Capitalismo, tecnología y movimientos sociales

Hablar de nuevas tecnologías está de moda. La palabra cyber se repite una y otra vez. Todo lo que la contiene se nos presenta como algo interesante, novedoso, atractivo e inentendible. En definitiva, se nos muestra como algo mágico. Ciertamente, el espacio web ofrece una herramienta que es cada vez más técnica y, en algunos casos, incomprensible. Sin embargo, las dificultades en la comprensión no deberían ser la excusa para que los movimientos sociales no formen parte del debate tecnológico y, sobre todo, político respecto de la tecnología.

La tecnología es una herramienta y, como tal, su destino no está escrito de antemano. Es innegable que se ha apoderado de buena parte de nuestras vidas y que ha formateado nuestras relaciones económicas, políticas y sociales. Pero esto no significa que no podamos otorgarle una dirección: definir hacia dónde queremos que se conduzca. La posibilidad de utilizar la tecnología para el bien (y que sus beneficios alcancen a todos) es tan real como la posibilidad de que sea utilizada de mala manera y que sus beneficios sean acaparados por unos pocos. En lo que se refiere a la tecnología, lo central es su diseño y su regulación. Esto puede evitar que sea conducida hacia donde quieren quienes hoy detentan su poder.

Propiedad de los datos

El primer gran tema de debate a escala global es el de la propiedad de los datos. De más está decir que el big data generado a cada momento desde cualquier dispositivo electrónico (principalmente el teléfono móvil, pero también cualquier otro conectado a la red) es hoy el mayor generador de ganancias a escala global. Se dice que los datos son el nuevo oro de Potosí, evocando una materia prima altamente valiosa que el mundo más desarrollado extraía explotando a América Latina, sin dejar absolutamente nada en la región. Sin embargo, en el caso del oro, la propiedad se define de forma clásica: le pertenece a quien la posee. En cambio, en el caso de los datos, las cosas son más complicadas. Además de que pueden ser copiados, el acceso a los datos habilita la generación de ganancias, incluso cuando no se tiene su propiedad. El fuerte lobby existente en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para conseguir la propiedad de los datos y prohibir el acceso por parte de gobiernos, evidencia esta situación. Se necesita una regulación que los transforme en “oro” para eliminar cualquier posibilidad de repartir las ganancias, y esto es lo que las grandes empresas de tecnología están impulsando.

En este contexto, se debate sobre la propiedad de esos datos: ¿son de los usuarios que los generan? ¿Son de la empresa que facilita el software para “producirlos”? Dado que un individuo solo frente a una transnacional como Google tiene un poder nulo de negociación de derechos, ¿son propiedad del Estado o este tendría una nueva función: ser un mediador sobre permisos y controles frente a estas empresas? Se trata de preguntas hoy sin respuestas.

Entre las posturas más radicales se encuentra aquella que asegura que “los datos son de aquel que los produce”. El productor, por tanto, debería ser dueño de la mercancía y el poseedor de los medios de producción. “Si los datos son míos, deben pagarme por tomarlos” es la postura que se deriva de esta afirmación. Si lo que genera ganancias a las empresas es el manejo de datos y el dato existe porque el ciudadano lo genera, este debería tener alguna retribución por su extracción. Como es evidente, los empresarios asegurarán algo bien distinto. Argumentarán que el usuario ya tiene una paga y que esta es la posibilidad de utilizar una aplicación de manera gratuita. Esto, según ellos, es una forma de retribución. Sin embargo, lo cierto es que, al igual que los canales de televisión, también obtienen ganancias por publicidad, por venta de servicios corporativos y por venta de datos. Efectivamente, los niveles de ganancia que perciben no tiene relación alguna con los beneficios sociales que entregan por el uso de aplicaciones.

A este panorama se le debe sumar la pérdida de beneficios sociales en términos de diseño e implementación de políticas públicas por falta de acceso a la información por parte de los estados y el avasallamiento de derechos como la privacidad, la desinformación y la obligatoriedad de aceptar términos y condiciones para poder utilizar una plataforma en la que muchas veces se ceden derechos. Una visión más moderada llevaría a establecer marcos regulatorios reales para que la propiedad quede en manos de las empresas, pero con un Estado que se reserve la potestad de exigir acceso a estos en caso de ser necesario, que gestione permisos mediante mecanismos intermedios de control social (organismos de control autárquicos) y que estipule otros esquemas innovadores de regulación.

El algoritmo

Aunque hasta hace tiempo era desconocida para los ciudadanos de a pie, la palabra “algoritmo” ya está en boca de todos. Los algoritmos pueden ser definidos como un conjunto de instrucciones ordenadas que permiten solucionar un problema concreto. Hoy son claves en el desarrollo de la inteligencia artificial y la industrialización digital.

