Sectores de la Coalición Republicana (CR) consideran que el primer año de gobierno de Yamandú Orsi arroja un saldo preocupante. Un análisis de las causas que se presentan lleva a la conclusión de que esa preocupación no se justifica.

Se señala que las expectativas generadas por el discurso moderado del Frente Amplio (FA) durante la campaña no se reflejaron en resultados concretos. Un ejemplo que se enfatiza con frecuencia es el estancamiento económico durante el segundo semestre de 2025. En un contexto donde, con excepción de 2020 debido a la pandemia, Uruguay creció en forma ininterrumpida durante los últimos 24 años, se requiere cierto grado de ansiedad para preocuparse excesivamente por ese dato. Esta preocupación se puede aliviar teniendo en cuenta que el crecimiento para todo 2025 fue de 2,5%, no brillante pero tampoco desdeñable.

Con respecto al presupuesto, se destaca el aumento del gasto, así como señales fiscales contradictorias que no conducirían a generar crecimiento ni a incentivar la inversión. No es posible, sin embargo, ignorar que ese presupuesto fue apoyado por la mayoría de la oposición. Resulta inimaginable que esa oposición diabólicamente votase a favor de un presupuesto defectuoso con el fin de que el gobierno fracasase.

La posible creación de un impuesto a los ricos se considera preocupante por más que esta iniciativa no haya pasado del nivel de discusión y haya sido descartada por el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone. En el caso de las empresas, se hace hincapié en la reaparición de debates que Uruguay parecía haber superado. Grupos dentro del FA presentan ocasionalmente propuestas que pueden considerarse de extrema izquierda. En la inmensa mayoría de los casos estas son abandonadas, lo cual, sin embargo, no impide que, a efectos de crear preocupación, se presenten como posiciones prevalentes dentro del gobierno. La CR sufría situaciones similares sobre todo con respecto a posiciones inusuales generalmente provenientes de Cabildo Abierto.

En una reciente entrevista en el diario El País, el expresidente Julio María Sanguinetti presenta una visión más balanceada que la expuesta por otros sectores de la CR. “Divido al presidente del gobierno. Al presidente lo veo como un buen presidente democrático”. Con respecto al gobierno, señala los problemas que le crea al FA ser “PIT-CNT dependiente”, y considera “triste ver que se defienda al gobierno venezolano o a Hamas en Montevideo”. Resalta su convergencia con referentes dentro del FA responsables por la conducción de la política económica: “Tenemos gente que se considera de izquierda, pero puede pensar de forma muy similar a nosotros, como Danilo Astori o Gabriel Oddone”.

Sectores de la Coalición Republicana consideran que el primer año del gobierno de Yamandú Orsi arroja un saldo preocupante. Un análisis de las causas que se presentan lleva a la conclusión de que esa preocupación no se justifica.

Azucena Arbeleche mostró sabia amnesia institucional al no revivir las bizarras posiciones del Partido Nacional sobre la inconstitucionalidad del impuesto a la renta de las personas físicas y, posteriormente, del impuesto de asistencia a la seguridad social. A pesar de contar con mayorías parlamentarias, ambos impuestos se mantuvieron prácticamente intactos durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. No resulta fácil identificar diferencias sustanciales entre las políticas económicas implementadas por Arbeleche y las de los ministros de Economía de los gobiernos del FA.

Es apropiado recordar que en 2011, durante el gobierno de José Mujica, Arbeleche fue designada directora de la Unidad de Gestión de Deuda. Desde ese cargo jugó un papel prominente en las comunicaciones con las agencias calificadoras que fueron necesarias para obtener el grado de inversión en 2012. Posteriormente, ya como ministra de Economía, logró que la calificación continuara mejorando y llegara a BBB+ en Standard & Poors y a Baa1 en Moody’s. Uno de los objetivos de Oddone es llegar a una calificación A en el actual gobierno. Para lograr ese objetivo será necesario enfocarse rigurosamente en la reducción del déficit.

Obviamente, esta continuidad de criterios en el manejo de la economía es una de las claras fortalezas de nuestro país. Su ingreso per cápita es, desde hace muchos años, el más alto de América Latina, tanto en dólares nominales como en PPP (Purchasing Power Parity), y está, como muestra consistentemente su coeficiente Gini, distribuido con una mayor equidad que en el resto de los países de la región.

En otras áreas Uruguay mantiene niveles de primer mundo. Es el número 15 entre los únicos 25 países que califican como democracias plenas según el ranking desarrollado por la Intelligence Unit de The Economist. Estados Unidos y varios países de Europa Occidental, como Bélgica, Italia y Francia, son considerados democracias imperfectas (flawed). En el Corruption Perception Index desarrollado por Transparency International, Uruguay ocupa, entre 180 países, la posición número 13, por encima, una vez más, de Estados Unidos y de la mayoría de los países de Europa occidental, con excepción de los escandinavos.

La preocupación sobre la gestión del FA es claramente compartida por la mayoría dentro del sector más privilegiado de la sociedad uruguaya donde, justificado o no, el FA genera un fuerte rechazo. Una persona muy especial dentro de ese sector se refirió a Uruguay, durante el gobierno de Lacalle Pou, como un “boutique country”, capturando, con esas dos palabras, la esencia de nuestro país. Por ahora la gestión del gobierno justifica que, a pesar de los aspectos criticables que se dan en todo gobierno, continuemos utilizando con orgullo esa descripción tan elocuente.

Nicasio del Castillo es contador.