La democracia en lo político y la ciudad en lo material son expresiones de la convivencia entre pares, del estar con los otros.
En los últimos días ha sido reiterado en foros internacionales y en artículos de prensa el concepto “urbicidio”.1 El término fue acuñado en los años 70 y refiere a la muerte y destrucción de la ciudad.
La ciudad sufre violencias, no sólo la destrucción física en un breve lapso – causada por guerras o catástrofes naturales–, sino la disminución progresiva de la posibilidad de disfrutar el espacio de todos.
El espacio público es la máxima expresión material de la convivencia social, de la civitas. La polis, unidad político administrativa de la ciudad, se construye sobre la democracia que decide sobre los asuntos colectivos. La urbe –o urbs– se refiere a los aspectos físicos de la ciudad y del hábitat.
Como afirma el arquitecto Fernando Carrión2, el “tiempo y el espacio” de las ciudades se reducen por la seguridad. Ciertos delitos se relacionan con determinados horarios, durante los cuales se inhiben actividades y se reduce el uso del espacio público.
Frente a este efecto de la zonificación, y desde hace décadas, el urbanismo propone la mezcla de usos. Jane Jacobs, urbanista estadounidense, elaboró en la segunda mitad del siglo XX el concepto “ojos en la calle”, una vigilancia casi natural que se produce desde las ventanas hacia el espacio público. La esencia de la seguridad en la vía pública estaría en las miradas que asoman desde las viviendas o pequeños comercios. Un elemento clave de la seguridad ciudadana es mantener estos ojos en la calle, siempre abiertos.
El abandono del espacio público
La vigilancia y seguridad entre extraños en los espacios de la ciudad tiene múltiples expresiones físicas. En las últimas décadas se ha producido un progresivo abandono de algunas zonas, a favor de espacios privados. Los barrios cerrados o los edificios con lugares de recreación integrados no tienen contacto directo con el espacio público. Este proceso genera cierta ceguera de las calles, que son colonizadas por distintas violencias al faltar la vigilancia natural colectiva.
Las formas de agresión hacia las ciudades que producen urbicidio son variadas. Ocurren las violencias más evidentes, como un bombardeo que arrasa la vida de las personas y la historia de la ciudad, hasta la más sutil, como la violencia verbal callejera.
La aparente sutileza de una agresión verbal de una persona a otra activa mecanismos de defensa que modifican los hábitos cotidianos. Se producen cambios en trayectos, en horarios, y en un efecto de acumulación, los espacios dejan de ser transitados. Las relaciones sociales se reducen, ya que el extraño se percibe como sospechoso o peligroso. Se socava paulatinamente el sentido de ser con los otros, propio de la civitas.
En este proceso multicausal se reduce en forma significativa el espacio público de la ciudad. Las clases privilegiadas migran a barrios privados o edificios autónomos, mientras que las clases medias adoptan formas de vida más introvertidas –pedidos a domicilio, trabajo en casa y entretenimiento en pantallas–.
La pandemia ha profundizado aún más esta tendencia de temor al desconocido y de encierro tras murallas físicas que cierran los ojos de la calle.
La LUC, la seguridad y la emergencia habitacional
La LUC no plantea una estrategia integral para la seguridad, sino un abordaje punitivista y policíaco. En el artículo 65 se otorga un gran margen de discrecionalidad a personas no uniformadas. Permitiría que miles de policías retirados, sin uniforme y armados, puedan ejercer la fuerza a su criterio. De esta forma, se erosiona el monopolio del uso de la fuerza del Estado, y se construye un ambiente de desconfianza en los desconocidos y en la propia policía.
Tal como sucede con la seguridad, la vivienda y el suelo requieren soluciones integrales, ausentes en la LUC.
En estos artículos se criminaliza la ocupación del espacio público, definiendo como falta grave la situación de calle de las personas más débiles. La ocupación del espacio público de personas sin hogar no es un problema de seguridad, sino, en gran medida, de falta de vivienda.
La emergencia habitacional no es nueva. El déficit de vivienda se ha acumulado a lo largo de un proceso complejo de urbanización en el país. La concentración de población en la costa sur, en el área metropolitana y en el litoral son reflejo también de cambios dramáticos en el mundo del empleo y de la matriz productiva. Fenómenos como la pérdida de empleo en el ramo de la industria manufacturera, la automatización de tareas manuales, y la precariedad del mercado laboral están relacionados a la incapacidad de las familias de asumir préstamos hipotecarios o contratos de alquiler.
La LUC no da respuesta a la emergencia habitacional, si bien es el título de la sección IX.
El registro de inmuebles del Estado y su uso para regularizar asentamientos se tratan del artículo 412 al 415. Estos artículos no están en el referéndum ni tampoco plantean una solución novedosa al problema.
Los artículos 429 al 459 tratan del desalojo exprés del inquilino bajo el régimen sin garantía. El alquiler sin garantía ya existía antes de la LUC. El artículo 455 incorpora otra novedad: para iniciar el desalojo, no es necesario demostrar ser el propietario ni estar al día con sus obligaciones como ciudadano.
Si los problemas surgen de las garantías, parece obvio que la solución debería estar dirigida a mejorar las garantías, no a eliminarlas y/o a facilitar el desalojo.
Los artículos cuestionados denotan la convicción de que el problema de la vivienda lo resolvería el mercado. Nada más alejado de lo que sucede en la realidad.
Uno de los mayores problemas de la vivienda ha sido –y sigue siendo– el suelo urbanizado. Los únicos artículos relacionados con el suelo que plantea la LUC son el 357 y 358, que reducen la capacidad del Instituto Nacional de Colonización. Se restringe el acceso al suelo rural de las familias productoras y se favorece la tenencia de los productores “a distancia”.
Estos artículos desafectan más de 50.000 hectáreas3 que fueron compradas durante años, y recortan las funciones esenciales del instituto. Las tierras pasarían al mercado a precios más altos, inhibiendo la posibilidad de que familias productoras puedan comprarlas.
Tal como sucede con la seguridad, la vivienda y el suelo requieren soluciones integrales, ausentes en la LUC.
Defender la ciudad es defender la democracia
Asistimos en estos últimos días al desarrollo de una invasión y confrontación entre Rusia y Ucrania. Ciudades ucranianas están siendo bombardeadas, sus espacios públicos y edificios destruidos. La devastación armada y la muerte son una forma catastrófica de urbicidio.
Los efectos de desintegración del espacio público en nuestras ciudades, la dispersión de usos urbanos en suelo productivo y el abandono de la producción familiar no son daños colaterales de ninguna guerra, sino efectos directos de la acción del libre mercado.
De continuar este proceso de destrucción de la convivencia y de fragmentación paulatina, seguiremos perdiendo calidad en los espacios públicos y posibilidades de vivir en una sociedad sana. La mezcla de usos y la integración social son necesarias para mantener los ojos de la ciudad bien abiertos.
El derecho a la ciudad, el derecho a disfrutar del espacio público con los otros es parte indispensable de la democracia.
Alicia Artigas es arquitecta y magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.