Numerosos análisis indican que, con la presencia cada vez más marcada de los algoritmos, el capitalismo del conocimiento se encuentra en jaque, dado que una vez que se conoce un código fuente sólo hace falta copiarlo para replicar una tecnología. Por este motivo, los códigos fuente que implementan los algoritmos están protegidos por leyes de propiedad intelectual que preservan su secreto. Este punto es tan sustancial e importante que ya fue incluido en diversos acuerdos de libre comercio y creó una verdadera caja negra donde se tejen las normas que regulan y ordenan a la sociedad. Los algoritmos regulan todo: el orden de resultados en una búsqueda de Google, la cantidad de veces en la que una máquina de un casino declara un ganador y hasta la asignación de beneficios sociales por parte de un Estado. Estos algoritmos son secretos y generan controversias. Resulta cada más evidente que, en algunos casos, se necesita acceder a ese código para auditarlo y saber que no hay discriminación, verificar que no se incumplan derechos, comprobar que el algoritmo esté hecho de una forma contraria a la ley o simplemente que no tenga fallos que repercutan en la vida humana de manera negativa. Por otro lado, el debate en torno a la propiedad intelectual ha arrojado bastante evidencia de que, cuando no existen secretos, la sociedad se beneficia. Esto se ha hecho patente en áreas como la de la medicina, en la que el conocimiento por parte de los usuarios les permite acceder a medicaciones a mejor costo y sabiendo sus componentes. Lo mismo ocurre con los algoritmos. Una postura radical implicaría pedir la apertura de códigos. Es decir, que no estén amparados por las leyes de propiedad intelectual y que todos puedan acceder a mejorarlos y auditarlos. En cambio, una postura más conservadora implicaría pedir que el Estado sólo tenga algoritmos de código abierto, revisables y auditables. En la esfera privada, podría existir mecanismos legales para poder auditar en caso de sospecha de discriminación, y esa auditoría podría ser llevada adelante tanto por auditores públicos como privados. Desde el Estado deberían fomentarse y protegerse licencias creative commons, un sistema por el cual cada ciudadano puede patentar nuevas ideas y determinar que su idea puede ser utilizada por todos.

Seguridad informática

Las filtraciones de noticias, los hackeos de cuentas y sitios web y los robos de información están a la orden del día. Son la demostración palpable de que la seguridad informática es un asunto de primer orden. Aunque los casos conocidos son aquellos que por su magnitud han sido más amplificados por los medios de comunicación, el problema afecta a la ciudadanía en su quehacer cotidiano. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que ni siquiera son conscientes o perciben el problema.

La encriptación de información es de suma importancia para proteger nuestros datos personales, nuestra privacidad y nuestro dinero. Un mal sistema de seguridad equivale a dejar la puerta de nuestra casa abierta y esperar a que los ladrones (que en este caso pueden provenir de cualquier país del mundo) no ingresen a nuestro domicilio. Pero los sistemas seguros son, en su mayoría, caros. Cuanto más seguros, más caros. No es extraño, entonces, que se estén volviendo propiedad de los ricos y poderosos del mundo. De hecho, en la OMC se están impulsando negociaciones para dejar a criterio de cada empresa el nivel de seguridad informático que tendrá, sin que el Estado tenga la potestad de regular estándares mínimos. Esto conduciría a la creación de empresas de alta gama con elevados estándares de seguridad, pero accesibles sólo para los ricos. En contrapartida, habría empresas con estándares más bajos, accesibles para los sectores más vulnerables de la sociedad. Estos estarían más expuestos a robos y hackeos. Lo cierto es que existen soluciones más económicas, pero la falta de conciencia también suma a la irresponsabilidad y al manejo de costos. En el mundo contemporáneo resulta inadmisible que las empresas decidan sobre la seguridad informática de todos los ciudadanos y que manejen los datos de los usuarios con desconocimiento de la población. Es necesario establecer estándares mínimos para todos. En los casos que sea necesario, se puede incluso subvencionar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder a estos niveles de seguridad y no se vean obligadas a cerrar sus negocios por no poder competir. La seguridad informática no debería ser un lujo para pocos.

