Sobre la resolución de reconocimiento de títulos universitarios por parte del MEC, más allá del referéndum

La Resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 0355/022 aprueba una serie de documentos relativos al reconocimiento voluntario de los títulos universitarios por parte del propio ministerio. Según el ministro Pablo da Silveira, estaban esperando que el soberano se expresara para poner en acción lo dispuesto y brindar la organización requerida por el mecanismo que estaba previsto en el artículo 198 de la ley de urgente consideración (LUC), impugnado en el referéndum del 27 de marzo.

Según el propio ministro, este reconocimiento constituye un objetivo más de la transformación educativa que llevará a cabo el gobierno, como el Compromiso por el país de la coalición de gobierno anticipó; también contribuye al fortalecimiento del MEC como rector de la política educativa.

Desde la necesidad de profundizar en el análisis del actual “proyecto conservador”¹ en materia educativa, nos proponemos trazar las generalidades más relevantes de este mecanismo, presentar una crítica y algunas conclusiones o preocupaciones que entendemos son necesarias para pensar una educación en clave de derechos y para la materialización de esa visión.

¿Qué propone la resolución aprobada por el MEC?

A partir de los documentos aprobados por la resolución ministerial, puede afirmarse que se trata de la creación de una normativa que reglamenta el mecanismo de reconocimiento de nivel universitario de carreras de formación en educación impartidas tanto por instituciones públicas terciarias no universitarias como por universidades privadas.

Para ello, las instituciones se deben presentar ante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el MEC, que creará un consejo -que hasta el momento no funciona- para poder evaluar “técnicamente” la solicitud. Este consejo se integrará con tres personas nombradas por el Poder Ejecutivo, otra que representará a las universidades privadas, otra más en representación de la ANEP -otro cargo político- y, por último, una persona por la Universidad de la República (Udelar). Seis miembros en total -claro está, todos idóneos-.

Los documentos aprobados por el MEC presentan los criterios de calidad para un título, que sería la Licenciatura en Pedagogía y se otorgará si se salva una prueba de certificación final estándar, realizada por un organismo externo: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). La prueba será sólo para profesores y maestros, que si no salvan la prueba tendrán el título que los habilita a ejercer como educadores, pero este no gozará de carácter universitario. En el caso de los profesores, la especificidad -por ejemplo en historia- será una mención. Todo esto en al menos 3.000 horas de cursado en cuatro núcleos de formación, teniendo presente que el mínimo en la distribución del contenido específico en educación media tendría 800 horas menos que los demás núcleos.

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Para poder ofrecer estos títulos, la mitad del cuerpo docente debe tener al menos una maestría y un quinto de los profesores un doctorado, entre otras exigencias porcentuales. De no haber docentes con esas características para dictar clases presenciales, hasta un tercio podrá dictar clases de manera virtual -probablemente en el interior sean docentes de Montevideo quienes así lo hagan-. Cabe aclarar que de no cumplir con esta gama de requisitos, el MEC se haría cargo de brindar apoyos -recursos humanos, fondos, consultorías, conectividad, equipos informáticos, etcétera-, incluso a instituciones privadas.

Si en 2023 un estudiante está en cuarto, tercero o segundo y la carrera que cursa en un centro de formación en educación pide el reconocimiento de carácter universitario, la resolución propone que se hagan planes adaptados para quienes están en esas condiciones. De esa forma, aunque el estudiante no curse cuatro años de formación universitaria, igualmente podrá aspirar a ser reconocido como un licenciado en Pedagogía.

Dónde vamos a parar

En dos oportunidades, el Frente Amplio (FA) intentó crear una Universidad de la Educación, es decir, un nuevo ente autónomo, pero como carecía de la mayoría parlamentaria necesaria para ello, ese proyecto no se pudo concretar. En ese momento, la oposición no apoyó la iniciativa porque estaba en desacuerdo con que dicha institución tuviera un cogobierno análogo al que existe en la Udelar.

El mecanismo previsto por la LUC no es vanguardista, el MEC hace años puede reconocer el carácter universitario de títulos otorgados por diversas instituciones no universitarias privadas y públicas. Pero ¿por qué no simplemente crear una Universidad de la Educación con un modelo de gobernanza diferente al de la Udelar? Según dijo Da Silveira a En Perspectiva el 11 de abril, porque ese camino iba a retrasar por muchos años el reconocimiento del carácter universitario de las carreras de formación en educación -¿una demanda urgente de quiénes?- y porque no siempre es necesario crear una institución para alcanzar un objetivo como el que persigue este mecanismo.

