El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) es un organismo del Estado que pertenece al Congreso de Intendentes. De las 19 intendencias, 15 tienen intendentes del Partido Nacional, tres del Frente Amplio y una del Partido Colorado. Por consiguiente, puede considerarse que más de 90% de las diversas opiniones políticas están representadas en esta publicidad que se emitió por televisión el 11 de enero.

¿Qué decía esta publicidad? Varias informaciones, pero, fundamentalmente, que el 20 de enero se vence el plazo para pagar las patentes de vehículos (si se pagan por todo el año) con un descuento de 20%.

Esta información sin duda es muy útil para aquellos ciudadanos que puedan acogerse a esta oferta y también para las administraciones de los 19 departamentos. Y no tengo ninguna objeción al hecho de que el Congreso de Intendentes (que aparece firmando lo que sin duda preparó el Sucive, dependencia suya) haya decidido –o autorizado– que se efectuara un recordatorio que resulta beneficioso para la administración y para toda la ciudadanía.

Lo que quiero señalar son tres reflexiones que creo útiles. En primer lugar, este tipo de mensaje publicitario (costoso) no se emplea para otras funciones y actividades del Estado, que en muchos casos son vitales o culturales, esto es, de mayor valor que lo que llamamos económico. Tampoco se emplea para otras situaciones similares relacionadas con vencimientos.

En segundo lugar, al emitirse por un canal de televisión privado, sugiere que lo fue a título oneroso. Si así lo fue, el Congreso de Intendentes, al difundir por un canal de televisión privado una información como aviso publicitario, pasó a subvencionar al canal, cuando este no paga actualmente nada por la onda que usufructúa, pese a que todavía está vigente la ley de servicios de comunicación audiovisual que obliga al pago de un canon.

En tercer lugar, hay que recordar una disposición jurídica del derecho internacional que nuestro país suscribió: “Las ondas radioeléctricas son patrimonio de la humanidad”. Esta misma norma fue posteriormente incorporada a nuestro derecho positivo en la ley de radios comunitarias. Su significado es obvio: nadie puede ser propietario de una onda.

Llama la atención que hayan coincidido sin reservas los 19 intendentes en este aviso. Más vale pensar que tal vez no hayan sido informados, pero, de todos modos, hay que reconocer que la problemática de la comunicación audiovisual no figura casi en la derecha política y muy poco en la centroizquierda.

Tanta influencia tiene nuestro modelo privatista, que ha pasado a ser considerado casi un hecho natural y no se conocen otras realidades, también en países capitalistas con gobiernos democráticos, donde la legislación, sin dejar de proteger la libertad de expresión, garantiza un mejor nivel.

Roque Faraone es escritor y docente