Lo difícil: política criminal pública

La izquierda tiene un desafío. Construir una política criminal pública a partir de consensos con partidos, organizaciones sociales y academia. Pero requiere en primer lugar exponer las bases propias, su punto de vista que genere un debate productivo. Lo otro es pegarse a un relato que le dispute a la derecha la mano dura. Una tentación que puede caer bien a nivel popular. Ceder a esto parece un recurso rendidor, pero además de llevarnos a nuevos errores, nadie puede explicar por qué la ciudadanía, entre la mano dura de la derecha y la de la izquierda, eligiría esta última. Otra tentación es defender acríticamente todo lo hecho bajo la falsa premisa de que supimos hacer pero comunicamos mal. Política es comunicación. Punto.

Los partidos políticos de la coalición de derecha desde los 90 ensayan fórmulas, hoy potenciadas por la ley de urgente consideración (LUC): aumentar penas de prisión y fortalecer lo represivo de la función policial. Las administraciones del Frente Amplio intentaron otro camino. No fue un camino de rosas, tuvimos insuficiencias, y en algunos casos errores. Cargaron contra estas debilidades electoralmente, porque en la ciudadanía rinde mucho explotar el miedo y la inseguridad. Pero demostraron que son un desastre. Ineficacia y corrupción.

Sociedad del cansancio y del miedo

Nadie duda de que vivimos en una sociedad insegura. Vivimos con miedo y violencia. La diferencia entre lo objetivo y subjetivo no tiene validez hoy en día. Porque hombres y mujeres con miedo, inseguros, convivimos mal. Una parte importante son víctimas de todo tipo de violencias, y otra parte es victimaria. Una parte elige el camino de lo delincuencial, y otra parte importante de “gente de bien” compra cosas robadas. Los homicidios han crecido exponencialmente y son apenas el iceberg de una violencia generalizada que tiene raíces mucho más complicadas que los razonamientos simplistas. Es decir, tenemos un problema. De larga data. América Latina ha sido la región más violenta del mundo. También la más desigual. Los que mueren son jóvenes, mujeres, pobres, negros. Las respuestas de guerra sólo han incrementado el crimen y fortalecido las organizaciones criminales. Necesitamos otros caminos.

Algunos aportes

Rescato algunas ideas para la construcción de la gran ausente: la política criminal pública. Como orientación bien explicada por el doctor Jorge Díaz, contiene cuatro pilares: prevención, represión, investigación criminal, administración de justicia. Un pensamiento racional que habilite al Estado a tener una guía de acción y poder gestionar el tema más allá de la actuación policial o del Ministerio del Interior. Administrando la fuerza y la capacidad del Estado.

Parece obvio pero hay que insistir: seguridad y convivencia son derechos humanos. Es más: están vinculados al proyecto de desarrollo humano con justicia social a largo plazo. Es el primer supuesto.

¿Otras herramientas institucionales?

La Junta Nacional de Drogas, que depende de Presidencia y está integrada por nueve viceministros, con una secretaría general, sigue siendo un formato a imitar o incluso a reconvertir. La clave está no sólo en que es un organismo multiagencia con capacidad integral. El secreto está en la forma de construir los presupuestos, que deben ser transversales. Esto apunta a un abordaje integral, multidisciplinario del tema, y a economizar esfuerzos presupuestales con mayor eficiencia. Esto debe acompañarse con el relanzamiento de las Mesas de Seguridad y Convivencia como la base territorial del despliegue de una política criminal pública.

Las experiencias de construir seguridad con vecinos y vecinas, organizaciones sociales, organismos estatales y la Policía conforman un factor esencial. No hay políticas sin asiento local. No se trata de un lugar para canalizar quejas y denuncias. Es más que eso. Es la comunidad organizada planificando la seguridad en forma integral. Hay experiencias alentadoras: CC3 Mercado Agrícola, SACUDE, Palomares, Aleros de Plaza de Deportes 6, Movimiento de Usuarios y Usuarias en Salud del Cerro.

Acciones prioritarias de prevención criminal

Programa Pobreza Infantil Cero. En base a las iniciativas ya generadas a nivel parlamentario, académico y comunitario esta acción es de prioridad absoluta. Es necesario crear un Fondo Pobreza Infantil Cero, como se hizo con el coronavirus. No vengan con que no hay que crear impuestos. Para esto y con ese destino, sí. El problema delincuencial no es sólo un tema de pobres, pero es un vector a considerar y además es infamemente injusta esta situación infantil.

