Reflexiones a partir de la campaña de “familias amigas”

La campaña iniciada hace algunas semanas para promover las “familias amigas” me llevó a reflexionar sobre los avances y los desafíos que tenemos en las políticas y los programas de infancia y adolescencia, y particularmente, de la centralidad de las familias en sus resultados.

Según se explica en la web del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Familia Amiga es una iniciativa “que busca que todo niño, niña y adolescente pueda ejercer su derecho a vivir en familia cuando existen impedimentos para hacerlo con la familia de origen, evitando o disminuyendo el tiempo de permanencia en los centros de 24 horas”.

Quienes postulen y sean seleccionados serán “una familia solidaria que recibe en forma transitoria al niño, niña o adolescente hasta el momento que regrese a su familia de origen, o hasta que el INAU encuentre una solución familiar permanente (adopción)”.

Las “familias amigas” son parte del Programa de Acogimiento Familiar, que abarca en total a poco más de 1.000 familias que atienden a alrededor de 1.200 niños, niñas y adolescentes (Memoria Anual 2020).

La primera campaña fue en 2011, y a lo largo de los años se han realizado varias convocatorias a los efectos de integrar nuevas familias, tomando en cuenta que todavía hay niños, niñas y adolescentes internados que no cuentan con apoyo familiar.

Los programas de acogimiento familiar están ampliamente extendidos en América Latina (y también en otras partes del mundo) y buscan dar una respuesta por un tiempo limitado a quienes, por diversas razones, no pueden vivir con su propia familia.

Tanto la Convención de los Derechos del Niño (aprobada en 1989) como varios documentos posteriores resaltan la importancia del derecho a la vida familiar y comunitaria y reconocen la necesidad de adoptar medidas transitorias cuando hay situaciones de riesgo.

Cuando se aprobó esta convención eran frecuentes los hogares institucionales numerosos y la falta de un trabajo en profundidad con las familias de origen; predominaba la visión de que estas eran perjudiciales para niños y niñas (por problemas de violencia, negligencia, abandono) y, por lo tanto, iban a estar mejor en una institución.

Esta visión cambió radicalmente: los hogares mostraron grandes debilidades como espacios de protección y desarrollo, y las familias son la prioridad, junto al deber de los estados de aportar los recursos necesarios para fortalecerlas, evitando particularmente que la pobreza sea una causa de desvinculación familiar.

Para quienes trabajamos en las políticas de infancia y adolescencia, hay un orden de importancia para encarar las situaciones conflictivas. Lo primero es buscar de todas las formas posibles que se produzcan las modificaciones necesarias en las familias para superar los problemas que afectan a niños y niñas. Cuando es necesario separarlos del núcleo familiar cercano, se busca la inserción transitoria en una familia de acogimiento o en un hogar institucional. Si no se logran revertir las causas de la separación, el tiempo de permanencia será más prolongado, con lo que el niño, niña o adolescente vivirá varios años bajo la órbita del organismo estatal responsable.

Cuando se trata de niños y niñas con poco tiempo de vida, se podrá seguir el camino de la adopción, por voluntad de la madre o porque no hay condiciones mínimas de crianza en su familia biológica. Siempre se resuelve por una decisión judicial.

Entre lo permanente y lo transitorio

En 2019, el directorio saliente llevó adelante el “Estudio de población y de capacidad de respuesta en sistema de protección 24 horas de INAU”¹ a partir de un acuerdo con Unicef. Fue realizado por Equipos Consultores y se publicó en 2021, de modo que sus resultados fueron presentados por el actual directorio. Se enfocó en el relevamiento de los recursos humanos que trabajan en los centros, así como en los niños, niñas y adolescentes atendidos.

Se le llama “sistema de protección 24 horas” al conjunto de servicios de atención de quienes no viven con sus familias y quedan bajo responsabilidad del INAU, en la mayoría de los casos, por una decisión judicial. Una parte de ellos son gestionados directamente por el organismo, y otros están a cargo de organizaciones de la sociedad civil.

Los más conocidos por su historia son los hogares, pero también están incluidos distintos centros de atención especializada, y las “familias amigas”.

En el momento de realización del censo, había 4.665 niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos, 63% de ellos en centros y 37% en modalidades de contexto familiar, que incluye tanto a familiares directos que reciben apoyo económico como a otros que provienen de las familias de acogimiento.

18% son mayores de 18 años, la mayoría de ellos viven en centros de atención de personas con discapacidad y otros continúan viviendo con sus hermanos menores.

39% son adolescentes que tienen entre 13 y 17 años y que viven mayoritariamente en hogares. Aproximadamente son mitad varones y mitad mujeres, y hay siete que se identifican como trans.

