Hace cuatro años, en plena campaña para las elecciones de 2019, el tema de la seguridad pública era uno de los centros del discurso opositor, que le atribuía al gobierno frenteamplista una política equivocada, llegaba a acusarlo de poner los derechos de los criminales por encima de los del resto de la población y atizaba la percepción de que salir a la calle se había vuelto muy peligroso.

Las expectativas de una mejora sustancial no se han visto satisfechas, la desaprobación al desempeño del ministro Luis Alberto Heber es alta, y no cabe esperar que haya grandes cambios hasta fines del año que viene. Lo que más importa ahora es cómo se va a encarar la cuestión en el próximo período de gobierno, y esto dependerá en gran medida de lo que haya aprendido el sistema partidario.

En 2020 se anunciaron nuevas políticas y se descalificó de antemano cualquier aporte desde el Frente Amplio, alegando que los responsables de una situación desastrosa no estaban habilitados a plantear propuestas y que quienes los sucedían sabían muy bien qué hacer. Se llegó incluso, antes de que terminara aquel año, a la destitución del jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, tras una reunión suya con el exdirector frenteamplista de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal.

Recién este año cambió parcialmente la actitud de las autoridades, con la convocatoria a un diálogo para buscar acuerdos y establecer orientaciones más allá de este período de gobierno, acompañada por el reconocimiento implícito de que es necesario retomar varias políticas anteriores que fueron interrumpidas o desmanteladas, aunque Heber ha mantenido una actitud altanera e insiste en que la oposición “no le perdona el éxito”.

El cambio llegó tarde, porque es muy difícil que en un año preelectoral la oposición acepte ponerse de acuerdo con el gobierno en un área en la que hay fuerte descontento con su gestión, pero no cabe duda de que lo más conveniente para el país, con miras al futuro, es que ambas partes reconozcan que no lograron los resultados esperados por la población cuando les tocó gobernar y que deben cooperar para que haya más posibilidades de alcanzarlos.

El índice de los problemas está bastante claro, y una de las prioridades obvias es el narcotráfico. Hay que crear condiciones para que este deje de hallar en Uruguay facilidades de avance en el control de territorios, el almacenamiento de droga en grandes cantidades y la instalación de laboratorios. Hay que revertir las debilidades aduaneras y las de la prevención del lavado de activos y la compra de complicidades en las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y los partidos.

Otra prioridad son las cárceles, donde el hacinamiento, la precariedad y el descontrol no sólo violan derechos humanos básicos, sino que también propician los altos índices de reincidencia y el reclutamiento por parte del crimen organizado en gran escala.

Nada de esto se arregla echándoles la culpa a otros, aumentando penas o aplicando el recetario bruto de la mano dura. Urgen las políticas de Estado inteligentes y eficaces, antes de que sea más tarde.