La frase del título se atribuye a Bill Clinton durante una campaña electoral, haciendo referencia a lo determinante de la situación económica para obtener un resultado exitoso. Pero también sirve para expresar una idea o explicación que resulta evidente.

Hace unas semanas conocimos la noticia de que, en México, la justicia condenó a Meta a indemnizar a una mujer por los problemas de salud mental que experimentó desde su adolescencia, asociados a su adicción a las redes sociales. Esto genera un precedente relevante para otros casos, tanto en ese país como a nivel internacional.

La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes es un tema que se viene discutiendo a nivel global. Han surgido iniciativas que van desde la restricción del acceso a teléfonos celulares hasta la limitación de su uso en centros educativos, algo que también se debate en nuestro país.

Diversos especialistas han señalado el impacto que tienen los teléfonos inteligentes y las redes sociales en la salud mental de las nuevas generaciones. Por ejemplo, el psicólogo Jonathan Haidt, en su libro La generación ansiosa, sostiene —ya desde su subtítulo— que las redes sociales están provocando una epidemia de enfermedades mentales entre los jóvenes.

La generación Z, es decir, los nacidos a partir de 2010, presenta tasas sin precedentes de ansiedad, depresión y autolesiones. Este fenómeno coincide con la masificación de los teléfonos inteligentes y el uso intensivo de redes sociales. A su vez, se ha intensificado a partir de la pandemia, que modificó de manera radical las formas de socialización, provocando alteraciones profundas en los procesos de desarrollo social y emocional.

Como señala el propio Haidt: “Los adolescentes de hoy pasan mucho menos tiempo con sus amigos en persona y mucho más tiempo solos frente a las pantallas”. Maneja, además, datos preocupantes: entre 2010 y 2015, las tasas de hospitalización por autolesiones en adolescentes estadounidenses aumentaron 62% en niñas y 37% en varones, cifras que han continuado creciendo desde entonces.

A esto se suma un contexto de familias con menos tiempo de calidad para compartir con sus hijos y, en muchos casos, dinámicas de sobreprotección, lo que contribuye a una mayor dependencia de los dispositivos digitales.

Frente a este escenario, se han propuesto diversas estrategias: retrasar el acceso a teléfonos inteligentes hasta los 16 años, limitar el uso de redes sociales en adolescentes, fomentar el juego al aire libre, promover una mayor interacción presencial y fortalecer una educación orientada a la autonomía y la capacidad de afrontar la frustración.

Sin embargo, la respuesta de las grandes multinacionales vinculadas a este negocio —entre las empresas más poderosas del mundo— ha sido, en general, negar su responsabilidad.

Si revisamos la historia reciente, este comportamiento no es nuevo. Por el contrario, forma parte de un patrón que se repite en distintas industrias dentro de un sistema que prioriza la rentabilidad y la competencia, muchas veces sin considerar los efectos sobre la salud de las personas. Dos casos resultan paradigmáticos en este sentido: la industria tabacalera y la producción de tetraetilo de plomo para las gasolinas.

Cuando existen intereses económicos de gran magnitud, las empresas tienden a minimizar, negar o postergar el reconocimiento de los daños que generan, trasladando los costos a la sociedad.

La lucha contra la industria tabacalera comenzó en la década de 1950, cuando empezó a consolidarse la evidencia científica sobre la relación entre el consumo de tabaco, el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. En 1954, la industria contrató a John Hill, fundador de la firma de relaciones públicas Hill & Knowlton, y desarrollaron una estrategia comunicacional destinada a sembrar dudas, dilatar regulaciones y proteger sus intereses. Esta estrategia incluyó poner el foco en la responsabilidad individual —algo similar a lo que hoy sostienen las plataformas digitales—, financiar estudios que relativizaran los daños del tabaco, presionar a los gobiernos y promover productos supuestamente más seguros, como los cigarrillos con filtro.

Recién en la década de 1990 se documentaron prácticas como la manipulación de la nicotina para aumentar la adicción, lo que dio lugar a grandes demandas judiciales. Y no fue hasta 2003 que la Organización Mundial de la Salud adoptó el Convenio Marco para el Control del Tabaco, el primer tratado global de salud pública que estableció restricciones a la publicidad, impuestos y advertencias sanitarias.

Se estima que, si la industria tabacalera hubiera reconocido su responsabilidad en la década de 1950, solo en Estados Unidos se podrían haber salvado entre tres y cinco millones de vidas.

Otro caso paradigmático es el del tetraetilo de plomo. En 1921, el ingeniero Thomas Midgley, trabajando para la empresa General Motors, descubrió que la adición de este compuesto a la gasolina mejoraba el rendimiento de los motores. Sin embargo, la toxicidad del plomo era conocida desde la antigüedad: ya en tiempos del Imperio romano, autores como Galeno y Plinio advertían sobre sus efectos nocivos. A pesar de ello, la industria decidió ocultar esta información. Para evitar el rechazo público, el producto fue comercializado bajo el nombre “Ethyl”, evitando cualquier referencia al plomo.

A partir de la década de 1930, el uso de gasolina con plomo se generalizó. Con el tiempo, múltiples estudios demostraron sus efectos devastadores sobre la salud y el ambiente, incluyendo el impacto en el desarrollo cognitivo de los niños. Finalmente, la presión de científicos y organismos internacionales llevó a su prohibición progresiva en la mayoría de los países.

La Organización Mundial de la Salud estima que, solo en 2021, la exposición al plomo causó más de 1,5 millones de muertes en el mundo, y sus efectos persistirán durante décadas.

Estos ejemplos muestran un patrón claro: cuando existen intereses económicos de gran magnitud, las empresas tienden a minimizar, negar o postergar el reconocimiento de los daños que generan, trasladando los costos a la sociedad.

Hoy comienzan a acumularse evidencias sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental, especialmente en niños y adolescentes. Aunque el debate sigue abierto y requiere mayor investigación, los indicios son lo suficientemente consistentes como para encender señales de alerta.

Frente a esto, la regulación a nivel global aparece como una herramienta necesaria para limitar prácticas que exponen a las nuevas generaciones a mecanismos de manipulación, dependencia y sobreexposición.

Al mismo tiempo, es necesario repensar esta etapa de la vida, recuperando espacios de encuentro, juego, creatividad y contacto con la naturaleza. En definitiva, condiciones básicas para un desarrollo humano saludable que ninguna tecnología debería reemplazar. Porque al final, lo que está en juego no es solo la salud, es también la forma en que queremos vivir y relacionarnos como sociedad.

Marcos Otheguy es presidente del Banco de Seguros del Estado y dirigente de Rumbo Popular, Frente Amplio.