Lo que usualmente suele ser un proceso de intensa negociación y cruce de informes técnicos, se resolvió el pasado viernes en la Junta Departamental de forma exprés. En una sesión extraordinaria que fue muy veloz, de apenas 8 minutos, los 31 ediles presentes votaron por unanimidad el presupuesto que regirá el funcionamiento del cuerpo entre 2026 y 2030.
La sesión fue un ejercicio de síntesis política. Tras la apertura, el edil Claudio Zanoniani (Lista 22) tomó la palabra para confirmar que el trabajo pesado se había realizado fuera del recinto: “Hemos arribado a un acuerdo. No se van a realizar informes por parte de ninguna bancada”, anunció, solicitando pasar de inmediato a la votación en bloque de los 33 puntos del articulado.
Esta falta de informes de bancada tanto del oficialismo como de la oposición impidió que la ciudadanía conociera en sala los detalles de la distribución de los recursos.
Pese a la imagen de unidad total, el proceso no estuvo exento de tensiones previas con el Ejecutivo departamental. Los números finales aprobados arrojan las siguientes claves: un monto total de 457.105.000 pesos para el quinquenio. La asignación anual fue de un promedio de 91.421.000 pesos.
El recorte
Mientras que la Junta había solicitado inicialmente un incremento presupuestal de 10%, el Ejecutivo solo autorizó 0,5%. La variación del presupuesto implica un aumento de 12,88% respecto a los valores de 2025. La asignación pasa de 80.987.445 a 91.421.000 pesos en 2026. Esto representa un incremento de 10.433.555 pesos. Desde la bancada del Frente Amplio el edil Francisco Gentile justificó la rapidez de la votación señalando que el documento no contenía grandes innovaciones estructurales. Según Gentile, se trata simplemente de un “presupuesto común de gastos” que no contempla inversiones, lo que facilitó el acuerdo previo entre todos los partidos políticos.
La sesión, realizada a las puertas de un fin de semana, cerró así un capítulo administrativo clave para el departamento, dejando como saldo una aprobación unánime pero con escasa visibilidad sobre el destino pormenorizado del dinero público.