El Centro Comercial de Paysandú, a través de la nueva directiva encabezada por Belén Capurro, convocó la semana pasada a una reunión a socios y no socios preocupados por el tema de la inseguridad. El tema ha sido expuesto de forma reiterada por los representantes de la institución en los últimos tiempos como consecuencia de quejas por robos en comercios, mendicidad y personas en situación de calle.

A la reunión concurrieron unas 30 personas, entre las que se destacaban comerciantes pero también algunos políticos. En la ocasión no se hizo presente el comando de Jefatura, pero en el lunes hubo una extensa reunión de más de dos horas que involucró a varias organizaciones.

Ley de faltas: una herramienta que no se aplica

El doctor Rodrigo de León fue invitado por la institución para exponer explicando los alcances y desafíos de la ley de faltas. Destacó tanto su alcance normativo como las dificultades en su aplicación práctica. La normativa, vigente desde hace más de una década, fue definida por el expositor como “una ley completa y bien estructurada”, que regula conductas consideradas de menor gravedad que los delitos, pero que impactan directamente en la convivencia ciudadana.

De León explicó que la ley introduce modificaciones al Código Penal en materia de faltas y establece disposiciones orientadas al cuidado y conservación de los espacios públicos. En ese marco detalló que las faltas no constituyen delitos, sino infracciones menores que no implican penas de prisión, salvo en casos de incumplimiento de sanciones.

Entre las medidas previstas se destaca la aplicación de trabajo comunitario como sanción principal, con un rango de entre 7 y 30 días. Estas tareas deben adecuarse a las capacidades de la persona y, en lo posible, guardar relación con la falta cometida. Además, advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en penas de prisión equivalentes.

De León también precisó que la competencia para intervenir en estos casos recae en los jueces de faltas en Montevideo y en los jueces de paz en el interior del país. Asimismo, subrayó que las infracciones prescriben a los seis meses, lo que limita el tiempo para su persecución.

Durante la charla De León enumeró algunas de las conductas contempladas por la ley como la provocación de desórdenes en espectáculos públicos, la venta no autorizada de entradas, el consumo de alcohol o drogas en espacios públicos cuando genere alteraciones, el uso de menores para mendicidad, el acoso en la vía pública y los actos de vandalismo, entre otros.

Un capítulo central de la normativa refiere al uso de los espacios públicos, definidos como ámbitos de convivencia que deben ser preservados para el disfrute colectivo. En ese sentido, se establece tanto el derecho de las personas a utilizarlos libremente como la obligación de hacerlo de manera responsable, respetando a terceros y evitando su deterioro.

No obstante, el propio De León reconoció una brecha entre la normativa y la realidad. “La letra está bien redactada, pero no siempre se refleja en lo que ocurre en la práctica”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de una mayor articulación entre instituciones para garantizar su cumplimiento.

En el intercambio posterior surgieron cuestionamientos sobre la falta de aplicación efectiva de la ley en algunos territorios. Participantes del encuentro apuntaron a la ausencia de coordinación entre organismos como la policía y dependencias sociales, y señalaron que “falta voluntad” para hacer cumplir una normativa que ya está vigente.

La discusión dejó planteado un desafío para nada menor: la efectividad de la ley de faltas depende de su implementación coordinada y del compromiso de las autoridades para hacerla cumplir en el territorio.

Un problema multidimensional

El diputado Juan Gorosterrazú, presente en la reunión, comentó a la diaria que “es saludable que la institución pueda trabajar en este tema y otros más. Este es un problema multidimensional. Se planteó el tema de las volquetas que se instalaron durante el gobierno de Bertil Bentos. Yo estuve en contra. Hoy en Canelones se está volviendo al sistema anterior, previo reciclaje de la gente en sus casas”.

Consignó que “la gente en situación de calle se multiplicó y eso requiere un abordaje interinstitucional. El tema del empleo es el gran desafío a trabajar. También es necesaria la respuesta del sistema judicial. Es bueno que estén todos los actores sentados en una mesa”. Abogó porque el programa de incipiente aplicación de Más Barrio mejore las condiciones de seguridad y convivencia, “no solamente es necesaria la presencia policial”.

Como aspectos positivos rescató que “el Ministerio del Interior duplicó la cantidad de cámaras, hoy hay también más vehículos y a partir de junio habrá 60 policías más en Paysandú”.