Se busca proyecto de uso público para los predios contiguos al Dique Mauá

A dos años de salvar los predios vecinos al Dique Mauá, el colectivo Por la Rambla Sur pide al gobierno nacional y al próximo gobierno departamental de Montevideo concretar un proyecto de uso público de estos espacios privilegiados.

En 2018, cuando organizamos el Curso Planificación Colaborativa en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República (FADU), junto a colegas de la City University of New York y el Politécnico de Milán, revisamos el Plan especial de Barrio Sur y notamos que una de sus áreas privilegiadas estaba en riesgo de privatización. El 3 de agosto de ese año organizamos una presentación pública de los resultados del curso en las nuevas cooperativas detrás del Cementerio Central. Ese día la nutrida platea convocada comenzó a conocerse y a debatir sobre las posiciones a tomar en torno a la inminente enajenación de los predios contiguos al Dique Maúa para un proyecto de especulación urbana de grandes dimensiones. Los medios de prensa no tardaron en llegar, y al día siguiente, con la manifestación pública organizada por las integrantes del programa radial Revolviendo la polenta, frente al predio, la discusión se hizo pública, y el debate se convirtió en un catalizador de activistas y vecinos que conformaron el 4 de agosto un movimiento que luego se autodenominaría Asamblea permanente Por la Rambla Sur (PRS).

La movilización espontánea se organizó rápidamente, se creó un grupo de negociación con los políticos, uno de comunicación y uno encargado de organizar las manifestaciones artísticas, de información y de reivindicación en el espacio público sobre la rambla, delante del dique. Desde agosto a diciembre se presentaron argumentos contra el proyecto de Juan Carlos López Mena, se generó debate público por medio de la voz de expertos y ciudadanos involucrados. Se llevó el tema a los partidos políticos y a las cámaras de Senadores y Diputados, y finalmente se obtuvo una primera victoria, una alegría para el colectivo, con la negativa a la enajenación y la retirada del megaproyecto de terminal, shopping, hotel cinco estrellas y parking sobre la rambla.

Es importante reconocer aquí que el proyecto fue suspendido gracias a las estrategias de esta inteligencia colectiva, a un amplio apoyo de la ciudadanía y a una izquierda que se dividió en su interna y debió reconocer que el modelo de desarrollo con base en el extractivismo urbano no coincide con la opinión de su base social y con los anuncios de los últimos tiempos de la Intendencia de Montevideo (IM) de que detendrá el aumento de las grandes superficies comerciales que dañan al pequeño comercio y afectan las prácticas culturales urbanas, reduciéndolas a mero consumo.

Desde enero a agosto de 2019, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) hizo irrupción en la escena. La entonces ministra Carolina Cosse propuso realizar un concurso de ideas, para lo cual pidió a la FADU que redactara las bases. Estas aportaron mayores informaciones y estudios, tanto de la historia y de la vocación urbano-arquitectónica del lugar, que incluye su valor patrimonial, como de los impactos ambientales a considerar según la instalación de una actividad u otra en esa posición. El estudio incluyó un sondeo elaborado con base en encuestas online de las preferencias de la población, que subrayan la necesidad de actividades culturales y recreativas de carácter público y gratuito, así como el rechazo a la realización de centros comerciales o terminales portuarias.

En la presentación y apertura del concurso, el entonces ministro de Industria Guillermo Moncecchi dijo que no estaban cerrados a usos posibles para el lugar, aunque resaltó que les interesaban espacios de convivencia abiertos, y en las bases se lee que “serán excluidos todos aquellos programas que incluyan locales comerciales de gran superficie”.

La reapertura del predio gracias al evento Abre Mauá, en febrero de 2020, volvió realidad, al menos por un instante, la convicción de cientos de personas de que se trata de un área de alto valor patrimonial y paisajístico de Montevideo y que merece una reapertura que la haga viable en breve.

A dos años del inicio de esta batalla colectiva, continúa siendo necesaria la actividad permanente de PRS, vistas las declaraciones del nuevo gobierno que no descartan la tradicional fórmula de grandes inversores que nos “ayuden” a regenerar un espacio “en ruinas”. A cambio de esto, claramente, todas las concesiones del caso.

Patrice Melé, profesor de Psicogeografía, nos señala cómo en el mundo crecen los movimientos de defensa del propio territorio, que nacen de la resistencia a una opresión profunda al verse completamente ignorados cuando se deciden proyectos urbanos de alto impacto. La proximidad liberatoria con otros, la acción colectiva, la conexión en los procesos de construcción y gestión colectiva de las transformaciones de la ciudad, refuerzan la construcción de comunidad y ayudan a una mejor convivencia, en especial en los centros mayormente poblados. Esto lleva a una redefinición de la propia inscripción y pertenencia a ese lugar, espacio público, barrio o ciudad.

Es bueno recordar al gobierno nacional todo el proceso recorrido, los dineros públicos invertidos en el concurso de ideas y los técnicos del MIEM que dedicaron horas a avanzar en la hipótesis de un proyecto de uso público de este espacio. En estos momentos se cuenta con una serie de propuestas urbano-arquitectónicas avaladas por la Universidad de la República que podrían incluso crear fuentes de trabajo, en un momento en que hay que utilizar cada milímetro del suelo urbano para crear oportunidades laborales justas.

Es bueno recordar también al gobierno capitalino, presente y futuro, que esta partida está en su territorio, por lo tanto no es mero observador, sino que debe ser activo promotor de estos proyectos en los que hay que trabajar más; ya no es que venga un único inversor, o un conjunto de inversores, con la propuesta y los fondos debajo del brazo y el Estado se ponga a dar concesiones a cualquier costo. Es la construcción de un proyecto de escala urbana real, una visión estratégica para el uso y disfrute de esa área, en sintonía con la ciudad, la búsqueda de un grupo de actores que realicen propuestas en concordancia con lo solicitado por la ciudadanía, y si es con la ciudadanía, mejor. Las economías que deben circular allí, si las debe haber, pueden ser diversas, justas y transformadoras: consorcios de cooperativas, pequeños emprendedores, entre otros, que tengan por objetivo colaborar en mantener la vocación de accesibilidad pública y su mantenimiento como pieza patrimonial clave de ese tramo de costa.

El colectivo PRS sigue tan activo como el primer día. La del Dique no es una batalla aislada por defender esa calma y contemplativa forma de habitar el río que tienen los montevideanos, sino que toda la rambla, de no considerarse algunos aprendizajes cívicos de este proyecto, puede estar en juego, visto que aún tiene varios espacios para “recalificar”.

Esto no significa resignarse a que los espacios estén abandonados, descuidados, en un estado que nos daña y a la biodiversidad que los habita. Significa que necesitamos con urgencia otras formas de “regeneración urbana” no basadas en el lucro del capital.

El colectivo sabe que la cosa llevará un tiempo, y también que no puede bajar la guardia, porque el interés demostrado por López Mena y su propuesta indicaron el alto interés del mercado. Sólo la realización de un nuevo proyecto con la fuerza de tutelar el patrimonio allí presente, con la belleza de renovar la relación del Maúa con su mar y con los habitantes de Montevideo, será lo que dará definitivamente la tranquilidad de haber completado esta tarea.

Feliz aniversario, colectivo Por la Rambla Sur. Y que sirva de inspiración a todos los montevideanos, para iniciar cada día colectivos de este tipo para mejorar la ciudad.

Adriana Goñi es doctora en Urbanismo, profesora adjunta del Instituto de Teoría y Urbanismo de FADU, Udelar.