Ahora bien, entre la instalación de un mecanismo de reconocimiento voluntario del carácter universitario de las carreras de formación en educación y la creación de una Universidad de la Educación existe un abismo insalvable: en esa transición se pierde la posibilidad de crear una institución universitaria autónoma y cogobernada. Al mismo tiempo, se abre la puerta a una fragmentación curricular inusitada, en tanto no son las instituciones -como el Instituto de Profesores Artigas o los Institutos Normales de Magisterio- las que gozan de ese reconocimiento, sino las carreras impartidas por ellas. Eso puede ocasionar que en un centro o región algunas carreras sean universitarias y otras no, e incluso puede haber carreras que en un centro o región posean carácter universitario pero que en otros no lo tengan. Probablemente esto suceda, en tanto los requisitos establecidos por el MEC -principalmente los relativos a la composición del cuerpo docente-, aún teniendo en cuenta los apoyos que este pueda brindar a los solicitantes, difícilmente serán satisfechos por la mayoría de carreras de formación en educación impartidas por instituciones públicas.

Luego, instituciones como las universidades privadas podrán ofrecer carreras de formación en educación que tengan el reconocimiento universitario acreditado por el MEC en ausencia de una alternativa pública con dicho carácter. Gracias a este mecanismo podrán vender ofertas curriculares más atractivas y, en muchos casos, en ausencia de una opción pública equivalente. Teniendo en cuenta la naturaleza de las demandas a las que responde la instalación de este mecanismo, no resulta sorprendente la falta de justificativo relativo a la destinación de recursos públicos para financiar empresas privadas y que no exista ningún criterio de prioridad en las ayudas que brinda el MEC para poner en primer lugar a las carreras de formación docente impartidas por instituciones públicas. Las privadas deberían quedar en segundo lugar de prioridad, ya que podrán cumplir los requisitos que establece el MEC con mayor facilidad, a diferencia de las instituciones públicas.

Eventualmente, carreras de formación en educación habilitadas por ANEP para ser impartidas por instituciones privadas podrían gozar de un carácter universitario que las mismas carreras impartidas por la ANEP no poseen. ¿Eso sería justo? Además, deben considerarse las consecuencias que tendrá para el ejercicio de la profesión, puesto que una licenciatura equivale a cierta acreditación de méritos. Sería autoflagelante no aspirar a cursar una carrera de formación en educación de carácter universitario o rehusarse a demandar que las carreras impartidas por la ANEP cumplan con los lineamientos curriculares establecidos por el MEC. Sin embargo, este mecanismo bien puede interpretarse como una forma de coacción externa del MEC hacia la ANEP.

En otro orden, debemos poner en cuestión la integración del consejo creado para la evaluación de las carreras que solicitan el reconocimiento universitario, ya que en él prima una mayoría política circunstancial. En realidad, es un organismo técnico en el que la Udelar debería tener un mayor peso, dado el lugar que ocupa en la formación de profesionales y su bagaje. Entendemos que con la actual conformación, el consejo no podría actuar con independencia y autonomía para la valoración que deberá realizar.

Por otra parte, hay una desvalorización del proceso de formación en favor de la certificación final, realizada por un organismo externo como el Ineed. De ello da cuenta la vía concebida para la finalización de la carrera, ya que aunque la prueba se pierda, se les otorgará a los estudiantes un título no universitario pero habilitante para el ejercicio de la profesión. A través de la misma formación base se generarán dos categorías de profesionales.

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En suma, no hay una instancia que consagre de forma sintética las herramientas adquiridas durante el proceso de formación en un producto final, lo que la prueba de salida diseñada por el Ineed tampoco hace. Esta evaluará competencias que debería tener cualquier egresado de bachillerato, como manejar el idioma español, o que no son una condición indispensable para el ejercicio de la docencia y uno puede adquirir espontáneamente sin mayores esfuerzos, como saber manejar las herramientas del Plan Ceibal, en vez de destrezas relativas a la extensión y la investigación, rasgos característicos de una cultura universitaria.

Aún así, se presenta un título en el que no se entiende ni se fundamenta la idea de “pedagogía” y se da a entender que la especificidad es secundaria. Por ejemplo, sólo tiene un grado de mención, además de que el piso de la especificidad que se propone es abrumadoramente menor al que tienen actualmente las carreras de formación en educación. El énfasis, evidentemente, no está puesto en la formación específica, lo que va en consonancia con la reforma curricular que la ANEP busca llevar a cabo en Secundaria, por ejemplo, en lo relativo a la formación por áreas.

Entonces, más allá del referéndum

En síntesis, esta acción orientada hacia la formación en educación no es en favor de mejorar nuestra educación pública, sino que responde a una demanda de las universidades privadas. También entendemos que sin una verdadera universidad, autónoma y cogobernada, que tenga como centro la propia institucionalidad y no la certificación de un “nivel” -lenguaje que encierra desprecio hacia nuestra formación histórica-, la riqueza actual y potencial de la formación de los educadores se ve coartada por este mecanismo.

Es por eso que los estudiantes organizados tenemos que fortalecer la organización y movilización estudiantil para expresar a toda la sociedad la urgencia de una Universidad de la Educación. Esta universidad no llegará si no va acompasada de una mayor participación en los espacios existentes de acción para quienes estudian en la órbita del Consejo de Formación en Educación, y tampoco sin nuevos ámbitos de reflexión y acción junto a docentes y funcionarios, que prefiguren la práctica efectiva futura del cogobierno.

Rodrigo Genta y Juan Maxi Santos son militantes estudiantiles de formación en educación.