El desafío de la inclusión afrodescendiente en la política uruguaya

El igualitarismo en Uruguay, basado en la idea de que todas las personas tienen las mismas oportunidades y derechos sin distinción, ha sido históricamente una de las banderas nacionales. Sin embargo, esta noción de igualdad formal se convierte en un obstáculo cuando ignora las desigualdades estructurales que afectan a diversos grupos, incluida la población afrodescendiente. Al asumir que todas las personas parten del mismo punto de partida, el discurso igualitarista minimiza la necesidad de políticas específicas para corregir las brechas históricas y estructurales en el acceso a la educación, empleo, vivienda y representación política. Como resultado, las acciones afirmativas y las políticas de reparación suelen percibirse como innecesarias o injustas, perpetuando la exclusión y la invisibilización de las experiencias afrodescendientes.

El igualitarismo uruguayo ha dificultado el reconocimiento del racismo y la consolidación de una verdadera equidad. Más que generar inclusión, este modelo refuerza un "racismo a la uruguaya" que, al negar la dimensión étnico-racial como un factor determinante en las oportunidades de vida, profundiza las desigualdades existentes. Para avanzar en el desarrollo de la población afrodescendiente es fundamental reemplazar esta perspectiva igualitarista, que no garantiza sus derechos, por un enfoque de justicia racial que reconozca las desigualdades estructurales y actúe en consecuencia.

A pesar de que Uruguay sigue siendo reconocido como una de las democracias más sólidas del mundo, este reconocimiento no se traduce en una mayor representación de afrodescendientes en la política. Al igual que en la región, en Uruguay la representación política de las poblaciones afrodescendientes ha sido históricamente limitada debido a múltiples factores estructurales: racismo sistémico, exclusión económica y falta de acceso a espacios de toma de decisiones. No obstante, en las últimas décadas se han logrado algunos avances que deben ser reconocidos y fortalecidos, no como un punto de llegada, sino como un paso más en la construcción de democracias verdaderamente inclusivas.

La representación política de grupos históricamente excluidos no es un tema menor ni un gesto simbólico; es un pilar fundamental de una democracia fuerte. Una democracia que no refleje la diversidad de su pueblo está incompleta y corre el riesgo de perpetuar desigualdades en lugar de erradicarlas. Garantizar la participación de la población afrodescendiente y de otros sectores relegados no es sólo una cuestión de justicia, sino una condición indispensable para sociedades más equitativas y democráticas.

En Uruguay, a diferencia de otros países de la región, no existen políticas de acción afirmativa en el ámbito político que garanticen la presencia de personas afrodescendientes en los espacios de representación. Tampoco se han implementado medidas concretas que apunten a la justicia racial dentro de las estructuras partidarias. Sin embargo, la creciente conciencia sobre la importancia de la participación política ha impulsado el surgimiento de liderazgos afrodescendientes y la creación de instancias específicas para abordar estas cuestiones. Este proceso no ha sido espontáneo ni resultado de concesiones. Ha sido fruto de una lucha constante y sostenida por militantes, organizaciones y activistas que comprenden que sin participación política no hay posibilidad de incidir en las decisiones que afectan a la población afrodescendiente.

En el período legislativo anterior, por primera vez, Gloria Rodríguez (PN), mujer afrodescendiente, ocupó una banca en el Senado. Este hito se suma a los precedentes en la Cámara de Diputados, donde han participado diputados afrodescendientes como Edgardo Ortuño (VA-FA) y Felipe Carballo (711-FA), y diputadas suplentes como Susana Andrade, Claudia de los Santos y Alicia Esquivel. En la actual legislatura, la diversidad étnico-racial sigue presente, con Felipe Carballo en el Senado y Rubenson Silva (MPP) en la Cámara de Representantes, además de suplencias en la Cámara de Representantes como la de Juanita Silva y la de Doris Píriz en el Senado.

