Después de la última semana de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) y la avalancha de militancia de miles en las calles, el país comienza a vivir otro clima político: estamos como sociedad ante un nuevo escenario. El movimiento popular logró un primer avance para intentar frenar los cambios regresivos propuestos en la LUC.

Ahora bien, el adversario político (de los sectores movilizados durante estos meses), con sus matices, ya comenzó la campaña para defender su proyecto. No se esperó a unificar a todos los partidos de la coalición, y rápidamente el sector más comprometido con el gobierno lanzó lo que parece será –nuevamente– su caballito de batalla de esta nueva etapa electoral: la seguridad.

Recordemos que en la LUC, una parte central refiere a cambios en esta materia tan dramática para la sociedad (aunque esto hoy está cambiando: lo presuroso es el empleo, el salario, el trabajo). Punto neurálgico para los conservadores que están en el gobierno, porque básicamente tiende a proteger la sagrada propiedad privada. Porque esta es en definitiva la piedra angular de la propuesta: se le da mayor libertad de acción no solamente a los agentes de la fuerza de seguridad del Estado, sino a los particulares para ampliar la acción de la (supuesta) legítima defensa (que ya no se restringe a la persona, sino que se amplía a la propiedad: si entran a la propiedad de una persona existe el derecho a matarlo y de hecho ya ocurrió cuando un joven ingresó a un establecimiento y fue asesinado).

El movimiento rápido del núcleo duro del gobierno (y de lo que queda de aquel histórico partido hoy devenido apéndice) para salir del terremoto de las 800.000 firmas también queda evidenciado en la presentación “a la baja” de las cifras de los delitos. Rápidamente el multifacético ministro del Interior, Luis Alberto Heber (que quizá se ponga en pocos días el ropaje de ministro de Transporte y Obras Públicas para ser interpelado por la extensión de las concesiones en el puerto de Montevideo), salió al cruce de las críticas de los voceros del Frente Amplio y de otras voces que cuestionan dichas cifras y colocó un elemento que se repite una y otra vez: se menosprecia el trabajo de la Policía.

Hay realidades que no se ven desde los barrios privados o desde los grandes establecimientos rurales (o están distorsionadas). Por eso no vieron venir el terremoto político.

Intentaré desmadejar esta madeja. En este planteo se iguala e uniformiza y al mismo tiempo se aísla a toda la Policía y a sus integrantes. En cierto modo se la coloca en un lugar incuestionable, es decir que todo lo que vaya a hacer dicha institución y dichos integrantes sería apoyado por los gobernantes de turno. Al mismo tiempo, coloca (en el imaginario social) a los que critican las cifras en el lugar de operadores contrarios a la Policía, que por ende estarían apoyando a la delincuencia (de hecho, el líder o figura máxima del partido apéndice del gobierno lo plantea una y otra vez en su columna semanal de los viernes).

El mismo ministro Heber, en su comparecencia en la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado y luego en declaraciones a la prensa, marcó las diferencias con la oposición. Pero de esa asistencia se puede distinguir la concepción del proyecto de país que tienen estos grupos conservadores: celebró el aumento de prisioneros (que pertenecen en su inmensa mayoría a los sectores populares, como decía aquella canción de La Polla Records, la ley ¿igual para todos?, o aquella de Alfredo Zitarrosa: “Al pobre nadie lo hamaca / nadie tasa su desgracia / la justicia es una vaca / pastando en la democracia”), pidió más presupuesto para crear más cárceles, planteó que hay posibilidades de reflotar la idea de los allanamiento nocturnos (idea que vuelve a la arena política).

Como se puede apreciar, la reacción al terremoto político de las 800.000 firmas fue bastante rápida y al mismo tiempo previsible.

Ahora bien, esto no significa que tenga el triunfo asegurado para el referéndum ni mucho menos (aunque algunas encuestadoras ya hayan comenzado a querer incidir en la sociedad). Más bien parece que quieran dar un mensaje a la sociedad: todo está bajo control y sabemos cómo seguir haciendo para que esto siga así.

Sin embargo, hay realidades que no se ven desde los barrios privados o desde los grandes establecimientos rurales (o están distorsionadas). Por eso no vieron venir el terremoto político y hasta hoy se preguntan cómo fue posible que las fuerzas que tan denostadas están en la sociedad hayan recolectado un número de firmas histórico.

Héctor Altamirano es docente de Historia.