El nuevo director departamental de Paysandú del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Luis Edgardo Amoza, dijo a la diaria que una de sus principales prioridades será recuperar la participación de productores y organizaciones rurales en las mesas de desarrollo. También destacó la importancia de canalizar los reclamos del interior, atender las preocupaciones del sector agropecuario y coordinar acciones frente a los desafíos climáticos y ambientales.
El jerarca explicó que su función está vinculada a la descentralización de las políticas del ministerio, con especial énfasis en el funcionamiento de los consejos y las mesas de desarrollo rural, espacios que permiten acercar las necesidades de los productores a las instituciones del Estado.
Amoza recordó que estos ámbitos fueron concebidos para promover la participación de las organizaciones rurales y facilitar que las políticas públicas lleguen efectivamente a cada zona del país. Sin embargo, advirtió que en los últimos años disminuyó la concurrencia a varias de estas instancias. Mientras que algunas mesas llegaron a reunir entre 14 y 15 organizaciones, actualmente en ciertos casos participan apenas tres, cuatro o cinco entidades.
Frente a esta situación, afirmó que una de sus principales tareas será recuperar la participación y fortalecer las mesas de desarrollo rural, incorporando a sociedades de fomento, grupos de productores, organizaciones de mujeres rurales y otros colectivos vinculados a la actividad agropecuaria.
El director explicó que su trabajo también comprende la coordinación con las distintas unidades del MGAP, entre ellas los servicios ganaderos, Desarrollo Rural y Sanidad Vegetal. El objetivo es facilitar la comunicación entre los técnicos, las instituciones y los productores, además de canalizar los planteos que requieren intervención de las áreas especializadas.
En relación con la problemática de la garrapata, reconoció la importancia del tema para la ganadería y las exportaciones cárnicas, aunque aclaró que su función no consiste en intervenir directamente en el control sanitario, sino en coordinar acciones y trasladar las inquietudes de los productores a los equipos técnicos correspondientes.
Otro de los asuntos abordados fue el acceso a la tierra, en particular en la zona de Guichón. Amoza señaló que existe una demanda importante de productoras y productores interesados en acceder a predios para desarrollar sus actividades, mientras que la oferta disponible resulta insuficiente.
También mencionó la situación de familias rurales de menores recursos que mantienen animales en la vía pública ante la falta de tierras suficientes, una problemática histórica que genera dificultades y reclamos en distintas zonas del país.
La preocupación por los fenómenos climáticos
Consultado sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño, Amoza manifestó que las consecuencias pueden alcanzar tanto a las ciudades como al sector agropecuario. Los excesos de lluvia pueden generar dificultades en las localidades, mientras que las variaciones climáticas repercuten directamente en la agricultura y la ganadería.
En ese contexto, expresó la disposición de colaborar en la coordinación de respuestas frente a las situaciones que puedan surgir, tanto por las consecuencias sociales de los eventos climáticos como por sus impactos en la producción.
La actividad forestal y su relación con las comunidades rurales también formaron parte de la entrevista. Amoza sostuvo que, además de la producción maderera, existen otras actividades que forman parte de la economía local y que merecen ser contempladas en los espacios de participación.
Como ejemplo, mencionó la recolección y producción de hongos comestibles en zonas de tierras coloradas, una actividad que involucra a habitantes del interior y que, a su entender, debe tener lugar en las mesas de desarrollo rural.
En materia ambiental, hizo referencia a los reclamos por aplicaciones de productos que pueden afectar a terceros, entre ellos los planteos vinculados a la Escuela Agraria de Guichón. Reconoció que existen normas para regular estas prácticas, aunque pueden producirse incumplimientos o situaciones difíciles de controlar.
A su juicio, además de la fiscalización estatal, es fundamental la responsabilidad de quienes llevan a cabo los tratamientos, respetando las disposiciones vigentes para evitar perjuicios.
Amoza destacó que uno de los objetivos de su gestión será facilitar que las preocupaciones de las comunidades rurales lleguen a los organismos competentes. En ese sentido, sostuvo que los reclamos suelen encontrar mayores dificultades en el interior, donde las distancias y los canales de comunicación pueden complicar el acceso a las respuestas institucionales.
Por eso, consideró fundamental que las mesas de desarrollo rural funcionen como espacios de diálogo, coordinación y búsqueda de soluciones, con participación de las organizaciones y los distintos sectores de la sociedad.