La cooperativa Covioc de la ciudad de Paysandú y Covisin 6 de Fray Bentos fueron construidas bajo el sistema Crupe y el asesoramiento del Instituto CET-PVS. Ninguna de las dos tiene las condiciones para ser habitadas, aunque en la capital de Río Negro las familias urgidas por la necesidad las habitaron.
En tales circunstancias es dable pensar que fallaron controles –en todos los niveles–, el asesoramiento y la calidad de los materiales.
Foto: Santiago Fleitas
Hugo Betti, integrante de Covioc, contó a la diaria que en la anterior administración del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) “no hubo voluntad política” para resolver el problema. Nos decían que “por haber judicializado el asunto no se podía hacer nada”, dijo.
Detectado el problema, en Fray Bentos, el último gobierno del FA (2015-2020) alcanzó a realizar un cateo. En una audiencia judicial, en 2021, se propuso una conciliación, pero fue inviable. Había denuncias cruzadas desde la cooperativa al ministerio y al Instituto de Asistencia Técnica (IAT), así como del IAT al MVOT. La cooperativa, por ejemplo, le reclamaba 12 millones de dólares a Vivienda.
En este período de gobierno, el MVOT le dio prioridad al tema. En los primeros meses del año pasado, la entonces ministra Cecilia Cairo estuvo en Paysandú, donde se reunió con Covioc y sostuvo que se trabajaría en una solución.
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Los cooperativistas continuaron con sus reclamos en los medios e instituciones, incluyendo el ministerio, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la intendencia y la Junta Departamental de Paysandú. El MVOT, a través de la Dirección Nacional de Vivienda (DNV), solicitó estudios de diagnóstico y sobre el suelo en que se asentaron las 40 viviendas, de dos, tres y cuatro dormitorios.
Reconstrucción o demolición
El primer estudio lo realizó la empresa Bisa Consultores y el segundo Geotech. El primero fue entregado el 27 de mayo de este año y el segundo, unos días antes, el 19 del mismo mes.
El informe pedido por el MVOT lleva las firmas de las arquitectas Sofía Sáenz y Ana Bico, y del ingeniero Santiago Ham. El de suelos lo suscribió el ingeniero Guillermo Santellán.
Foto: Santiago Fleitas
Bisa planteó una serie de medidas urgentes: “Eliminar problemas con las instalaciones técnicas sanitarias”, “sellar marcos de abertura” y “recomponer pretiles sellando sectores con oquedades o fisuras”. Luego planteó dos escenarios de actuación: ir por una reconstrucción o demoler y construir todo nuevo.
Sobre el suelo analizado, Geotech expresó que “para sistemas constructivos tradicionales, de mayor peso propio y mayor sensibilidad frente a deformaciones diferenciales, la aptitud resulta más condicionada debido a que la mayoría de los puntos evaluados presentan valores de CBR –que mide la capacidad de soporte del suelo– in situ entre 15% y 30% inferiores a los previstos para una capa estructural plenamente compatible con el proyecto original”.
“En consecuencia, para sistemas tradicionales deberá verificarse especialmente que las cargas transmitidas por las futuras viviendas no superen las tensiones admisibles preliminares indicadas, considerando además la presencia de subrasantes arcillosas de bajo CBR bajo el relleno existente”, detalló.
“En caso de que las cargas del sistema tradicional superen dichos rangos, no puede descartarse la necesidad de refuerzos localizados, mejoras del sistema de fundación o adopción de un sistema constructivo liviano”, agregó.
Foto: Santiago Fleitas
Consecuencias
Esta y otras problemáticas le costaron una sanción al instituto asesor. El MVOT dijo que realizó “una auditoría a la gestión del IAT CET-PVS”. El informe señala que se constataron diversas irregularidades individualizadas como “no conformidades” y “observaciones”.
La sanción, impugnada y judicializada con fecha 3 de marzo de 2019, estableció “la inhabilitación del Instituto de Asistencia Técnica CET PVS para la suscripción de nuevos contratos de asistencia técnica y su registro ante este Ministerio a partir del dictado de la presente y hasta que haya rescindido o cumplido el 70% de los contratos de asistencia técnica que tiene registrados actualmente ante esta Secretaría de Estado”. Esto tuvo repercusiones en distintos niveles, no solo en el mundo del cooperativismo.
Reunión con la Dirección de Vivienda
Los cooperativistas, que en asamblea decidieron que se demuela y se levanten nuevamente las viviendas, comentaron que el intendente Nicolás Olivera “nunca se arrimó. Sí un edil del mismo partido que no se lleva con él, y tal vez por eso no se arrimó”, señalaron.
El 29 de junio, autoridades de la cooperativa se reunirán con el director nacional de Vivienda, Milton Machado. El asunto es ver cómo se financiará una obra nueva y qué pondrá cada uno. Los cooperativistas consultados resaltaron que ahora aparece una solución, mientras que “en la anterior administración no se hizo nada”.
El proceso ha sido desgastante para las 20 familias que aún mantienen la bandera enhiesta. Hugo Betti sintetizó que “hay cuatro compañeros que fallecieron. Tenemos 65.000 pesos de gastos fijos de luz, agua, sereno y celular”. “Nos han entrado a robar”, por eso, en un terreno tan grande y con terrenos linderos vacíos, “contamos con cuatro perros”, expresó.