Demagogia o convicción: el no recorte al Pedeciba

El 11 de marzo, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 90/2020, estableció un recorte de 15% en todos los gastos e inversiones previstos en el Presupuesto Nacional. La medida, criticada por la oposición, no alcanzó centralidad política dada la emergencia sanitaria decretada poco después al conocerse los primeros casos de coronavirus. De todas formas, uno de los múltiples sectores afectados, los estudiantes del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), se movilizaron, pues la resolución afectaba los ya escasos apoyos económicos que tienen para sus tesis de posgrado. Escribieron una nota respaldada por centenares de firmas que tuvo amplia difusión. El presidente Luis Lacalle intercedió rápidamente en el tema y dos días más tarde tuiteó que “el Pedeciba es una herramienta clave para el desarrollo de capacidades científicas nacionales” y anunció por tanto que, “en acuerdo con los ministros de Economía y de Educación y Cultura”, decidieron no aplicar al programa la limitación presupuestal. El anuncio sorprendió, tanto por la vía de comunicación utilizada como por su contenido, y generó respuestas diversas. Estas fueron mayoritariamente de apoyo tanto de seguidores como de opositores, por entenderse que se estaba reconociendo la importancia de las actividades de ciencia y tecnología (C+T).

Inversión en C+T y capacidades del “núcleo científico-tecnológico”

En 2004, previo al primer gobierno frenteamplista, la inversión pública en C+T era bastante magra, y el relevamiento de las instituciones implicadas, no muy sistematizado. Los datos disponibles la estiman en poco más de 40 millones de dólares al año, es decir, 0,20-0,25% del producto interno bruto (PIB). La inversión creció constantemente en los años siguientes, a un ritmo incluso mayor que el del propio PIB, de modo que en 2011 superaba los 200 millones de dólares, algo así como 0,45% del producto. Posteriormente, la inversión en términos brutos se mantuvo constante ‒o incrementó muy moderadamente‒, pero se redujo en términos relativos (0,42%), dado el aumento que siguió teniendo el PIB.

Los últimos datos disponibles en la página web de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) son de 2017. La inversión habría alcanzado ese año los 315 millones de dólares, pero el relevamiento incluye nuevas instituciones públicas, algunas con inversiones relevantes, que de alguna manera distorsionan el seguimiento histórico del indicador. Por tanto, en esta nota ponemos foco en las instituciones que tienen como misión central única, o compartida con otra, el desarrollo de actividades específicas de C+T o su financiación. En orden de importancia, es el caso de la Universidad de la República (Udelar), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la citada ANII, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), el Institut Pasteur de Montevideo (IP), el Pedeciba, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM). Estas ocho instituciones conforman el núcleo “duro” que produce o financia gran parte de la C+T pública y constituyen una potente plataforma científico-tecnológica nacional construida con esfuerzos múltiples en estos años. Más de 95% de los investigadores nacionales trabajan en dichas entidades, y en conjunto han ejecutado promedialmente 71% de toda la inversión pública, que creció de 52 millones de dólares en 2007 a 210 millones de dólares diez años después.

En estas semanas ha quedado claro, por si hacía falta, las capacidades instaladas que tienen tanto en términos de recursos humanos altamente calificados como de equipamiento de base para dar respuesta a diversos requerimientos, en particular, en la hora, a los sanitarios emergentes de la pandemia. Prácticamente todas ellas han participado aportando soluciones exitosas y rápidas a demandas imperiosas. La puesta a punto de test de diagnóstico de coronavirus por PCR en distintos sitios del país, la fabricación de hisopos apropiados para obtener muestras, la secuenciación genética de la covid-19, la construcción de prototipos de respiradores, entre otros, son ejemplos conocidos de logros obtenidos en asociación entre sí o con innovadores privados. Esta experiencia ha mostrado, también, que tener capacidades científico-tecnológicas instaladas propias es una cuestión de soberanía nacional. Esperemos que quienes desde el sistema político han puesto en duda a veces ese concepto hayan tomado nota.

Recortar gastos e inversiones a la plataforma científico-tecnológica es maniatarla

¿Cuánto pesa la decisión del presidente Lacalle, que en lo personal considero bienvenida, de no recortarle el presupuesto al Pedeciba? De acuerdo a lo informado por sus autoridades, el monto previsto a ejecutar este año rondaba el millón y medio de dólares. En el caso de este programa, prácticamente todo el dinero se destina a gastos e inversiones, pues los investigadores acreditados en él no perciben honorarios extras. Las pequeñas alícuotas que reciben se utilizan en gastos de laboratorio, soporte de cursos y actividades académicas, y apoyo a las tesis de posgraduandos. La aplicación del decreto 90/2020 al Pedeciba hubiese significado recortarle unos 230.000 dólares.

Es una cifra importante para el Pedeciba, pero nimia si la comparamos con el gasto anual en C+T del “núcleo duro” que describimos anteriormente. Por eso, además de aplaudir la decisión particular adoptada, corresponde preguntarse cuánto de los más de 210 millones de dólares que se han destinado anualmente a ese núcleo de instituciones quedará afectado por el decreto. Ponderarlo con exactitud resulta difícil, pues el recorte, en principio, no afectaría directamente a los recursos humanos, al menos a los presupuestados (sueldos de investigadores de la Udelar, del INIA, del IP, etcétera), aunque sí a los contratados por proyectos. Seguramente la ANII podría determinarlo con bastante precisión pues dispone del relevamiento anual discriminado del indicador de gasto. Pero, sin duda, lo recortado constituye un porcentaje relevante del monto total, y puede significar varias decenas de veces la suma finalmente no recortada al Pedeciba. Es conocido que los proyectos de investigación en áreas básicas, agropecuarias, médicas y tecnológicas implican gastos e inversiones importantes. Por otra parte, no tiene sentido contar con recursos humanos financiados sin los insumos necesarios para su labor. En suma, recortar los gastos e inversiones a la plataforma científico-tecnológica es maniatar esas capacidades humanas que tanto ha costado construir.

Cuando se conoció la resolución presidencial, algunas voces la caracterizaron como una medida para la tribuna, pues recogería muchos apoyos y tendría bajo costo financiero. Si esa desconfianza planteada era acertada o si la marcha atrás en el recorte presupuestal al Pedeciba forma parte de un compromiso político auténtico sobre la importancia de la C+T para el presente y el futuro del país lo sabremos dentro de pocas semanas. Esperamos no sentirnos defraudados.

Edgardo Rubianes fue presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.