Como un cangrejo que no sabemos para dónde va a arrancar, el Uruguay del impulso y su freno avanza a los tropezones, como una cachila que se ahoga. Imágenes que suenen tal vez extrañas, de un viejo adagio; un país sin problemas en crisis.1
La secular lucha entre progresistas y conservadores, sea como ayer entre herreristas y riveristas contra batllistas, u hoy entre opositores y coaligados, impide que el país fluya hacia un desarrollo sostenido. Es un patrón de comportamiento que se repite; el que toma el gobierno proclama que encontró un país en ruinas. A poco de andar descubre que no era tan así y que Uruguay tiene una estructura institucional sólida y casi inmutable. Y este es uno de los problemas, aunque es también una virtud, contra el que chocó la dictadura cívico-militar de 1973. Cuando se quiere profundizar un cambio el barco comienza a atascarse. Acción y reacción, como enseñó Newton; física y gimnasia (política), porque “sabemos que la razón está de nuestra parte”. Pero cuando algo se impone por una mayoría exigua y circunstancial, es muy probable que sea derogado total o parcialmente cuando cambie la marea.
La reforma del sistema previsional en curso puede ser una excepción a este juego de suma cero que acostumbra el sistema político. Está sobre la mesa el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Como se verifica con frecuencia, “los problemas de hoy son las soluciones de ayer”. Un sistema generoso pero desfinanciado de jubilaciones y pensiones es una bomba de tiempo que inexorablemente estallará más adelante. Todos los argumentos esgrimidos por las distintas partes representadas tienen algo de razón, pero sabemos que es imposible optimizar todas las variables de un sistema al mismo tiempo. La sabiduría es entonces renunciar a lo renunciable y defender todo lo atendible de nuestra posición, teniendo en cuenta que dentro de unos años será necesaria otra reforma.
No tenemos la solución, pero sí la convicción de que hacer oídos sordos a las demandas de tantos es un grave error.
En un contexto de aceleración de los cambios en el mundo, se hace cada vez más urgente guardar el facón en el cinto y apostar a un diálogo constructivo. La globalización ya nos lleva de narices hacia donde las fuerzas del mercado apuntan, y no podemos ilusionarnos con una postura autónoma que sería ilusoria. El rescate del multilateralismo, con los liderazgos actuales en grandes países, es una tarea difícil pero imprescindible, como nos recuerda Enrique Iglesias siempre que tiene ocasión.
La salud pública debería ser otro punto de encuentro. Desde hace décadas se ha ido construyendo un sistema crecientemente integrado de prestadores públicos y privados. No es perfecto, por supuesto, pero tiene una muy amplia cobertura y atiende bien las enfermedades comunes. Pero ante un desafío de la magnitud de la actual pandemia, el sistema político actúa desde las diferencias más que desde el bien común. El dilema entre la salud y la economía no se sostiene, principalmente porque no hay evidencias objetivas de que todo lo que favorece a uno de los términos afecta negativamente al otro. En una circunstancia en que correspondería cerrar filas, en el sistema político emergen los cálculos acerca de quién se apropia de los éxitos (hoy lejanos) y se hace cargo de los fracasos. Corresponderá a la ciudadanía dar su veredicto en su momento, pero en una situación dramática como la actual no debería ser necesario esperar tres largos años.
Nosotros, los ciudadanos comunes, somos también responsables. Sumemos nuestras voces a las de las asociaciones profesionales, sindicales y patronales que claman por un cambio de actitud. No tenemos la solución, pero sí la convicción de que hacer oídos sordos a las demandas de tantos es un grave error.
Y entendamos finalmente que no hay ningún actor político o social que por sí solo pueda sacarnos del pantano y llevarnos a un desarrollo sostenible que no deje a ninguna persona atrás.2