lineales sobre su composición pueden obviar las lecturas más complejas sobre los malestares cotidianos que articulan. La pregunta analítica debería abordar qué marcos políticos organizan sus malestares y hacia qué soluciones empujan.
Pensar en términos de izquierda y derecha sigue siendo relevante justamente por eso. Si bien es un atajo heurístico, permite ordenar analíticamente qué desigualdades se consideran tolerables, qué libertades se priorizan, quiénes quedan protegidos y qué autoridad se fortalece. Cuando una movilización exige menos regulación, puede estar expresando un problema real de burocracia; también puede estar debilitando instrumentos de trazabilidad o derechos laborales. La potencia contemporánea de la derecha social está en su capacidad de convertir experiencias dispersas en relato común. Costo de vida, impuestos, inseguridad, combustible, educación, familia, corrupción: cada pieza puede entrar en una misma caja narrativa donde el Estado progresista, la burocracia o las élites culturales aparecen como responsables.
La derecha social no es una anomalía exterior a la democracia. Puede ampliar participación, expresar demandas ignoradas y obligar a gobiernos a escuchar. Pero también puede restringir derechos, construir enemigos internos, moralizar desigualdades y naturalizar jerarquías bajo el idioma seductor de la libertad. Tal vez por eso la categoría sirve: permite mirar el clima antes de que se vuelva elección, la consigna antes de que se vuelva ley.
Derecha social es la derecha antes y después de las urnas, en sus zonas afectivas y organizativas. Es la política cuando sale del Parlamento y entra en la ruta, la feria, la plaza o el grupo de WhatsApp.
Marcela Schenck es politóloga.