A 25 años de la reforma Rama, de la Ley de Seguridad Ciudadana y de las AFAP

“La memoria es un arma para el futuro, en cuanto anuncia las batallas por venir”. Eric Hobsbawm

Hace 25 años, en agosto, la sociedad montevideana (y en algunas capitales de otros departamentos también se desarrollaron situaciones parecidas; queda mucho por conocer de las experiencias del campo popular y de sus luchas fuera de Montevideo) se vio en medio de una agitación social, por parte básicamente del movimiento estudiantil, por una reforma educativa encabezada por Germán Rama, en medio de la Ley de Presupuesto en 1995. Este conflicto llegó a extenderse a todo el sistema político, teniendo variadas repercusiones en el momento y para el futuro inmediato. Puede profundizarse en el libro editado por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) Educación secundaria. La reforma impuesta. Diez visiones críticas. 2001.

Desde 1997, esta federación ha planteado sus diferencias en cuanto a las políticas educativas llevadas adelante por los sucesivos gobiernos. Pero sin dudas la Reforma Rama marcó un antes y un después; quizá esto también ayude a comprender algunas declaraciones del líder del Partido Colorado exponiendo y afirmando que si cae la ley de urgente consideración (LUC) volvería a mandar Fenapes en la educación.¹

En un principio esta nota iba a recordar lo que sucedió en las ocupaciones de los liceos montevideanos. Al respecto, tengo que recordar a un político que todavía sigue presente en nuestro diario vivir. De alguna manera se dice que fue el artífice o el que dio la carta libre para que se pudiera desarrollar aquella reforma educativa encabezada por el ya nombrado Germán Rama. Recuerdo que un compañero hizo una nota para pensar y discutir los cambios que se venían en la educación. Ese texto tenía la foto de unas cejas prominentes junto a un niño con una gran moña.

Esas semanas fueron intensas y movilizadoras para miles de estudiantes. Reuniones, compartir lecturas, músicas, ideas, entre muchas actividades. Los talleres y charlas realizados fueron también los que permitieron ir comprendiendo qué pasaba con la reforma que se imponía de manera autoritaria, sin ningún diálogo con los involucrados directamente en lo que se quería reformar. Los docentes y los estudiantes estaban al margen de esas decisiones; los expertos y los políticos decidían lo que sería necesario cambiar.

De aquellos años recuerdo las consignas y las referencias al Banco Mundial como un actor central en la implementación de la reforma: todo el financiamiento venía de esa institución, y las condiciones las ponía el financiador también. Ahí fue que como parte del movimiento popular comenzamos a tejer otros hilos que llevaban a otros lugares: la reforma de la seguridad social, la implementación de una nueva ley de seguridad ciudadana, entre otros.

Parece que 25 años después, algunas propuestas y con los mismos actores se retoman, aunque no de manera exacta: hoy el Banco Mundial no tiene tanto peso en el rubro educativo (pero veremos que sigue presente en el escenario político de nuestro país), pero las autoridades de gobierno ministeriales (porque la autonomía de los entes de la enseñanza, que solamente parece servir para perseguir docentes díscolos, está siendo vapuleada) anuncian un nuevo Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, presentado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

A su vez, ya en la LUC –como en espejo de lo sucedido con la Ley de Seguridad Ciudadana en 1995– se realizó un ajuste en materia de seguridad pública que llevó a que los defensores de oficio (quienes se encargan de defender a los sectores más jodidos del país) denunciaran en la Suprema Corte de Justicia un aumento en los abusos policiales y la pérdida de garantías de estos ciudadanos² ante lo que consideran que es un reflejo de la aplicación de la LUC. Al parecer, el nuevo aire se brindó con esa norma y sobre todo con los discursos³ y actitudes de apoyo de varios actores de gobierno al accionar policial, aunque no supieran cómo se había actuado realmente (en este caso las autoridades actúan en defensa del accionar del funcionario público, en el caso de otros funcionarios públicos es lo opuesto: primero se sanciona y después se investiga qué pasó).

Otro aspecto similar es el avance que se está comenzando a implementar respecto de la reforma de la seguridad social. También habilitada por la LUC, una comisión de expertos está analizando los cambios que, según ellos, deberían darse para que el sistema de previsión social no continúe dando pérdidas al país. Una de las propuestas quizá más evidentes es el aumento de la edad jubilatoria: en buen romance, se deberá trabajar más para llegar a una jubilación. También se reducirán las pasividades para quienes las necesiten.

En un informe de la Cooperativa Comuna, titulado “Reforma de la seguridad social: poner la vida en el centro del debate”,⁴ se plantea que se vislumbra un “recorte por el lado más fino”. En este documento se desarrolla justamente a qué está apuntando este grupo de expertos reunido en la comisión antes mencionada, quienes pondrían el foco en las necesidades financieras del sistema (que cierren los números) sin importar la vida de los seres humanos que se verán afectados con esas decisiones.

Como se puede comprobar, hay aspectos que vuelven a ser colocados encima de la mesa, y habrá que ver cómo se intercede en esta coyuntura. Ya no existe un movimiento estudiantil como el de la década de los 90. La situación no es la misma. Pero en unos meses, cuando se vote el referéndum para derogar la LUC, habrá una posibilidad de cambiar varias de las políticas que hoy están incidiendo en nuestra realidad cotidiana. Para eso habrá que comenzar a preparar una campaña para derrotar una vez más las visiones del proyecto conservador que gobierna el país.

Héctor Altamirano es docente de Historia.