Otra mala noticia para la educación: aplazan instalación del Instituto de Acreditación y Evaluación

La confirmación de un recorte en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de 100 millones de dólares en los últimos dos años, la escasez de recursos otorgados que no compensan lo perdido, la inexistencia del Inciso 26 correspondiente a la Universidad de la República (Udelar) y la muy baja previsión de recursos para investigación son signos característicos del Mensaje de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de 2021 del Poder Ejecutivo.

Pero no son los únicos aspectos negativos en materia educativa. Otro de ellos es el nuevo aplazamiento en la instalación del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (Inaeet), creado por Ley 19.852 del 23 de diciembre de 2019. Ese texto legal recogió un amplio apoyo de las instituciones terciarias y universitarias públicas y privadas en su momento. Este es el tercer aplazamiento promovido por el actual gobierno.

En setiembre de 2021 publiqué una columna denominada “¿Postergación o entierro?”,¹ motivada en la postergación prevista hasta 2023. Su contenido, lamentablemente, sigue vigente. Ahora se vuelve a postergar su aplicación para 2024. Nos acercamos, pues, al entierro de una institución imprescindible para la promoción de la calidad de la educación terciaria en Uruguay, único país en América que no cuenta con una institución de estas características.

El ministro de Educación y Cultura, en su comparecencia a la Comisión del Senado el 6 de junio para responder inquietudes sobre el proceso de reconocimiento del título universitario para formación en educación, señaló respecto del Inaeet que estaban “trabajando para ponerlo en funcionamiento”. También agregó: “Nosotros tenemos muchas ganas de ponerla en marcha”. Creímos, entonces, que el Mensaje del Poder Ejecutivo esta vez iba a incorporar algún artículo que lo hiciera posible o, por lo menos, que no existiera una nueva postergación. Sin embargo, el artículo 240 del Mensaje del Poder Ejecutivo establece que la vigencia de la ley será recién a partir del 1º de enero de 2024, por ahora...

El ministro en esa ocasión indicó que este instituto existe “sólo en los papeles” “ya que ni la ley de creación” ni “ninguna otra ley posterior le dio fondos”. Ante ello es preciso recordar que la ley fue aprobada en año electoral, por lo cual era imposible otorgarle recursos. Esa fue la razón para prever su instalación en enero de 2021, ya que iba a haber antes una Ley de Presupuesto que podía transferir recursos existentes en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y otorgar nuevos para su instalación. También permitía que se aprobara un decreto reglamentario.

Algo similar ocurrió en su momento con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Cuando se creó no tenía recursos. En su momento, para sus primeros pasos recurrimos a fondos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero luego se incluyeron artículos en sucesivas leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas que le permitieron funcionar. Esto fue así porque había voluntad política.

Que el Inaeet no tenga recursos es responsabilidad de la actual administración. No fue prioridad su instalación y por tanto no se le otorgaron recursos en la Ley de Presupuesto, ni en la Rendición de Cuentas 2020, ni ahora en el Mensaje del Ejecutivo. Tampoco se avanzó en su reglamentación.

Sin embargo, el propio ministro reconoció que el MEC había recibido en la Ley de Presupuesto “varios millones de dólares” para el proceso de reconocimiento de títulos universitarios de formación en educación. También el MEC destinó recursos extraordinarios para iniciar el proceso de reválida de títulos universitarios que hasta hace pocos días realizaba la Udelar. Quiere decir que no fue un problema de recursos sino de prioridades, como siempre lo es en las leyes presupuestales o de Rendición de Cuentas.

El resultado es muy negativo para la educación terciaria y universitaria del país. Se está perdiendo un tiempo precioso para avanzar en la evaluación y acreditación de carreras y programas universitarios profundizando una experiencia de 30 años en el país, en el marco de Mercosur Educativo.

Muchas veces se plantea la necesidad de impulsar políticas de Estado en materia educativa. Esto significa llegar a amplios acuerdos, institucionalizarlos, destinar recursos y continuar las acciones iniciadas en otros períodos. El Plan Ceibal y el Ineed pueden ser ejemplos, aun cuando el primero sufrió críticas de los entonces opositores y el segundo no fue votado por estos en su trámite parlamentario. ¿Por qué no podría serlo la evaluación y acreditación universitaria, que cuenta con apoyos muy importantes de especialistas en la materia, de las instituciones involucradas e incluso formó parte de los acuerdos interpartidarios en 2010? Cabe recordar que este texto recogió la aprobación de todas las universidades privadas, del Consejo Directivo Central y el Claustro de la Udelar, así como fue aprobado por la Universidad Tecnológica y los entonces consejos de Formación en Educación y de Educación Técnico Profesional de la ANEP.

¿Será explicación que el actual ministro fuera la única voz discordante en 2019, expresada en un editorial en el diario El País?² ¿Será que el Inaeet se constituye en una persona pública de derecho público no estatal con menos control de parte del MEC?

¿Será que su instalación inmediata hubiera desacreditado la participación del Ineed en los procesos de reconocimiento de títulos de formación en educación? Sobre esto el ministro dijo que el Inaeet fue creado para procesos de acreditación, pero no de evaluación. Sin embargo, debo corregir esta aseveración. El artículo 3 de esa ley establece entre sus competencias “desarrollar procesos de evaluación de las instituciones, sus unidades académicas y sus carreras a solicitud de aquellas”. Y como si fuera poco, en el literal C) de ese mismo artículo agrega: “Asesorar al Ministerio de Educación y Cultura en los temas vinculados con su competencia”.

El Inaeet es la institución adecuada para participar en los procesos de evaluación de formación en educación porque –también en esto siento discrepar con el ministro– se creó para recoger la rica experiencia en procesos de acreditación universitaria existentes en el país que no son ciertamente de reconocimiento, pero incluyen instancias de evaluación, y los especialistas en acreditación lo son de evaluación universitaria.

Por otra parte, los criterios y estándares de evaluación de la formación en educación deben converger con los establecidos para toda la educación universitaria del país, sobre todo si van a desarrollarse en instituciones no universitarias, como es el caso de la ANEP y posiblemente de otras instituciones públicas y privadas que se sometan a ese proceso.

¿Será razón de las sucesivas postergaciones que la ley de creación del Inaeet fuera aprobada durante el gobierno del Frente Amplio (FA)?

A ciencia cierta no sabemos las razones para no priorizar su instalación. Es el ministro de Educación y Cultura quien debe responder. En los 15 años de gobierno del FA se trabajó mucho para llegar a crear una agencia de evaluación y acreditación universitaria. Se fracasó dos veces con otros proyectos y finalmente se llegó al que hoy está aprobado y recoge amplísimos acuerdos. Ese fue el propósito, contar con una institución que fuera reconocida por todos los actores de la educación terciaria y universitaria. Ahora, el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley y, si no tuviera recursos para hacerlo, debería solicitarlos.

Por su parte, el Poder Legislativo que aprobó la creación del Inaeet por unanimidad en el Senado, las instituciones universitarias involucradas que participaron en su elaboración y quienes comparten la preocupación para impulsar una educación terciaria y universitaria de calidad como condición para el desarrollo del país, deberían defender la efectiva instalación de esta institución. Su nueva postergación le hace mal a la educación uruguaya.

Luis Garibaldi es maestro.