A 105 días de haber asumido, el actual gobierno resolvió reabrir las puertas del centro de rehabilitación para personas ciegas y con baja visión Tiburcio Cachón, que fuera desalojado y cerrado en 2016 por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que no escucharon los reclamos de los usuarios que decidieron ocupar el centro durante 71 días. Fueron dos meses y medio de incertidumbre y resistencia. Ante la actitud intransigente de la entonces ministra Marina Arismendi y de Begoña Grau (directora del Programa Nacional de Discapacidad, Pronadis), un usuario decidió empezar una huelga de hambre. Estuvo dos días y no continuó. Los ocupantes se coordinaban para hacer guardias, reunidos en la cocina tomaban mate y escuchaban la radio en el amplio patio central del Cachón, siempre atentos a las noticias. A medida que pasaban los días, se fueron organizando con el apoyo de algunos vecinos, organizaciones sociales y políticos que se acercaban a brindarles su atención, productos de limpieza y comestibles.

Cuando la situación tomó notoriedad resolvieron marchar cortando la avenida 18 de Julio frente al ministerio, en un hecho inédito en el país. Días después les cortaron la luz y el agua, y aun así no bajaron la guardia. Continuaron la lucha: se reunieron con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Le llevaron una carta al presidente Tabaré Vázquez a la Torre Ejecutiva, en la que solicitaban que no se trasladaran los servicios del Cachón al viejo instituto de rehabilitación General Artigas, que durante muchos años fue asilo para personas ciegas del interior que venían a rehabilitarse a Montevideo. Señalaban que “el Artigas”, ubicado en Camino Maldonado y Libia, no cumplía con las condiciones básicas para una buena rehabilitación. Se trata de un edificio que es patrimonio histórico, por lo que no se puede modificar su estructura, y está ubicado en una zona insegura por el intenso tránsito vehicular y la escasa accesibilidad al sistema de transporte metropolitano. Para llegar al edificio principal debían caminar una cuadra por un terreno desparejo y para ingresar debían sortear una enorme escalera. Lo mismo para llegar al segundo piso. Para trasladarse de una actividad a otra debían caminar a la intemperie y con referencias nulas. Todas esas condiciones fueron presentadas en la carta que el entonces presidente nunca respondió.

Lograron poner el tema en la agenda del Parlamento y que la diputada Gloria Rodríguez interpelara a Arismendi, pero, aunque tuvo el espacio para plantear argumentos contundentes sobre la falta de recursos para la rehabilitación de personas ciegas en todo el país, Rodríguez se dedicó a criticar la gestión del gobierno y el accionar del Mides, y concluyó su oratoria colocándose una venda negra en los ojos. Más allá de tener un fin claramente mediático, Rodríguez fue una de las figuras políticas que acompañó el proceso de cerca y es una de las impulsoras de la reapertura del centro.

Cuando transcurrían 71 días, los usuarios decidieron levantar la ocupación. Funcionarios del ministerio llegaron al centro para lacrar las puertas de todas las oficinas y desalojar a los ocupantes. Ese día los canales de televisión, las radios y los medios gráficos se concentraron en la puerta. Allí estaba, entre otros, Ernesto Talvi (que aún no estaba en la política), que cayó como en paracaídas. Días antes, Gregorio Fernández, el usuario que estuvo en huelga de hambre, había recibido por parte de un asesor la tarjeta personal del entonces senador Luis Lacalle Pou, impresa en Braille. Pero él personalmente nunca estuvo. Usuarios, familiares, funcionarios y vecinos del centro se vieron obligados a dejar “su casa” entre bronca y lágrimas. Para muchas personas ciegas el centro era el único espacio de socialización que tenían, y esa resistencia les dejaba una última lección del Cachón acerca de las cosas que podían hacer de forma autónoma.

Tras el desalojo, al tiempo el Cachón volvió a funcionar con los servicios mínimos y rehabilitando a unas pocas personas. El Mides pretendía reformar el Artigas y crear un “gran” centro de rehabilitación para ciegos de todo el país. Para eso se empezó a construir un nuevo pabellón. Con la obra inconclusa, en enero del año pasado se inició la rehabilitación en el lugar, mientras el deterioro de las instalaciones del Cachón se agudizaba. Luego de un tiempo, en el centro de la calle Quesada empezaron a trabajar con la rehabilitación de adolescentes con multidiscapacidades pertenecientes a un plan de educación especial de la Administración Nacional de Educación Pública. Esta nueva administración del Mides resolvió volver a abrir las puertas para la rehabilitación de personas ciegas, y la idea es que convivan allí con jóvenes en situación de discapacidad visual, auditiva e intelectual. Tras una serie de reuniones con distintas organizaciones, la nueva directora de Pronadis tomó la iniciativa y se lo comunicó al ministro Pablo Bartol. El lunes 22 convocaron a una conferencia de prensa en el lugar para hacer público el anuncio.

