Mientras el poder de compra de los salarios acumula pérdida y los precios asustan, el Poder Ejecutivo anuncia pequeños aumentos para empleados públicos, jubilados y pensionistas, recién a partir del 1º de julio y a cuenta de los ajustes que se realizarán meses después. En estas circunstancias, muchas personas sienten escasa inclinación a considerar cuestiones teóricas sobre la conveniencia de que la política económica sea clara y previsible, pero en los dos niveles hay señales preocupantes, y es probable que se potencien entre sí.

Como los aumentos anunciados serán escasos, tardíos y no focalizados en quienes la están pasando peor, quienes proponen y demandan medidas más eficaces contra la carestía (incluso desde la coalición de gobierno) seguirán insistiendo. Pero además hay expresiones de malestar y decepción entre quienes abogan desde hace muchos años por “reformas estructurales impostergables” para liberalizar mucho más la economía. Esos ven los anuncios del lunes pasado como una señal de que el Ejecutivo dejó pasar la oportunidad de aplicarlas y se entrega, antes de la mitad de su mandato, a manejos politiqueros y populistas.

Los fundamentalistas exageran, como siempre, pero es indudable que algo se agrietó.

El problema es parecido al que se plantea entre dos prestigiosos modelos de sistema judicial. En uno las sentencias establecen precedentes y deben ser tomadas en cuenta ante casos similares, apelando a lo que se llama jurisprudencia. En otro las sentencias no establecen precedentes. Sobre una base o la otra, fiscales, defensores y jueces saben a qué atenerse.

Es discutible cuál sistema da mejores resultados, pero cualquiera de los dos debe mantener su coherencia, y lo menos aconsejable es que en un país las autoridades del Poder Judicial decidan, sin atenerse a reglas claras, que a veces se aplique la jurisprudencia y a veces no.

Si las reglas no están claras, cualquier estrategia se vuelve riesgosa y los resultados son sin duda los peores, como si los conductores de automóviles no supieran si se les exigirá que circulen por el lado derecho de las calles o por el izquierdo.

Esto es lo que le reprochan en estos días al Ejecutivo muchos economistas y empresarios. Cuando gobernaba el Frente Amplio había una orientación a la que adecuarse, y con el actual gobierno se adoptó formalmente otra. No es que ahora se haya vuelto a la anterior (se trata de sólo de unos magros aumentos para dentro de unos meses), sino que la política económica pierde consistencia.

En muchas áreas se mantiene una línea (el gobierno nacional sigue, en lo sustancial, circulando por la derecha), pero en algunas se adoptan medidas que la contradicen. Asoma una incertidumbre que vuelve más difícil y peligroso tomar decisiones sobre inversión, ahorro, salarios o precios. Así se pone en jaque la planificación racional y aumenta la tentación de intentar especulaciones a corto plazo, una de las peores pestes en tiempos de inflación acelerada.

Quizá no se trate de que el Ejecutivo haya perdido la seriedad, y la cuestión resida en que antes sólo aparentaba ser serio.