Antes y después de las elecciones de 2019, el Partido Nacional (PN) y el presidente Luis Lacalle Pou han destacado, entre sus propósitos para este período de gobierno, la voluntad de actuar con la mayor transparencia. Sin embargo, el diputado Juan Martín Rodríguez, representante del PN en la comisión investigadora parlamentaria sobre el Ministerio de Turismo (Mintur), considera conveniente que esta no difunda parte de sus actuaciones o la totalidad de ellas.

La aspiración de Rodríguez va, según lo publicado ayer por El Observador, más allá, incluyendo la reserva sobre quiénes dan testimonio y que los legisladores integrantes se abstengan de realizar declaraciones públicas, por lo menos hasta que termine el proceso y se decida si algo quedará en secreto durante 25 años.

La comisión se ocupará de la gestión del diputado colorado Germán Cardoso cuando estuvo al frente del Mintur, y en particular de sus procedimientos para contratar publicidad. Estos fueron denunciados por el también colorado Martín Pérez Banchero, que era director nacional de Turismo, y determinaron que Cardoso tuviera que renunciar.

El oficialismo aceptó una insólita propuesta de Cardoso, y la investigadora también se ocupará de la gestión previa desde 2010, de modo que el denunciado será, a la vez, denunciante.

Estas comisiones contribuyen a que el Poder Legislativo cumpla su función de contralor. No cuentan con los recursos de una investigación desde el Ministerio del Interior o la Fiscalía, y el testimonio ante ellas es voluntario. Como sus integrantes representan a partidos, es habitual que tanto el desarrollo como el desenlace del proceso estén determinados por razones políticas.

No llevan adelante el tipo de indagación que realiza, con extrema reserva, un organismo de inteligencia. Son en cambio, por lo general, un escenario propicio para llamar la atención sobre algún asunto e incidir en la opinión pública. Así sucedió, entre muchas otras, con la investigadora sobre Ancap que impulsaron los actuales oficialistas cuando eran opositores.

Si la comisión o parte de ella consideran -o les interesa decir- que han tomado conocimiento de posibles delitos, lo habitual es que trasladen los datos correspondientes al sistema judicial. Este los puede tener en cuenta, pero lleva a cabo un procedimiento propio desde el inicio.

En este caso, y ante la singular mezcla de denuncias, el FA cortó por lo sano y presentó el jueves una denuncia penal contra Cardoso. Por lo tanto, es previsible que la investigadora de Diputados sólo pueda añadir repercusiones políticas, y eso parece ser lo que Rodríguez quiere evitar.

Cabe suponer que al diputado, como representante del PN, le interesa que no aumente el escándalo referido a la gestión de Cardoso. Lo que resulta difícil de justificar es que haya, como dice la ley, “mérito suficiente” para mantener en reserva datos acerca de hechos con apariencia muy irregular que ya son públicos, y cuya lista crece cada semana gracias al trabajo periodístico. No es el momento, ni la comisión es el lugar, para jugar a los agentes secretos.