Desde el día que el Poder Ejecutivo anunció el estado de emergencia sanitaria, las personas que trabajamos en el entrecruce de lo que denominamos locura y pobreza estamos preocupadas por las personas que siguen invisibilizadas por un sistema que llama a quedarse en casa cuando “la casa” muchas veces no existe, y otras veces, no es un lugar de protección sino todo lo contrario.

Tanto en el Vilardebó como en Ceremos (ex colonias) rápidamente se tomó la medida de suspender las visitas y aquellas actividades que implican circulación de personas. Si bien sabemos que lo más importante en este momento es proteger a personas que ya están pasando por una situación de vulnerabilidad y reforzar las medidas de higiene en pro de que no colapse el sistema sanitario, queremos poner sobre la mesa que una vez más los abordajes integrales en salud mental y derechos humanos parecen quedar de lado frente al miedo al contagio y a lo que implica enfrentar una pandemia.

Un ejemplo de ello es que este tipo de instituciones, donde se ha tenido que reducir personal (por cuidado de aquellos funcionarios de mayor edad o que tienen alguna enfermedad crónica de tipo respiratorio, etcétera), toma como medida no salir a los patios o suspender actividades que, entre otras cosas, aportan a llenar el tiempo vacío y quieto. En ese marco, nos preocupa lo que sucede con las personas que se encuentran internadas en establecimientos psiquiátricos públicos y privados, así como las personas que se encuentran en situación de calle, porque sin coronavirus, tanto los lugares de internación prolongada como los refugios y la calle son lugares donde generalmente se vulneran derechos, y ante esta situación puede haber un recrudecimiento de prácticas que, basadas en el miedo, generan más aislamiento, persecuciones, amenazas y más miedo.

Por otra parte, para las personas en la calle encontrarse con los espacios de referencia (museos, facultades, organizaciones, espacios de participación, etcétera) cerrados colabora a generar mayor incertidumbre, cortándose redes sociales y afectivas muy importantes para sobrellevar el día a día.

Queremos resaltar que es notoria la ausencia de protocolos y recomendaciones específicas para abordar la dimensión de la salud mental tanto a nivel de prevención como de atención. Consideramos que esto es de extrema urgencia, dado que muchas veces el personal de salud se limita a las actividades sanitarias, pudiendo realizar otro tipo de actividades que redunden positivamente tanto en las personas internadas, o que viven en refugios, como en sus trabajadores/as.

A su vez, desconocemos el abordaje específico y estrategias que se llevan adelante con las personas internadas en instituciones psiquiátricas públicas y privadas para sobrellevar la internación y el encierro en medio de la emergencia sanitaria. Nos parece necesario que se realice una campaña sobre salud mental, alertando sobre los impactos del encierro en nuestras vidas cotidianas, visibilizando situaciones extremas como son las internaciones por padecimientos psíquicos o las reclusiones por conflictos con la ley, tanto en adolescentes como en adultos. A su vez, poder cuidar la salud mental colectiva, así como saber qué sucede en establecimientos y clínicas privadas, es un asunto de todos los y las ciudadanos/as.

Estamos preocupadas por las personas que siguen invisibilizadas por un sistema que llama a quedarse en casa cuando “la casa” muchas veces no existe, y otras veces, no es un lugar de protección, sino todo lo contrario.

Sabemos que muchos de los/las trabajadores/as que están poniendo el cuerpo están sobrecargados/as y cansados/as, y que dicha situación puede llevar a adoptar medidas represivas y abusivas. Entendemos que algunas formas de la violencia institucional que se suscitan en estas instituciones pueden reforzarse si no hay una especial reflexión sobre las prácticas y disposiciones institucionales que contemplen y respeten los derechos humanos de las personas. La Ley de Salud Mental establece mecanismos de contralor, por ejemplo los que se le otorgan a la Comisión Nacional de Contralor en Salud Mental y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), por lo que apelamos a que estos se encuentren velando por los derechos de las personas institucionalizadas e internadas.

La situación de encierro y lo que ello conlleva –angustia, incertidumbre, aburrimiento, ira, etcétera– es también una oportunidad para generar procesos creativos y de trabajo colectivo, algo que es muy difícil si se reducen los espacios de referencia y muchas veces de pertenencia, así como los encuentros presenciales. Recordemos que a uno o dos metros de distancia, y con las medidas de higiene previstas, se deberían poder realizar actividades de esparcimiento, como pueden ser rondas de conversación o de lectura, juegos, realización de cineforos, entre otras. Entendemos que no deberían dejar de hacerse y mucho menos en estas circunstancias. Otro aspecto importante es el contacto de las personas internadas con el “afuera” y con sus redes (cuando hay) y el acceso a poder comunicarse, tener noticias y acceder a la información pública, por lo que es importante que las personas, así como sus familiares y/o allegados/as, tengan las garantías de poder hacerlo.

En estos días, solidariamente, se está tejiendo una red de organizaciones que están brindando espacios para estar durante el día, pero creemos firmemente que las autoridades, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social y las intendencias de los diferentes departamentos, deben tomar medidas urgentes de alojamiento las 24 horas, que incluya vivienda, alimentación y cuidado. Recientemente se anunció que sí se estará contemplando especialmente a las personas con problemáticas de salud y mayores de 65 años, lo cual entendemos pertinente; sin embargo, nos preguntamos qué sucede con el resto de la población que habita en la calle y en refugios. Si estos refugios o centros pasan a tener cobertura las 24 horas y se abren nuevos centros, se puede reducir significativamente la cantidad de personas por centro para lograr el cumplimiento de las medidas sanitarias y, de paso, solucionar un tema pendiente. Por otro lado, la apertura de centros de día reduce el tiempo en la calle, y brinda posibilidades de generar espacios de contención a la población, así como de trabajar en prácticas de cuidado y autocuidado.

Por último, y visto que algunos sectores están impulsando que se decrete el estado de cuarentena, preocupa que pueda haber aumento de abusos policiales a los que se encuentran en primer lugar expuestas las personas que duermen y/o circulan en la calle. Por ello nos parece importante, como recomendó la INDDHH, que la aplicación de la Ley de Faltas (utilización de espacios públicos) se adecue a la realidad de las personas en la calle, sobre todo en el entendido de que el Estado no está disponiendo soluciones para la totalidad de esa población.

Cabe recordar que el 13 de febrero de este año comenzó a funcionar la Comisión Asesora en Salud Mental, encargada de asesorar al Consejo Nacional de Políticas Sociales sobre la interinstitucionalidad e integralidad en salud mental, por lo que podría colaborar al realizar recomendaciones a dicho consejo para que se puedan articular respuestas desde los distintos ministerios, así como definir lineamentos claros para sobrellevar la pandemia. 

Mientras tanto, y como dice Marcelo Percia: las distancias que cuidan suspenden contactos y no cercanías.

Alison Rodríguez y Cecilia Baroni son psicólogas, integrantes del colectivo Vilardevoz.