La cada vez más necesaria Universidad de Educación

Desde hace muchos años hemos planteado este tema en el ámbito público. Los procesos históricos y sus protagonistas determinaron que tempranamente la formación de docentes fuera incorporada al ámbito terciario no universitario. Este error histórico provocó una grieta en la formación académica de nuestro país. La investigación y la extensión se concentraron en la Universidad de la República, dejando en exclusividad la formación de educadores a los Institutos Normales, los institutos de formación docente (IFD), el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y posteriormente los centros regionales de profesores (CERP).

Esta independencia institucional no ha sido excluyente. Los institutos de formación docente han generado un rico campo de exploración e investigación, pero no como parte de su cometido esencial. Tampoco han podido desarrollar el extensionismo o el ejercicio pleno del cogobierno, como existe en la Udelar.

Al mismo tiempo, buena parte de la masa crítica, de nuestros académicos e investigadores, encuentra sus orígenes en la formación docente. Los casos son abundantes y notorios.

En los últimos 20 años, diversas iniciativas, desde el ámbito político y social, han intentado resolver este entuerto sin poder concretar el objetivo.

El actual gobierno está llevando a cabo un programa de acreditación que resulta difícil de entender. En primer lugar, porque se argumenta que viene a solucionar un problema que no existe. Los títulos otorgados por el Consejo de Formación Docente son reconocidos y aceptados a nivel universitario para la inscripción a cursos de posgrado, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ningún docente que realice la prueba de acreditación de nivel universitario de grado podrá acceder a un curso al que con anterioridad no accediera ya con su formación previa, este no es un problema que tengan (tengamos) los egresados de formación en educación de ANEP.

En segundo lugar, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) plantea los beneficios que obtendrán los docentes al lograr la acreditación universitaria con un título de Licenciado en Pedagogía. Quien observe la propuesta realizada por el MEC verá que la prueba planteada no remite a ninguna formación específica en pedagogía. Esta prueba, creada por un instituto de Colombia, evaluará sobre: comprensión lectora, matemática y estadística, producción escrita y organización textual, formación disciplinar, habilidades tecnológicas y digitales, y habilidades para la educación inclusiva. Se evaluará a docentes egresados sobre los ítems citados para acreditar un título universitario sin el más mínimo aporte de formación universitaria. Es la acreditación de un título universitario no otorgado por una universidad, sin acercarse siquiera a las prácticas universitarias. Parece un absurdo, pero es lo que está sucediendo y el gobierno está destinando muchos recursos, necesarios en otras áreas de la educación, en algo innecesario e inconducente. Ni hablemos de las violaciones a la autonomía de la ANEP impuestas por el MEC (en breve dedicaremos un artículo a estos temas).

La intención de dotar de carácter universitario a la formación docente no es un planteo reciente. En mayo de 2006, la XIII Asamblea Nacional Docente¹ desarrollada en Salto resolvió la necesidad de generar un espacio de carácter universitario, sumando la investigación y la extensión. Esta pretensión fue reafirmada en 2017, en solicitud directa al presidente de la República y a la ministra de Educación de la época.²

En 2007, el Primer Congreso de Educación Maestro Julio Castro no definió la creación de una universidad formadora de docentes, pero entre sus resoluciones estableció “defender el carácter universitario de la formación docente, entendido este como extensión, investigación y docencia”.

Los primeros proyectos pretendieron crear un nuevo instituto universitario; fue el caso del Instituto Universitario de Educación (IUDE), previsto en la Ley General de Educación de 2008, que por diversos motivos, incluso de diseño, no logró prosperar.

En 2010 se presentó un informe realizado por varias instituciones públicas (MEC, Udelar, INAU, ANEP), en donde se abordó la necesidad de dar carácter universitario a la formación docente, en formato de instituto.³

El Grupo de Reflexión sobre Educación, fundado entre otros reconocidos profesionales por el maestro Miguel Soler Roca (fallecido en 2021), ha realizado valiosísimos aportes a la discusión de la realidad educativa. En 2013, el grupo expresaba al respecto: “el estatus y el trabajo académico de nivel universitario, la posibilidad de mayores intercambios con el exterior, la prescripción legal del título habilitante para ejercer la docencia en la enseñanza en los niveles primario y secundario, pueden significar que la Formación Docente comience a tener un mayor atractivo. No obstante, se hace necesario que el Sistema Educativo rediseñe una carrera docente más dinámica, ofreciendo a aquellos que lo prefieran una diversificación de tareas que sustituya a la función de enseñanza como la cuasi única opción durante toda la vida laboral. El currículo de la nueva universidad debería ofrecer la formación requerida en cada caso, así como la posibilidad de perfeccionamiento permanente”.⁴

Originalmente el Frente Amplio se había volcado a la creación de dos institutos universitarios: uno para la rama tecnológica y otro para la formación docente; así lo establece la ley de educación votada en 2008. Con el impulso de la creación de la Universidad Tecnológica, y con el liderazgo del presidente Mujica, se abrió la posibilidad de crear una tercera universidad pública. Es así que el proyecto de instituto pasó a ser un proyecto de universidad y la bancada de diputados del Frente Amplio lo consideró en el Parlamento en 2013, logrando la mayoría necesaria para la media sanción; faltó un voto en el Senado para su aprobación, la oposición del momento no acompañó (salvo el sector de Bordaberry), haciendo naufragar el proyecto. Posteriormente, la creación de una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada fue incorporada en el programa de gobierno de cara a las elecciones de 2015.

En 2017 se envió un proyecto de ley, que no fue puesto a consideración en el Senado dado que no se contaban con los votos para su aprobación, ya que la creación de un ente autónomo, como lo establece la Constitución de la República, requiere mayorías especiales. Dicho proyecto se encuentra desarchivado y en análisis de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

A nuestro pesar, hasta el momento no hemos conseguido obtener los consensos necesarios para conseguir los votos suficientes, el gobierno es mano y ha tenido una postura contraria a la creación de una tercera universidad pública.

Pese a las dificultades que hemos encontrado en el camino, se trata de un paso imprescindible para mejorar la calidad del sistema educativo en su conjunto y una respuesta realmente transformadora (palabra usada en forma tan irresponsable en estos tiempos).

La necesidad de dotar de carácter universitario a nuestra formación docente no pasa por un reconocimiento inconducente, sino por transformaciones institucionales que vengan de la mano de procesos participativos. Tampoco existen soluciones definitivas, pero para que este tema avance se necesitan amplios acuerdos políticos y sociales. Aún estamos a tiempo.

Sebastián Sabini es docente y senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.