El IAVA suspendido

La suspensión es la máxima sanción en Secundaria, sólo previa a la expulsión. Se toma cuando el estudiante comete un hecho grave que infringe fuertemente las pautas de convivencia del centro educativo, la normativa de los liceos o los derechos de otros actores de la comunidad.

Pasado un año del conflicto que tuvo su inicio en el salón del gremio estudiantil, las autoridades de la educación resolvieron suspender al IAVA como tal (en sus rasgos esenciales), pero en este caso argumentando faltas graves que no han podido probar en ninguno de los procesos administrativos iniciados. Es más, a la luz de los hechos, lo que sí es grave es la persistencia en la saña (que nunca se justifica y que ni siquiera puede invocar pruebas certeras) contra una comunidad educativa históricamente respetada y querida.

La suspensión es claramente política y se ha transformado también en una suspensión en la opinión pública, porque los efectos de la intervención persisten invisibilizados. Por eso estas líneas pretenden aportar a que se conozca lo que pasa en el IAVA y a que la autocrítica de las autoridades dé paso a la sensatez. No se exige un mea culpa público si no están dadas las condiciones; aun así, es posible adoptar medidas silenciosas que recompongan parte del tejido social dañado.

El 19 abril de este año, el Consejo Directivo Central (Codicen) de Robert Silva aprobaba en actas una serie de medidas por unanimidad que parecían apuntar a recomponer la situación, pero eso no sucedió. Una de las acciones era: “Se trabajará para generar un espacio de diálogo con la comunidad educativa del IAVA en el que puedan contribuir con sus puntos de vista”. Ese diálogo, que ha estado en el centro de la concepción histórica del sistema educativo, hasta hoy no existió. Es más, unos meses después de esa definición del Codicen, en una instancia tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo, sucedió lo contrario: “No se presentaron las autoridades y enviaron abogados de intermediarios”. Recordarán las autoridades que, volviendo a la misma resolución, esta se iniciaba con un reconocimiento a los docentes por la suspensión de las actividades en el marco de las negociaciones que se llevaban adelante.

Pasando por el cernidor –y hagan sus averiguaciones–, quienes han tenido voluntad de diálogo han sido los integrantes de la comunidad educativa del IAVA. No hubo diálogo con los estudiantes ni se permitieron instancias de participación de las familias desde la Asociación de Padres de Alumnos Liceales (APAL), que no se ha conformado por responsabilidad de las autoridades intervinientes.

Hay que recordarle al actual candidato colorado-batllista Robert Silva que el IAVA se fundó en 1911, en pleno impulso del primer batllismo, y si hay algo que ha tenido su herencia política es la capacidad amortiguadora de las diferencias existentes en la sociedad, para lo cual el diálogo es una condición altamente conveniente. Lo que sucede es que no ha existido voluntad de diálogo, sino más bien una decisión sostenida de suspender al IAVA en lo que este representa. Lo que se escribió en abril en el papel las autoridades lo borraron por la realidad de los hechos.

Se puede pensar que nos encontramos ante un episodio con componentes reales y otros que constituyen fantasía, pero no es así. Escuché esta semana testimonios de estudiantes que me hicieron saber que las inspectoras que tienen a cargo el IAVA les dijeron que tenían (los estudiantes) “un tiempo de derechos suspendidos”. Les concedo el derecho a la réplica a las autoridades y hago la aclaración de que cuando los docentes fueron a preguntarles (a las inspectoras) si habían hecho tal afirmación, lo negaron. En menudo embrollo nos encontraríamos si lo hubieran confirmado. Igualmente preocupan otras palabras que sobrevuelan, como que “el IAVA es un liceo enfermo y los profesores son unos revoltosos”.

No hay violencia simbólica más efectiva que la que intenta cargar de elementos negativos a algo para justificar un accionar que soporta una violencia más explícita. Esa violencia más explícita se expresa en la suspensión de las condiciones históricas de la cantidad de grupos del IAVA. Para el año que viene se pretende recortar (sí, recortar) el 43% de los grupos (19), bajo la justificación de la baja matrícula debido a la reducción demográfica, lo que no condice con el hecho de transferir estos grupos a otros liceos.

Los estudiantes de todo Montevideo que asisten allí, los migrantes, los estudiantes sordos, van a ser suspendidos, por ejemplo, en su derecho de ingresar a primer año de bachillerato (lo que era cuarto de liceo), tampoco aquellos que quieran la orientación Humanístico en segundo año (lo que era quinto) lo podrán hacer –tendrán que cambiar de institución porque no habrá grupos– y aquellos que quieran hacer Derecho sólo encontrarán un grupo por turno. Incluso se verán afectadas las posibilidades de cambio de orientación u opción, de ser necesario, teniendo que cambiar, además, de liceo.

La suspensión del IAVA será permanente para los estudiantes sordos. El liceo tiene una tradición de integración histórica de los sordos. Los van a trasladar del liceo, también del liceo 32, para el liceo 27, que es de adultos. Sí, adolescentes forzados a estudiar, si quieren hacerlo, en un liceo de adultos. Tal vez aquello de “tendrán los derechos suspendidos” no es fantasía de los estudiantes. Podría describir situaciones muy preocupantes de la vida cotidiana de los estudiantes y particularmente de los estudiantes sordos, en las que las autoridades transitorias del centro no han tenido la debida contención y acompañamiento, han hecho lo que pueden tanto los docentes como los adscriptos. La comunidad del IAVA sabe de qué hablo, simplemente no lo traigo de forma explícita para no revictimizar a quienes sufrieron. Hay, por lo tanto, también una suspensión afectiva, fundamental para que los estudiantes sientan que el centro es su lugar de pertenencia.

¿Y cuáles son las faltas graves del IAVA para justificar una suspensión que engloba otras suspensiones? ¡No aparecen! Lo que sí continúa siendo una realidad es un liceo intervenido con una dirección transitoria y un exdirector al que no se le pudo comprobar nada y que estuvo seis meses sin cobrar su salario. Mientras tanto, los énfasis no parecen ser recuperar la normalidad bien entendida, sino continuar pagando vigilancia a una persona para que no se vandalice el salón estudiantil.

Por primera vez en sus más de 100 años, el liceo público del que salieron casi todos los presidentes posdictadura arrancará 2024 con un montón de salones vacíos. Estamos a tiempo de revertirlo. El tiempo corre, y el IAVA no está enfermo como se ha dicho por ahí, el IAVA quiere volver a la vida. Mientras tanto, siente el dolor, en sus paredes, en la antigua vida de sus salones y sus pasillos, en el estado anímico de su comunidad educativa. Esperemos que quienes tienen responsabilidad política actúen para modificar la situación, y que también actúen aquellos que ahora no conducen pero sí formaron parte de las decisiones y hoy están haciendo campaña electoral. Mientras tanto, sigamos alzando voces para que la suspensión del IAVA no sea suspensión en la opinión pública. Tengo confianza en que va a ganar la racionalidad y ese espíritu de cuidado de lo que es público que compartimos la gran mayoría de los uruguayos independientemente de nuestras tiendas políticas. A los estudiantes, docentes y familias del IAVA, mis respetos.

Enrique Rubio es senador de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio.