La situación sucedida en Maldonado, donde una niña de tan sólo 10 años logró protegerse de un intento de asesinato tras haber sufrido violencia sexual, me recuerda el caso de las niñas que se salvaron solas filmando los abusos sexuales con ayuda de la ceibalita.
Habría muchas reflexiones para hacer en ambas situaciones; en este caso, quiero poner la mirada en dos temas. El primero, las dificultades en el acceso a la Justicia y las dificultades para lograr condenas en delitos sexuales, tema largamente conversado pero no suficientemente trabajado. El segundo, que en general queda en un segundo plano y que para muchas personas es un tema menor o un tema secundario, y a otras directamente les resulta ofensivo y/o repulsivo, es el problema del machismo estructural.
Sobre el primer tema, si bien se han hecho muchos esfuerzos, con importantes compromisos políticos, institucionales y personales, aún existen múltiples barreras para el acceso a la Justicia de niños, niñas y adolescentes. Entre esa multiplicidad de problemas destaco la falta de formación de muchos profesionales que intervienen en los casos, la falta de espacios de supervisión de casos complejos y la falta de espacios de cuidado donde trabajar el impacto que nos produce abordar tanto horror. Es necesario que la Universidad de la República incorpore en la currícula de grado la formación en violencia hacia niños, niñas y adolescentes y la formación en violencia basada en género. Quienes quieran estudiar carreras de medicina, psicología, ciencias sociales, abogacía, entre otras, deben tener en sus planes de estudio la formación en estos temas.
Las instituciones estatales deben proporcionar formación continua en el tema al funcionariado público, en especial a policías, personal de salud, personal de educación, personal del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), jueces, juezas, fiscales, peritos, abogados de oficio, actuarios/as, entre otros. También deben incorporar espacios de cuidado de los técnicos que trabajan con estos casos y espacios de supervisión de intervenciones complejas. El equipo de salud que recibe en la emergencia médica a una niña que relata los abusos sexuales de los que fue víctima, o a un bebé gravemente lesionado, ¿cómo vuelve a sus hogares al finalizar la jornada? ¿Cómo vuelven al día siguiente con la misma fuerza, convicción y profesionalismo a abordar un nuevo caso? ¿Y los policías que fueron a la escena del crimen y vieron el horror directamente a la cara? ¿Y los equipos del INAU que tuvieron que sostener a unos niños muertos de dolor porque su madre fue asesinada por su padre? ¿Y las maestras que tuvieron que consolar y abrazar la desesperación de su pequeño alumno que era obligado a revincularse con su progenitor violento? ¿Y el juez, la receptora y la abogada defensora que tuvieron que leer y escuchar las atrocidades que los niños viven en su hogar? Y tantos otros profesionales que están en contacto con tantas historias que nos llenan de angustia, de rabia, de indignación y, lo que es peor, por momentos, nos hacen perder la fe en la humanidad.
Sería muy interesante que la Suprema Corte de Justicia implementara espacios de supervisión de casos complejos con técnicos de diversas disciplinas, para los y las magistradas, una figura que hoy no existe en el Poder Judicial pero que sería muy necesaria. Los casos de violencia son muy complejos y los magistrados quedan en soledad tomando decisiones que son muy determinantes en la vida de las infancias y adolescencias.
Otro elemento clave es generar procesos de acceso a la Justicia que pongan en el centro a las infancias y adolescencias. Modelos de intervención que eviten la revictimización, que mejoren la valoración de las pruebas.
Otro elemento clave es generar procesos de acceso a la Justicia que pongan en el centro a las infancias y adolescencias. Modelos de intervención que eviten la revictimización, que mejoren la valoración de las pruebas y bajen los niveles de impunidad. Modelos de intervención donde los y las profesionales que intervengan estén altamente especializados para el rol que deben desempeñar. Muchos de los problemas que enfrentan las infancias y adolescencias se agravan cuando los casos se archivan por falta de pruebas. Esa acción (entre otras) abre las puertas de un nuevo infierno. El infierno de la revinculación forzada, el infierno de las terapias de revinculación, el infierno de la amenaza de cambio de tenencia y el infierno de los arrancamientos, donde se obliga a los niños, niñas y adolescentes a vivir con sus agresores.
Recientemente participé junto con una delegación de gobierno en una visita para conocer el modelo Barnahus (casa de los niños). Es un modelo de origen islandés, que implica la atención integral, donde todos quienes intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan bajo el mismo techo para atender a ese niño, niña o adolescente.
Según se explica en el sitio web Save The Children, “este modelo pone al niño en el centro para que este no tenga que desplazarse en los diferentes servicios implicados en el caso ni repetir tantas veces su historia. En lugar de ir a comisaría a prestar declaración, el niño o la niña acude a la Barnahus donde se le hace directamente una entrevista forense que es grabada y todos los actores involucrados en el caso la ven por circuito cerrado. La grabación de la entrevista forense permite recoger el testimonio de la niña o el niño lo antes posible, lo cual facilita su recuperación y evita que tenga que ir al juicio oral”.
Quienes nos recibieron en las casa Barnahus en España nos contaban que el modelo es efectivo, que quienes trabajan en Barnahus están muy capacitados, que los niveles de revictimización se reducen de forma significativa y que las condenas aumentaron notablemente.
Está claro que en Uruguay tenemos que seguir avanzando en la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y en combatir la impunidad. Debemos hacerlo en forma efectiva, segura, amorosa, respetando sus derechos. El modelo Barnahus podría ser una alternativa innovadora y ajustada a las necesidades que hoy tienen los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
Sobre el segundo tema, el machismo estructural, es necesario reunir las voluntades políticas para generar un pacto social que reúna las participaciones más diversas y heterogéneas, con el objetivo de transformar un orden político que produce femicidios, abusos sexuales, violencias de todo tipo, discriminación, opresión de género y generacional, entre otras. Si no logramos un diálogo social amplio y un acuerdo para prevenir toda forma de violencia, los niños, niñas y adolescentes seguirán teniendo que salvarse de una sociedad que los condena, si son niñas, a sufrir la violencia machista, y si son niños, a ejercerla.
Andrea Tuana es licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Públicas y Género, y directora de la ONG El Paso.