En el marco de una actividad desarrollada en la sala Héctor Ferrari del Centro Universitario de Paysandú (CUP), Ana Calzada, directora adjunta de Espacio MEC y responsable del programa de Educación y Etnicidades, ofreció una mirada profunda y crítica sobre la realidad de la población afrodescendiente en Uruguay. Durante su diálogo con la diaria, la jerarca desmanteló mitos arraigados y puso sobre la mesa cifras que exponen una desigualdad sistémica.
Para Calzada, la idea de que en ciertos departamentos no hay población afro es una construcción deliberada. “Ese mito es parte de la historia nacional. Negar la existencia de una población es parte de lo que ha sucedido para justificar el relacionamiento desigual”, afirmó. En el caso específico de Paysandú, señaló que la comunidad suele ser “visibilizada y valorada solo cuando hay carnaval”, momento en el que pasan a ser protagonistas, para luego volver a un circuito de invisibilidad social.
Esta segregación no es nueva. Calzada recordó que la existencia de “clubes de negros” en el interior del país -como el caso de Melo- nació precisamente porque a las personas afrodescendientes se les prohibía la entrada a otros centros sociales. “No podemos naturalizar estas cosas. Se ha naturalizado la discriminación y el racismo estructural”, subrayó.
Una brecha educativa de cuatro décadas
Uno de los puntos más críticos de su exposición fue el rezago en el sistema de enseñanza. Según Calzada, existe un atraso de 40 años de la población afro respecto de la no afro. “Esto significa que una persona afro de 60 años hoy tiene, en promedio, el nivel educativo de una persona no afro de 12”, explicó de forma gráfica.
La mayoría de la población afrodescendiente no logra superar la educación primaria y menos del 10% accede a la universidad. La representación de mujeres afro en cargos de decisión es casi inexistente, quedando relegadas mayoritariamente a sectores de servicios y cuidados.
Ante esto, Calzada enfatizó que las instituciones deben “revisar sus prácticas”, y destacó el trabajo de organizaciones civiles como Afro Floreciendo en Paysandú y Organización Salvador, que impulsan la reflexión sobre estas temáticas en el territorio.
El “punto crítico”: educación, migración y cárceles
La jerarca vinculó la problemática racial con el fenómeno migratorio actual, y señaló la necesidad de contener a estudiantes que llegan de países como Venezuela y Cuba, quienes también enfrentan procesos de racialización y exclusión.
Por su parte, Luisa Garrasino, coordinadora departamental del MEC en Paysandú, informó que ya se trabaja en una planificación para 2027 que incluye recorridas por Artigas, Cerro Largo y Rivera. Garrasino identificó dos espacios como “puntos críticos” de intervención: los centros educativos y las cárceles.
La relación entre la falta de oportunidades y el sistema penal es directa. Se estima que uno de cada cuatro presos en Uruguay es afrodescendiente. En el departamento de Rivera, la estadística es aún más cruda: 83% de las mujeres privadas de libertad son afrodescendientes.
Finalmente, Calzada recordó que la ley 19.122 (Ley de Cuotas) representa un hito no solo por la acción afirmativa, sino porque en ella el Estado uruguayo reconoció formalmente su “ausencia” y responsabilidad histórica frente a la vulneración de derechos de las personas afrodescendientes. El desafío actual, concluyó, es pasar del reconocimiento legal a una transformación real de las estructuras que perpetúan la desigualdad.