El gobierno llegó con un claro mandato de avanzar en la competencia en el sector de las telecomunicaciones bajo la premisa de que existe “competencia desigual entre las empresas públicas y privadas”. A pesar de reconocer que la situación que heredó en el sector comunicaciones es ejemplo a nivel mundial, donde Antel fue el gran responsable, ha llevado una serie de políticas para darle más cabida al sector privado.

En este sentido el Poder Ejecutivo y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) han tomado decisiones.

La Ursec, en resoluciones tomadas durante 2020 y 2021, estableció la caída en los precios de interconexión en la telefonía móvil. Estos son los precios que las compañías (Antel, Claro y Movistar) deben pagarse entre sí cuando uno de sus usuarios llama a un teléfono de otra empresa. Esto se produjo a raíz de un reclamo iniciado por Claro y la más perjudicada fue Antel ya que, al ser la empresa más grande, es la que más recauda por este concepto.

En la ley de urgente consideración (LUC) se aprobó la portabilidad numérica en la telefonía móvil, que luego fue sometida a referéndum. Esto implicó un cambio en las condiciones de mercado ya que permite el cambio de compañía manteniendo el mismo número. Esto, que reduce los costos de cambio de empresa para los usuarios, en nada beneficia a Antel, ya que es la empresa mayoritaria y, por lo tanto, la menos interesada en captar nuevos clientes. De hecho, fue Claro quien solicitó su implementación a la Ursec en 2019.

Para el desarrollo de la portabilidad numérica, la empresa pública se embarcó en gastos para el desarrollo y la implementación tecnológica, además de las costosas campañas publicitarias en medios masivos. Esta campaña tuvo el doble fin de, por un lado, responder a la presión que la portabilidad impuso sobre su cartera de clientes y, por el otro, mostrar números positivos de portaciones de cara al referéndum.

Esto desató una “guerra de precios” entre los operadores que tuvo como resultado un aumento de las prestaciones de los planes, que redujo el monto pagado por gigas por los usuarios. Este efecto, que ciertamente en el corto plazo redunda en beneficios para los clientes, y que fue anunciado por la Ursec con bombos y platillos a tres días del referéndum, deja interrogantes para el futuro sobre la rentabilidad de los planes ofrecidos y la capacidad de inversión de las empresas.

Antel fue el que hizo los mayores gastos en publicidad (aunque todavía no se conozcan los datos oficiales sobre esto) y también quien realizó las ofertas más agresivas. A pesar de esto, datos preliminares al día doy indican que Antel no ganó clientes, a diferencia de los números presentados por las autoridades en las primeras semanas de su implementación. Autoridades que hoy se llaman a silencio.

Una situación que preocupa es la postura que ha tenido la propia empresa uruguaya frente a todas estas políticas. Cuando no fue el silencio, la empresa directamente detuvo su plan de desarrollo que la había llevado a liderar el mercado. Antel interrumpió sus inversiones en 5G (la nueva tecnología de la telefonía móvil), en la que fue pionera a nivel mundial en 2019. A 2020 la empresa pública se encontraba en inmejorables condiciones para seguir siendo vanguardia mundial en este tema y, sin embargo, se decidió suspender su desarrollo con una clara intención, una vez más, de “equilibrar el mercado con las empresas privadas”.

Se argumenta que las medidas llevadas a cabo por el gobierno en este sector tienen el objetivo de promover la competencia, la libertad. Pero, ¿puede esto mejorar la situación de los usuarios?

La “pesada herencia”

Observemos cómo se encuentra el sector de las telecomunicaciones en Uruguay.

Con datos de diciembre de 2021, en Uruguay 87% de los hogares tenía acceso fijo a internet, y de ellos, 81% lo hacía a través de la fibra óptica; se trata de los porcentajes más altos de los países desarrollados agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, la cobertura territorial de la telefonía móvil 4G es de 92,3% y alcanza a 99% de la población.

Esta mejora en la calidad se dio sin que tuviese un impacto en los precios. Uruguay presenta los precios más bajos de la región. Antel ofrece además diferentes planes sin costo (como el plan Universal Hogares) e infraestructura de uso público gratuitas (por ejemplo, en plazas y escuelas públicas).

Es cierto que la cobertura no alcanza el 100%, pero este despliegue hizo que Uruguay, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a 2018, tenga las menores inequidades en el acceso a banda ancha entre el medio urbano y rural en América Latina. Este logro es algo muy relevante porque los países presentan un gran desafío cuando intentan desplegar la infraestructura en telecomunicaciones, ya que es más rentable hacerlo en zonas más pobladas y aquellas más alejadas tienden a quedar relegadas. Uruguay, gracias a la visión de la empresa pública, realizó su desarrollo teniendo en cuenta aspectos sociales, como la equidad territorial, que hubiesen sido dejadas de lado por el mero accionar del mercado.

Por si esto fuera poco, Antel anunció la cobertura de fibra óptica de 100% de la población para 2023. Es decir que no precisa de la cooperación de ningún privado para el desarrollo de infraestructura.

