La política de seguridad de este gobierno ha sido motivo de varias polémicas, que abarcan desde la violencia en procedimientos policiales callejeros hasta las potestades del Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), pasando por el hostigamiento a quienes cultivan cannabis en el marco de la ley vigente. Ayer se sumó a la lista una denuncia del exintendente frenteamplista de Rocha, Aníbal Pereyra, sobre seguimientos en ese departamento, por orden de la Jefatura de Policía y sin que Fiscalía lo supiera, a personas que recolectan firmas por el reférendum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Pereyra presentó a Fiscalía el nombre del funcionario a cargo de la operación, la identificación de tres automóviles empleados y el número asignado administrativamente a esas tareas, que según afirmó incluyen fotografiar a las personas vigiladas.

Reunir firmas para que la LUC sea sometida a una consulta popular no tiene nada de delictivo. La iniciativa de referéndum contra las leyes es un derecho establecido por la Constitución, que han ejercido en las últimas décadas personas de todos los partidos. Ante iniciativas de este tipo, que fortalecen la democracia, el principal deber de las fuerzas de seguridad del Estado es garantizar que puedan llevarse a cabo sin perturbaciones.

Está muy bien que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, haya demorado pocas horas en referirse a lo denunciado por Pereyra. Sin embargo, resulta lamentable que sus presuntas explicaciones hayan sido pueriles e inverosímiles. Dijo Heber que la Policía de Rocha se mantiene atenta a las actividades de la campaña por el referéndum porque tiene la obligación de evitar eventuales aglomeraciones, a fin de prevenir contagios de covid-19.

Dejemos de lado, atendiendo a la importancia de lo que está en juego, cualquier ironía sobre el celo dispar con que las autoridades encaran la prevención de la pandemia, según de qué actividades se trate y a quién le convengan. Lo central es que, para evitar la aglomeración de gente interesada en firmar contra la LUC, no hace falta seguir a personas en un auto con vidrios polarizados ni fotografiarlas. Bastaría una simple coordinación con quienes organizan la campaña en Rocha, que serviría además para comunicarles cuáles son las intenciones policiales, en vez de disimular la vigilancia.

Se supone que las tareas de inteligencia deben servir a los intereses del Estado y no a los del gobierno de turno. Que se confundan ambas cosas es uno de sus grandes riesgos, y el marco de secreto en que se desarrollan estas actividades aumenta el peligro. Supongamos que no está sucediendo esto, que se trata de un dislate aislado e incluso que, como sostiene Pereyra, los subordinados de Heber le mintieron al informarle qué están haciendo. Aun así, sería gravísimo.

Al comienzo mencionamos el SIEE, creado por la LUC mediante artículos que disminuyen el control sobre los servicios de Inteligencia y amplían sus posibilidades de actuar en secreto. Es un motivo más para considerar la conveniencia del referéndum.