Parece una decisión apresurada e imprudente, porque para que vuelva a funcionar allí la rehabilitación es necesario poner a punto el lugar. Independientemente de las intenciones de politizar el tema, de todos modos, esta reapertura es una buena señal. La designación de Gabriela Bazzano parece haber sido un acierto: una mujer que conoce la discapacidad, atenta, sensible y dispuesta a escuchar. Al menos en su discurso lo dejó bien claro. En contraposición, Bartol parece conocer poco sobre el tema y cae en el discurso de victimización de la discapacidad, poniendo a las personas en situación de discapacidad como sujetos de caridad. ¿Cómo puede una persona expresar que las personas ciegas viven hundidas en la tristeza?

Es necesario pensar en un centro nacional de rehabilitación integral que les permita a las personas en situación de discapacidad alcanzar la autonomía de su propio cuerpo e intelecto.

La decisión de reabrir el Cachón es coherente y sensata porque se trata de un centro que fue construido hace 58 años especialmente para la rehabilitación, y en su momento fue un ejemplo en América Latina. Si lo recorren, pueden percibir que no hay un solo escalón o desnivel que signifique una barrera en el tránsito habitual, por ejemplo. Sin embargo, hoy el centro apenas mantiene su estructura central. Todo el equipamiento fue quitado de allí. Para que el Cachón vuelva a ser el centro de referencia que fue, es menester invertir en recursos humanos y materiales, y mejorar la infraestructura que hoy está bastante deteriorada.

Si se pretende atender la rehabilitación de forma integral, se debe poner el foco en el interior del país, dándoles continuidad a los programas que desde hace unos años tienen resultados satisfactorios. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) significó un avance importantísimo al respecto. Antes de asumir, Bartol manifestó al portal 180 que “el SNIC estará a la par de los programas que funcionan bien”, y aclaró que no tenía claro “cuántos recursos se le asignarán en términos presupuestales”. Desde su puesta en funcionamiento, hace 11 años, en el Hospital de Ojos José Martí, la Operación Milagro ha atendido a más de 700.000 personas y realizado unas 81.000 cirugías, 50.000 de ellas de cataratas. Además de continuar innovando en procedimientos, los equipos itinerantes del centro ubicado en Montevideo recorren el interior del país en procura de diagnósticos precoces. Durante la interpelación en junio de 2017, Arismendi expresó: “Estamos diciendo que al día de hoy, sin Hospital de Ojos, habría 64.000 ciegos más en Uruguay”.

Por otro lado, la Ley de Empleo para la Discapacidad, aprobada en octubre de 2018, luego de una larga discusión, aún no ha sido acatada por muchas empresas privadas. La norma preveía que a los cuatro años de vigencia el porcentaje de empleados con alguna discapacidad sería de 4%, un número que aún estamos lejos de alcanzar. Al respecto, Federico Lezama, integrante del Comité Funcional de la Discapacidad del Frente Amplio, manifestó a la diaria en diciembre de 2018 que “uno de los principales aprendizajes que tendríamos que tener de esta discusión es la necesidad de reconocer que el problema no está en el reconocimiento de los derechos solamente y de generar instrumentos que permitan equiparar oportunidades y reconocer las desventajas de las personas con discapacidad para ingresar al ámbito laboral, sino de las desventajas estructurales del reconocimiento por parte del Estado y de planificación de políticas que no midan un aspecto de la vida, sino que la miren desde un aspecto integral como es el transporte, la vivienda, la salud, la educación. Sin esa mirada, cualquier instrumento de protección y de políticas públicas va a fracasar”.

El acceso al empleo está lleno de obstáculos. Al momento de aprobación de la ley, en Uruguay casi 80% de las personas en situación de discapacidad estaban desocupadas. Uno de los factores por los que las leyes existen y se tienen que cumplir es porque al no haber una rehabilitación de calidad ni posteriores capacitaciones sólidas no hay tantas personas en situación de discapacidad con fortalezas reales para acceder al ámbito laboral, lo que muchas veces termina segregando.

Queda claro que pese a los esfuerzos de muchos, la discapacidad sigue siendo un tema secundario, aun habiendo más de 200.000 personas en Uruguay con al menos una discapacidad. La reapertura del centro de rehabilitación para personas ciegas y con baja visión Tiburcio Cachón puede significar un paso importante, pero atiende sólo una parte. Es necesario pensar en un centro nacional de rehabilitación integral que les permita a las personas en situación de discapacidad alcanzar la autonomía de su propio cuerpo e intelecto, y hacerse de sus primeras armas para enfrentar el mundo con la fortaleza necesaria para desempeñarse en todos los ámbitos de la vida. Resulta urgente pensar en políticas para la inclusión a nivel nacional, con un Estado presente y acciones que vayan en esa dirección pero que no queden en discursos políticos para la tribuna.

Motivado por la ceguera de su hermano, que se rehabilitó en el Tiburcio Cachón, Juan Manuel Ramos acompañó como fotoperiodista el proceso de ocupación del centro y llevó adelante el proyecto documental “Cerrar los ojos, pedir un deseo”. Hoy impulsa un proyecto colectivo que aborda la práctica artística en la ceguera.