No existe negocio posible que beneficie a Antel, que ya hizo la inversión y tiene casi todo el mercado cubierto. La van a presionar para que arriende el servicio que presta a hogares a otros intermediarios.

Más allá de las discusiones jurídicas sobre el tema, Antel llega a esta situación con un cuasi monopolio en el servicio de internet a los hogares, ya que ostenta cerca de 100% del mercado. Pero esta posición alcanzada va más allá de su sustento legal: la ha obtenido en base a una estrategia de desarrollo acertada. Es cierto que en sus inicios su estrategia se apoyó en el monopolio de la telefonía fija, pero su éxito radicó en el rápido y masivo despliegue de la fibra óptica, que convirtió su servicio en el mejor del mercado local.

Todo lo mío es tuyo

El reciente otorgamiento de las licencias no establece a través de qué infraestructura los cableoperadores van a brindar el servicio de internet a los hogares. Pero este negocio sólo tiene sentido si acceden a la fibra óptica de Antel, la tecnología que permite la transmisión de datos a alta velocidad y que les permitiría a los cableoperadores brindar un servicio de calidad.

Es importante recalcar que la fibra óptica tiene además un valor que trasciende el internet fijo para los hogares, ya que es la clave para desarrollar la tecnología 5G, la próxima generación de telefonía móvil. Por lo tanto, tanto Claro como Movistar han mostrado interés en su acceso y han presionado al gobierno para que habilite su uso a terceros. Estas empresas por ahora actúan en el mercado de la telefonía móvil, pero han mostrado intenciones de expandirse a brindar servicios de internet a hogares y además meterse en el mercado de contenidos audiovisuales como los cableoperadores.

Desde Presidencia se ha planteado en diversas iniciativas legislativas el tema del uso compartido de la infraestructura de Antel, pero todavía sin éxito en ninguna de ellas. Estos intentos se dieron en el marco del proyecto de la LUC, en el proyecto de ley de medios y en la Rendición de Cuentas de 2021.

Las nuevas resoluciones del Poder Ejecutivo ponen en jaque a Antel, que queda debilitada. A partir de ahora tiene competidores en el mercado de internet fija, donde ostenta 99%, que van a ir a golpear sus puertas para poder hacer uso de su red. No existe negocio posible que beneficie a Antel, que ya hizo la inversión y tiene casi todo el mercado cubierto. La van a presionar para que arriende el servicio que presta a hogares a otros intermediarios, que van a pretender pagar precios mayoristas (menores que los que pagan los hogares) para que su negocio tenga rentabilidad.

¿Y los cables del interior?

El artículo 56 de la ley de medios inhabilita a cableoperadores a brindar servicios telecomunicaciones y viceversa. Este artículo, aún vigente, fue declarado inconstitucional para cinco empresas, y fueron estas empresas las que pudieron obtener la licencia para brindar internet. La no aplicabilidad del artículo 56 para estas no obliga al Ejecutivo a brindarles las licencias.

Existe preocupación en el sistema político, en particular de algunos miembros de la coalición, de apoyar a los cableoperadores del interior para que puedan ampliar su cartera de negocios en un contexto en el que su actividad está en franco declive.

Sin embargo, estas resoluciones del Poder Ejecutivo no dan una respuesta a su problemática, ya que los principales beneficiados son cables de Montevideo, tres de los cinco habilitados hasta el momento.

En este punto, sobre los beneficiados por la medida, se encuentra otra de las grandes contradicciones de la medida implementada por el gobierno. Ese espíritu de “fomentar la competencia” en el sector telecomunicaciones se hace añicos si miramos el sector de los medios de comunicación masiva. Las licencias se otorgan a los tres cables de Montevideo, que además son propiedad de los tres canales de aire, quienes tienen un oligopolio en este mercado tan importante para la salud de la democracia uruguaya.

Hay que recordar que esta no es la única medida que el gobierno ha tomado para favorecer a estos grupos empresariales. En este marco también se pueden mencionar las flexibilizaciones a los límites de tandas publicitarias que el Poder Ejecutivo resolvió mediante decreto en 2020. Esto les ha permitido a los canales de aire privados aumentar la publicidad que pueden emitir y, por lo tanto, incrementar sus ingresos.

Conclusión

La medida es un nuevo paso dentro de una estrategia del gobierno que busca el debilitamiento de Antel, con un sustento ideológico (la libertad y la competencia), económico (hablamos de negocios de millones de dólares a los que los privados buscan acceder) y político (favorecer a quienes tienen el poder mediático en el país).

Por si esto fuera poco, esta estrategia choca de frente contra un ejemplo exitoso de desarrollo de lo público y la planificación estatal en las telecomunicaciones, uno de los sectores más dinámicos y puntal del desarrollo nacional futuro. Posición privilegiada que tenía Uruguay y que este gobierno no ha hecho otra cosa que dinamitar.

Rodrigo Gorga es economista.