¿Cuál es la principal causa de internación? 49% están por situaciones de violencia y abuso dentro de su propio entorno familiar, es decir, situaciones críticas que no permiten la continuidad de la relación con su familia.

Otro aspecto significativo es que, si bien se entiende que la internación es una medida transitoria, el promedio de permanencia es de 45 meses (casi cuatro años).

¿Cuánto tiempo es algo “transitorio”?

La información recogida me lleva a pensar que, a pesar de las importantes mejoras alcanzadas en los últimos 15 años, hay algunos problemas que dificultan cambios más profundos.

Para ubicar estos datos en una perspectiva histórica es interesante señalar que en 2010 había 5.221 niños, niñas y adolescentes en el sistema de 24 horas (4.043 en centros y 1.178 en acogimiento) y diez años después, en 2020, eran 5.187 (3.983 en centros y 1.204 en acogimiento).²

La escasa variación en una década plantea interrogantes acerca de qué factores pueden estar impidiendo el cumplimiento del objetivo propuesto de disminuir la internación en programas institucionales y fortalecer la vida con sus familias.

Entre los que puedo identificar están: dificultades en la articulación de las políticas y los recursos del Estado; limitaciones en las propuestas institucionales; debilidades en los marcos conceptuales y operativos que utilizamos para comprender los cambios sociales y culturales; transformaciones importantes en las familias.

Sobre este aspecto plantearé algunos elementos en lo que resta del artículo.

Cosas de familias

Las familias son cada vez más diversas y menos parecidas al modelo idealizado de padre, madre, hijos. Hay familias nucleares, extendidas, monoparentales, con nuevos arreglos, homoparentales. Las parejas son más cambiantes y nacen menos hijos.

En 2015 en Uruguay hubo 48.926 nacimientos, pero en 2020 bajaron a 35.874.³ Alrededor de 13.000 nacimientos menos en cinco años es muchísimo. Un factor importante es el descenso de la maternidad adolescente, y otro es la postergación de la edad para tener el primer hijo.

En cuanto a los niveles de pobreza, el informe comparativo 2019-2020 del Comité de los Derechos del Niño Uruguay⁴ da cuenta de un incremento de 8,8% a 11,6%, y llega a 20,2% en el total de la población menor a 18 años, lo que implica 35.345 niños, niñas y adolescentes más que quedaron en situación de pobreza.

En un país con cambios significativos en la conformación de las familias, menos nacimientos y más pobreza, ¿por qué habría familias interesadas en participar en el cuidado solidario transitorio? ¿Pueden reunir los requisitos necesarios? ¿Se puede buscar la estabilidad en situaciones tan cambiantes?

A esta altura, quizás deberíamos preguntarnos si no estamos en una etapa en la que seremos cada vez menos familias. Porque muchos jóvenes prefieren vivir solos, o tienen parejas menos duraderas, o comparten una vivienda en grupo; porque deciden no tener hijos o, como mucho, tener un hijo.

Si bien estos comportamientos no son los mismos en los distintos sectores sociales, van marcando una tendencia en los sectores medios y de trabajadores con empleo estable y mejores ingresos.

Partiendo de la base de que lo ideal sería que las personas pudieran tener la cantidad de hijos e hijas que quisieran tener, las políticas públicas deberían seguir las orientaciones para las cuales se creó el Sistema Nacional de Cuidados: tener el derecho a cuidar y ser cuidado a lo largo de toda la vida, conciliar el tiempo laboral y el tiempo familiar, contar con una red de servicios de atención que favorezca la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, que brinden calidad en los cuidados a quienes los necesitan (con prioridad en la primera infancia, las personas con discapacidad y los adultos mayores en situación de mayor dependencia).

En tiempos de “libertad responsable”, es oportuno insistir en el rol clave del Estado para disminuir las desigualdades y transformar su institucionalidad de cara a los nuevos desafíos. No habrá niños y niñas que vivan mejor sin políticas sociales que vayan de la mano con las políticas económicas y ambientales; sin la estrecha articulación entre la convivencia ciudadana, la educación, la salud, la protección social, el empleo, la vivienda, el hábitat. No habrá niños y niñas más saludables en una sociedad cruzada por múltiples violencias, entre ellas la violencia basada en género, que deja huellas para toda la vida.

¿Hasta dónde el Estado puede basar sus políticas sociales en las familias? ¿No estaremos trasladando a lo familiar la principal responsabilidad de construir una sociedad basada en la igualdad de derechos y oportunidades?

Necesitamos volver a soñar con una sociedad distinta, ir hasta las raíces de la desigualdad económica, social, cultural, y reconocer los límites de lo que hicimos para que algo nuevo pueda nacer y crecer.

Jorge Ferrando es psicólogo, trabajó en el INAU en distintos cargos de responsabilidad desde 2007 a 2020.