Empresas y censura

Otra cuestión importante es la cantidad de contenido que se publica en la web, sobre todo en las redes sociales. Existe una corriente de pensamiento que está haciendo lobby para que las empresas tomen la función de policía y eliminen los discursos de odio de las redes. Esto suena suena bien en un principio. Censurar los contenidos machistas y de odio en la web para que no esparzan su odio a través de internet y poder controlar la formación de opinión pública hacia discursos más constructivos. Pero lo cierto es que estos discursos no dejarán de existir por censurarlos y siempre encontrarán cómo filtrarse. Por otro lado, es cuestionable otorgarles semejante poder a grandes empresas transnacionales que podrán decidir, bajo sus criterios y estándares, qué censurar y qué no. Muchas personas dirán que hoy ya ejercen ese poder de censura (y es cierto) pero no están avaladas por la ley y, cuando lo hacen, se forman importantes campañas en su contra. En muchos casos, de hecho, se ven obligadas a restablecer las cuentas censuradas y a cambiar sus políticas debido a la mala imagen que les depara la censura. Si se asumiera la decisión de otorgarles a las empresas el poder de policía en las redes sociales, ¿qué garantiza que no bloqueen comentarios políticos por considerarlos de odio, aun cuando no haya insultos expresos? ¿Y si bloquearan videos de manifestaciones? La amplificación de las manifestaciones en Chile, por poner sólo un caso, se produjo en las redes sociales. Lo que se veía allí era sustancialmente distinto de lo que relataba el discurso de los grandes medios. Si las empresas hubiesen tenido el monopolio de la censura en redes, los ciudadanos no podrían haber accedido a la información real de lo que allí sucedía. Darles a las empresas la capacidad de intervenir pondría en jaque la libre circulación de información en las redes y fomentaría la información sesgada. No debe haber habilitación para censurar contenido de ningún tipo, incluso incitaciones al odio. Distinto es el caso de actividades ilegales como la pedofilia o el tráfico de fauna silvestre, que sí debe ser perseguido por su carácter ilegal.

Cámaras, vigilancia

Buena parte de las ciudades más importantes del mundo se llenaron de cámaras de reconocimiento facial. Están por todos lados, reconocen a la población y, según dicen las autoridades, cooperan con la eliminación del delito. Lo cierto es que ya son evidentes las fallas del sistema. De hecho, ha habido serios inconvenientes con sistemas que reconocen como sospechosa a gente que no está siendo buscada. Ciudadanos y ciudadanas inocentes de delitos se han visto privados de su libertad durante largas horas. El daño causado en términos de humillación y tiempo perdido es irreparable. Pero este no es el único problema. Un Estado que tiene esa capacidad de control sobre su población puede usarlo para mal. Las manifestaciones en contra del gobierno podrían ser controladas simplemente reconociendo a los participantes y tratando de amedrentarlos a posteriori. Una dictadura con estos sistemas podría producir verdaderas masacres. Es por ello que los sectores más radicales consideran que se debe reclamar la eliminación de los sistemas de reconocimiento facial de todo espacio público. De hecho, ya existe una declaración mundial de especialistas sobre el tema. Una postura más moderada sostendría la necesidad de reclamar por una moratoria, pidiendo que no se siga avanzando en esta dirección y que la capacidad ya instalada vaya eliminándose progresivamente.

Huelgas y desconexión laboral

Las nuevas tecnologías impactan en el mercado de trabajo. En este sentido, es necesario comenzar a pedir por nuevos derechos laborales a ser conquistados. Los trabajadores estamos conectados 24 horas al día. Aun cuando no respondamos un mensaje de trabajo, seguimos teniendo nuestros teléfonos celulares y recibiendo mensajes laborales que se acumulan en la bandeja de entrada. El derecho a desconexión laboral es necesario hoy, más que nunca. Pero no es el único derecho a conquistar. También los empleadores manejan enormes cantidades de información laboral y privada de los trabajadores. Se vuelve fundamental la protección de los datos de los trabajadores a fin de que esos datos no sean utilizados en contra del mismo trabajador ni puedan alimentar sistemas algorítmicos de gestión laboral. Por otro lado, los sistemas automáticos están logrando autonomía al punto de que los trabajadores pueden estar de paro, pero el sistema sigue funcionando (como el Home Banking), quitándole visibilidad al reclamo de las y los trabajadores. Así como no se pueden contratar trabajadores para reemplazar a los que están en huelga, no debería poder activarse los sistemas automáticos que reemplazan a los trabajadores. Necesitamos resignificar el derecho a huelga a fin de que no se pierda este importante instrumento de visibilización cuando la negociación falla.

Estos son sólo algunos de los nuevos problemas que enfrentan nuestras sociedades en la actualidad. Las organizaciones sociales, en articulación con especialistas, pueden y deben dar estos debates. Ante los cambios que se están produciendo, esa reflexión –con perspectiva humana, solidaria y latinoamericana– resulta cada vez más imprescindible.

Sofía Scasserra es economista, investigadora y docente en el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad Nacional Tres de Febrero de Argentina. Esta columna fue publicada originalmente en Nueva Sociedad.