Desde mi propia experiencia como suplente de edila en la Junta Departamental de Montevideo (2015-2020), puedo dar testimonio de los desafíos de abrirse paso en la política siendo afrodescendiente. La falta de referentes, la resistencia de ciertos sectores, la violencia política y la constante necesidad de demostrar capacidad en espacios históricamente excluyentes siguen siendo barreras vigentes. No obstante, también he visto cómo la persistencia y el compromiso permiten conquistar lugares que antes parecían inalcanzables.

Asimismo, y como parte de estos avances, se han generado espacios dentro de estructuras partidarias para abordar la agenda afrodescendiente y el combate al racismo. Ejemplo de ello es el Frente Social Afrodescendiente dentro del Movimiento de Participación Popular (MPP), que busca fortalecer la voz y las demandas de la población afrodescendiente en la agenda política. Asimismo, dentro del Frente Amplio (FA), la Comisión Antirracista y Afrodescendiente se ha consolidado como un ámbito para la incidencia en la definición programática para el plan de gobierno. En el Partido Nacional, el Movimiento Afro Nacionalista también ha surgido como un espacio de articulación en estas temáticas.

La lucha contra el racismo no puede quedar relegada a la voluntad de unos pocos ni depender de espacios específicos dentro de los partidos. Es necesario que el compromiso con la justicia racial se traduzca en políticas reales de inclusión y representación, más allá del discurso. La asunción de este nuevo gobierno representa una oportunidad ineludible para avanzar en la justicia racial. Esperamos que no sea ignorada ni postergada, sino asumida con el compromiso y la acción que la historia y la lucha de la población afrodescendiente demandan.

Este año celebramos un logro importante. Por primera vez un afrodescendiente ocupa el cargo de ministro: Edgardo Ortuño está al frente del Ministerio de Ambiente. Asimismo, destacan las designaciones de José Luis Pereira en UTE y Fernando Leguizamón como subdirector de la Dirección Nacional del Liberado. Si bien estos espacios no están específicamente destinados a políticas de equidad étnico-racial, su presencia en altos cargos del Estado representa un avance en términos de justicia racial y reconocimiento del derecho de la comunidad afrodescendiente a participar en la toma de decisiones.

Sin embargo, al igual que en el caso de las mujeres, un mayor número de representantes afrodescendientes no garantiza por sí solo la implementación de políticas transformadoras. Es imperativo que el gobierno manifieste su compromiso con la justicia racial y convoque a personas afrodescendientes que hayan generado procesos colectivos y sean reconocidas por el movimiento afro para liderar las transformaciones necesarias. Sólo así lograremos construir un país verdaderamente democrático e inclusivo, donde la lucha contra el racismo no sea una consigna, sino una realidad.

Con el inicio de un nuevo período de gobierno progresista, resulta esencial plantear una serie de preguntas clave que deberán guiar las metas de este ciclo. ¿Qué objetivos específicos se propondrán para garantizar el acceso equitativo a la educación, el empleo y la vivienda? ¿Qué medidas concretas se implementarán para reducir la pobreza infantil, que afecta a la mitad de las infancias afrodescendientes en Uruguay? ¿Qué políticas y estrategias se diseñarán para abordar la violencia racial que enfrentan las mujeres afrodescendientes, y cómo se garantizará su acceso a la justicia y la protección efectiva? ¿Qué acciones específicas se tomarán para reducir la pobreza que afecta de manera desproporcionada a la población afrodescendiente, y cómo se asegurará la inclusión y la equidad en las políticas sociales y económicas del país? ¿Qué mecanismos de evaluación se implementarán para medir la efectividad de las iniciativas? ¿Cómo se fomentará la participación afrodescendiente como actores centrales en las políticas públicas dirigidas a su desarrollo?

Al finalizar este período, la rendición de cuentas no debe limitarse únicamente a las políticas de reconocimiento y visibilidad de la cultura afrouruguaya, sino que debe necesariamente considerar un enfoque redistributivo, cuyo impacto sea tangible en la mejora de la calidad de vida y en el aumento de las oportunidades para la población afrodescendiente en el país.

Noelia Maciel es feminista, antirracista e integrante del Frente Social Afrodescendiente del MPP.