Impuesto a los superricos y políticas de primera infancia: ¿reclamar el crédito o evitar la culpa?

La discusión sobre un nuevo impuesto del 1% a los superricos se ha instalado en la agenda pública. Hasta ahora, la discusión es principalmente entre economistas y está centrada en cómo afectaría un impuesto de estas características a la economía. El tema ha reavivado el debate técnico sobre política tributaria que, aunque presente en círculos especializados, hace tiempo no lograba ingresar en la agenda.

Lo que aún no ha salido a la superficie es la discusión sobre el eventual impacto político-electoral. Desde hace varias campañas es frecuente ver a los candidatos comprometerse a no subir impuestos. Lo hizo Luis Lacalle Pou en 2019 y lo hizo Yamandú Orsi en 2024. Lo que hay detrás es un supuesto compartido: “La gente no quiere más impuestos”. Este sentido común político-electoral parece una verdad grabada en piedra. Pero ¿qué tan cierto es esto en Uruguay?

El Monitor de Actitudes Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (MAS-FCS) llevó adelante una encuesta entre el 7 de abril y el 4 de junio de 2025 en la que relevó la opinión ciudadana sobre asuntos vinculados con la desigualdad, el rol del Estado en la resolución de problemas sociales y el funcionamiento de las principales políticas de bienestar en Uruguay. En el momento de la encuesta, la discusión sobre el impuesto al 1% no estaba instalada, por lo que los resultados son una muy buena aproximación a la opinión pública previa a la entrada del tema en agenda.

Una de las preguntas de la encuesta buscó relevar el nivel de acuerdo en crear impuestos a las personas más ricas con el objetivo de crear nuevos programas sociales para atender necesidades básicas. El 53,9% de la población encuestada respondió que estaría de acuerdo o muy de acuerdo, el 37,1% se manifestó en desacuerdo o muy en desacuerdo, el 7,5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 1,4% optó por responder que no sabe o no contestó.

La distribución según voto en las elecciones nacionales de 2024 constata que el acuerdo entre los votantes del Frente Amplio en octubre y de Orsi en noviembre es mayor al promedio de la población total y que es menor entre los votantes de la Coalición Republicana y Álvaro Delgado. Si bien podría resultar esperable, es importante señalar que el porcentaje de acuerdo con crear impuestos a los ricos entre los votantes de la Coalición Republicana está lejos de ser insignificante: 32,6% de sus votantes están de acuerdo o muy de acuerdo, el 9,2% manifestó una opinión neutra y el 1,6% declaró que no sabe o no contestó.

La afirmación de que “la gente no quiere más impuestos” no parece comprobarse en el estudio. Por otra parte, es mayor aún el apoyo a la progresividad. Un dato complementario surge de las respuestas a la pregunta respecto del acuerdo con la frase que en materia de impuestos “debe pagar más el que tiene más”. En este caso, el porcentaje de personas encuestadas que manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo asciende al 64,5%. Al desagregar por votación en octubre y noviembre, se puede observar algo similar a lo señalado en la anterior pregunta, pero en todos los casos con niveles más altos de apoyo.

Impuesto al 1% y políticas de primera infancia: ¿evitar la culpa o reclamar crédito?

En ciencia política se conoce como credit-claiming (reclamar el crédito) el esfuerzo estratégico de los políticos por asociarse con resultados o acciones políticas positivas, en pos de mejorar de ese modo su imagen pública con el fin de aumentar sus posibilidades electorales. El éxito de la reclamación de crédito depende del contexto político específico, de la naturaleza de la política, de la importancia del tema y también de la legitimidad previa de quien lo reclama.

Los políticos también deben esforzarse para evitar la culpa (blame avoidance en la jerga de la ciencia política) por las externalidades negativas de algunas políticas, lo que muchas veces puede ser una preocupación acuciante. En algunos casos, esto lleva a no implementar políticas que se presumen controversiales. Los aumentos de impuestos son claramente una de esas políticas que los gobiernos desean evitar. Cuando no tienen más remedio que aplicarla, buscan disimular su contenido utilizando eufemismos o apelando a un lenguaje técnico complejo. Para los gobiernos, aplica lo mismo que ocurre en las campañas electorales: asumen que “la gente no quiere más impuestos”.

Sin embargo, la evidencia empírica presentada –reciente y para el caso uruguayo– contraviene esta asunción. Los argumentos no son sólo empíricos. Desde la teoría también surgen voces en contrario. Uno de los más influyentes teóricos del Estado de bienestar, Gøsta Esping-Andersen, señaló sagazmente que “es difícil imaginar que alguien luchara por el gasto per se”.¹ La gente y los grupos no se posicionan en abstracto sobre más o menos gasto o más o menos impuestos, sino que lo hacen sobre políticas concretas. Así, tanto por lo que muestra la evidencia empírica como la teoría, lo que resulta más razonable es sostener que la gente tiene diferentes posturas dependiendo del tipo de impuesto y del tipo de política que pretende financiar.

En este escenario, el planteo realizado para asociar el impuesto al 1% más rico con políticas sociales dirigidas a primera infancia no resulta fácilmente desechable, más allá de aspectos prácticos respecto de cómo instrumentarlo. La pobreza infantil es uno de los mayores problemas del país y es un tema sobre el que existe un amplio consenso en el sistema político y en la academia. Sin ir más lejos, en la campaña previa al balotaje, Orsi y Delgado firmaron un compromiso sobre primera infancia a iniciativa del periodista Gabriel Pereyra.

Este consenso también se registra en la opinión de la ciudadanía. Los datos de la encuesta en relación con el apoyo a la existencia de programas de transferencias monetarias para atender las necesidades básicas de niños y niñas son elocuentes. El 86% de la población encuestada manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo y menos del 10% está en desacuerdo. A su vez, aunque existen diferencias según el voto en octubre y noviembre, el porcentaje de apoyo es muy alto en los votantes del Frente Amplio y de la Coalición Republicana, de Orsi y de Delgado.

En un año de elaboración del Presupuesto quinquenal de un nuevo gobierno, las preguntas acerca de qué impuestos, a quién y para desarrollar qué políticas son claves esenciales para un debate público sustantivo en Uruguay. Quizás, contrariamente a un supuesto sentido común político-electoral, un impuesto a los superricos para financiar políticas de primera infancia podría ser una política para reclamar el crédito y no para evitar la culpa.

Fabricio Carneiro, Guillermo Fuentes, Gustavo Méndez Barbato y Manuel García Rey son investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. El Monitor de Actitudes Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) es llevado adelante por el grupo I+D “Bienestar y coaliciones en los dos ciclos del Estado uruguayo”, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y coordinado por Carmen Midaglia y Fernando Filgueira. Los autores son integrantes del grupo. Los resultados presentados en esta nota son producto de una encuesta telefónica realizada por la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la FCS a una muestra representativa de la población nacional de 825 casos.