A partir de la asunción del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional de Drogas (SND) no fueron una excepción en el vaciamiento de los marcos conceptuales y metodológicos que sostenían una política de cercanía con la gente.
Concretamente, en la SND se generó una reestructura de sus áreas de competencia: pasó de tener tres áreas con competencias concretas –prevención, atención y tratamiento, y equidad social– a configurarse un área única llamada “salud integral”, que tiene sentido enunciativamente, pero sólo en un contexto en el que tenga sentido político, contenido y forma.
A un año de esa reestructura interna, no se visualiza un plan de trabajo que se desprenda de la idea de salud integral. Hoy no hay acciones concretas de prevención y gestión de riesgos y daños.
Es posible visualizar al menos tres procesos de vaciamiento en la gestión de la SND: vaciamiento de los equipos que llevaban adelante las áreas de trabajo de prevención, atención y tratamiento, y equidad social; vaciamiento de contenido y metodología; y vaciamiento de presupuesto. Cuestión que preocupa sustancialmente y deja al gobierno en una gran incoherencia con respecto a lo que se propone en la estrategia nacional de drogas para el período 2021-2025, en la que se explicita nuevamente que el centro de la política está en las personas y el marco conceptual es el de la salud integral.
A casi dos años de este gobierno, las acciones en materia de prevención y gestión de riesgos y daños son absolutamente insuficientes, mejor dicho, nulas.
El primer programa que desaparecieron fue el referido a la población afrodescendiente, sin ningún tipo de argumento. Durante cinco años tuvimos dentro de la SND a técnicos y técnicas que pensaban y aportaban en relación a cómo transversalizar la dimensión étnico-racial en el marco de las políticas de drogas en general y en las acciones de gestión de riesgos y daños en particular. El programa llamado Bantu desapareció y nadie explicó el motivo. Este programa tenía un componente metodológico que buscaba transversalizar la temática a la interna de todas las áreas de la secretaría y un componente de territorio, trabajando con los usuarios y usuarias de drogas en las comunidades.
El segundo programa que se discontinuó estaba relacionado con los procesos de prevención en el ámbito comunitario y se llamaba Entramando, con informes cualitativos de antropólogos que lo evaluaron como un proceso necesario para pensar en la trama social las políticas de cuidado y de redes de las personas y los colectivos cuando nos referimos a los usos de drogas.
El tercer programa que desapareció fue “Prevención en el ámbito familiar: a cuidar también se aprende”, llevado a cabo por varias organizaciones de la sociedad civil con gran experiencia en el ámbito de la prevención familiar y cuidados. Este programa se trabajaba junto con los organismos dentro del Estado que tuvieran competencia en el ámbito familiar y comunitario.
A casi dos años de este gobierno, las acciones en materia de prevención y gestión de riesgos y daños son absolutamente insuficientes, mejor dicho, nulas.
El cuarto programa que desapareció fue Eventos Cuidados, cuyo objetivo está relacionado con mejorar las condiciones sociosanitarias de los espacios de esparcimiento: fiestas, boliches, espacio público. La excusa fue la “pandemia”, pero todo el mundo tuvo pandemia y no se desarmaron las secretarías de drogas, invisibilizando procesos y acciones concretas de gestión de riesgos y daños.
El quinto programa, que tibiamente empezaron a vaciar, fue Dale Vos, programa acordado con ANEP-CODICEN que consiste en trabajar las habilidades emocionales, cognitivas y sociales para generar más herramientas de convivencia para los gurises y gurisas dentro de la comunidad educativa y que eso redunde en un factor de protección a la hora de pensar en los usos de drogas.
Por último, y no por eso menos importante, la comunicación. Desde abril de este año no hay trabajo en redes sociales ni información de calidad basada en la evidencia para usuarios y usuarias, después de ser acusada la SND de “racista” por unos posteos en los que se mostraban a personas usando bebidas alcohólicas.
Hubo además vaciamiento de los equipos: traslados de áreas, ceses de comisión y despidos de personas contratadas. Además de vaciamiento de presupuesto: hoy el presupuesto destinado a estas acciones es $ 0.
Ante todo esto, nos preguntamos: ¿cuál es la política de promoción de salud, prevención y gestión de riesgos y daños que tiene la SND? ¿Cuál es el plan de trabajo?
Muchas veces escuchamos a autoridades del gobierno en materia de políticas de drogas explicitar que no quieren refundar nada, ni comenzar la historia de cero. Esto no parece tener sentido, cuando han desaparecido del territorio todas las acciones vinculadas a la promoción de salud, prevención y gestión de riesgos y daños.
Victoria González es socióloga y docente, responsable durante ocho años del área de prevención de la Secretaría Nacional de Drogas.