Desde el oficialismo se sigue insistiendo en que esta ley de urgente consideración (LUC) no es otra cosa que el programa de gobierno que se dirimió en la campaña electoral y que, por tanto, es lo que la gente ya votó en la elección.

Alineados tras el discurso presidencial del doctor Luis Lacalle Pou, uno tras otro los defensores del No –en el referéndum de 135 artículos de la LUC– insisten en el concepto, sin aportar elemento que lo confirme.

Es cierto que en el contexto electoral de 2018 y 2019 se hizo hincapié en los temas de seguridad, asentamientos, enseñanza, y rebaja de los combustibles, entre otros.

Es cierto también que el entonces candidato habló del envío de una ley de urgente consideración como primera medida de gobierno; y que el proyecto abarcaría los temas antes enunciados y otros, como el de las empresas satélites de las empresas públicas. Coincido, asimismo, en que adelantó que se trataría de un texto de unos 300 artículos.

Pero lo que no consta –y eso es lo que hace de la afirmación del presidente y sus acólitos una “mentira camuflada de verdad”– es instancia alguna donde se debatiera, anunciara o se hiciera mención a la posibilidad de “incrementar la protección del derecho de propiedad sobre el derecho a la vida” –por ejemplo–, que la LUC consagra en su articulado. Sin duda un cambio radical en la escala de valores y fundamentos sobre los que se asienta históricamente nuestra sociedad.

O de un “desalojo express” para el sistema de los alquileres sin garantías –ya existente previo a la LUC–, con el establecimiento de un régimen de sanciones desproporcionado, rayano en la usura. Que castiga al más desprotegido, al más débil de los eslabones: al rezagado social, al inquilino más pobre.

Como tampoco hay evidencia de que, durante la campaña electoral, se promoviera la desafectación de alrededor de 100.000 hectáreas de tierras del Instituto Nacional de Colonización, junto con la desaparición de la obligación del colono de vivir en el predio, desvirtuando totalmente la naturaleza del instituto.

Y podríamos seguir con otros aspectos que hacen a estos 135 artículos de la LUC sometidos a referéndum, cuyos contenidos y consecuencias son, a estar por sus defensores, la “expresión legal del programa” comprometido ante la ciudadanía. Circunstancia que se contradice con el hecho de que varios de ellos, legisladores de la coalición de gobierno, hayan manifestado que se enteraron del contenido de la LUC en la instancia de su presentación ante el Parlamento.

Lo que sí quedó en evidencia –cristalinamente expresado– es que el compromiso asumido por el doctor Lacalle Pou durante la campaña electoral de rebaja de los combustibles y tarifas como condición sine qua non de su proyecto político no era otra cosa que un fuego de artificio, con la única finalidad de alcanzar el gobierno del país. Al respecto, me gustaría recordar algunas afirmaciones del doctor Lacalle Pou previo y durante la campaña electoral de 2019:

“Sin bajar los combustibles y la electricidad, ¡no hay tu tía!” (El País, 23 de julio de 2018).

“El Partido Nacional tiene que hacer un esfuerzo enorme para bajar los costos de vida, para que la gente pueda comer, emprender, trabajar y llegar a fin de mes. Esa es una de las grandes metas que tenemos. Para lograrlo se tendrá que bajar el costo de los combustibles y de las tarifas públicas” (la diaria, 30 de julio de 2018).

“Se terminó el aumento de tarifas y combustibles. Es fácil administrar si se tiene el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano” (la diaria, 1º de abril de 2019)

-“No hay lugar para más impuestos o aumento de tarifas. Pregúntenle a cualquiera de estos comerciantes que están acá a ver si resisten un impuesto más. No. ¡Cierran! El que suponga que en Uruguay hay más lugar para impuestos o para aumento de tarifas, lo que va a estar logrando es más cierres de empresas y desempleo” (El País, 20 de mayo de 2019).

“Mi plan es bajar la tarifa eléctrica y los combustibles” (la diaria, 5 de setiembre de 2019).

Como decía el doctor Lacalle Pou cuando era candidato a la presidencia: “No se le puede tomar el pelo a la gente y no vale engañar a la ciudadanía antes de la elección. No vale prometer en campaña lo que no se puede cumplir”.

Liliam Kechichian es senadora del Frente Amplio.