Reestructura urgente del sistema penitenciario. Como preguntó recientemente un profesional de la Policía, ¿cuál es la zona geográfica del país con mayor índice de homicidios y violencia? El Comcar y el Penal de Libertad. Están bajo la órbita y control del Estado. El nivel de hacinamiento va de la mano con uno de los mercados de tráfico de drogas y de armas más intenso que tenemos. El concentrado de delitos sigue siendo dentro de las cárceles. Uno de los estados más punitivos de Estados Unidos, el de Texas, acaba de cerrar 15 cárceles. Los gringos no son bobos. Sacaron las cuentas y resulta que es mucho más efectivo y eficiente en términos de costo-beneficio armar un buen andamiaje de penas alternativas y de mecanismos de rehabilitación en salud, educación y laboral. Lo mismo que para los programas de egreso. ¿Queremos realmente avanzar en resolver la delincuencia? Esto es prioritario.

Acciones prioritarias de persecución criminal

Lavado de activos y combate a la corrupción. Es necesario privilegiar dos temas que inciden en la criminalidad y que son nucleares: el combate a la corrupción y al lavado de activos, es decir, a la ruta del dinero. Como bien lo viene exponiendo Ricardo Gil, donde hay delitos de crimen organizado, hay dinero y hay corrupción. No es posible desatar este paquete, y tanto desde lo político como desde la operativa fiscal, policial y judicial deben ir unidos.

Ahora parece que descubrimos que no somos un país santo. Ominosamente la corrupción aparece en niveles del sistema político y de otras entidades públicas. También en el ambiente empresarial. Lo peor (lo han señalado prestigiosos académicos como Juan Pablo Luna y Andreas Feldmann en su obra Política criminal y desarrollo fallido en la América Latina contemporánea) es que en estos ámbitos no se quiere entender. Más bien: algunos no entienden, otros no quieren entender, y otros ya lo entendieron muy bien.

Estuvimos en una lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por falta de transparencia en tema de evasión fiscal y tributaria. Salimos de esa ignominia en 2011 por firmar 18 acuerdos que garantizaban nuestra voluntad de transparencia. Sin embargo existe la estupidez de pensar que hay que atraer capitales, vengan de donde vengan, y bajar los controles molestos para quienes evaden impuestos o quieren lavar dinero. La baja de reportes de los sujetos obligados genera el peligro de que Uruguay caiga en descrédito internacional por el próximo examen que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, organización intergubernamental que agrupa a 18 países de las Américas. Podemos no pasar el examen y caer en una lista gris.

La inacción para los casos de corrupción demuestra la falta de voluntad política en usar instrumentos legales que ya existen. De coordinar varios organismos en la investigación, prevención y sanción judicial o ética. La responsabilidad de ética y transparencia en los partidos políticos, entidades empresariales y organizaciones sociales es un desafío. Seguir solazándose de que Uruguay es un bambi que no tiene corrupción lo único que hace es bajar la guardia. En este tema hay que ser bien claros: no hay doble rasero. Al que le toca, le toca, y es necesario ser inflexibles con todos los casos.

Transparencia

La transparencia en el sistema político y en los ámbitos sociales es un eje fundamental en la prevención de la corrupción. La transparencia en la elección de fiscales y jueces parece ser un tema tabú. Suscribo en todos sus términos la reciente nota de Edison Lanza en la diaria, “Razones para establecer un proceso de selección del fiscal de Corte público, transparente y participativo”.

Se trata de trasladar la experiencia internacional en los procedimientos de elección que evalúan en profundidad a quienes se postulan y garantizan ante la ciudadanía los méritos y el concurso abierto de los y las más meritorias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Relatorías Especiales de Derechos Humanos, así como la experiencia de otros organismos internacionales, son paradigmáticas. Es un camino necesario.

Vivimos una época y un mundo violentos. Se ha instalado una cultura de agresión, de odio, de ver al otro/a como enemigo. Asusta mirar los conflictos en actuales escenarios de guerra y asistir a la crueldad, la agresión y la matanza en grados que ya son conocidos por la humanidad, pero no menos lacerantes. Sabemos adónde conduce el clima de guerra e impunidad, cuál es el destino de los discursos de odio y violencia que abundan en la región y en el país. Se trata de alumbrar un camino de paz y de convivencia con principios humanitarios. No es changa. Se logra si lo podemos instalar como una cultura de compromiso de todos y todas.

Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.