La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) mantiene abiertas dos licitaciones binacionales para obras en su sede de Paysandú, pero una controversia empañó el proceso. Varias empresas aseguran que quedaron fuera de la visita técnica obligatoria por un requisito formal y reclaman una nueva instancia para competir en igualdad de condiciones. El episodio se suma a un supuesto clima de tensión entre las delegaciones uruguaya y argentina del organismo binacional.
La apertura de dos licitaciones públicas binacionales impulsadas por CARU para ejecutar obras en su sede de Paysandú derivó en una fuerte controversia luego de que varias empresas locales denunciaran haber sido excluidas de la visita de obra obligatoria, un requisito indispensable para poder presentar ofertas.
Los llamados corresponden a la construcción de un muro perimetral en la sede de la Comisión y a la remodelación de baños, vestuarios y cocina-comedor del taller de mantenimiento. Ambos proyectos contemplan contratos en modalidad “llave en mano”, cotizaciones en dólares estadounidenses, un anticipo financiero del 30% y plazos de ejecución de aproximadamente 90 días hábiles. Sin embargo, el foco de atención dejó de estar en las obras para trasladarse al procedimiento administrativo.
Un grupo de firmas no solo uruguayas presentó en los últimos días una nota formal solicitando que CARU reconsidere lo ocurrido durante la visita técnica correspondiente a la Licitación Pública Binacional 01/26. Según explicaron a la diaria, concurrieron en la fecha prevista con la intención de conocer el predio y relevar las condiciones de la obra, pero no se les permitió ingresar debido a la falta de una documentación exigida para acceder al lugar.
Las empresas admiten la omisión administrativa, aunque sostienen que ese requisito no debería transformarse en una barrera para participar en una instancia meramente informativa. En su planteo señalan que la finalidad de una visita de obra es permitir que los interesados conozcan las características del proyecto para elaborar una propuesta técnica y económica acorde a la realidad de los trabajos, mientras que la evaluación de la documentación empresarial debería realizarse durante la etapa de análisis de las ofertas.
Por ese motivo, solicitaron que se habilite una nueva visita y que se les extienda la correspondiente constancia de asistencia, permitiéndoles competir en igualdad de condiciones con el resto de los oferentes. De acuerdo con la comunicación enviada por CARU, para autorizar el ingreso al predio era necesario presentar un certificado de la aseguradora con una cláusula de “no repetición” a favor del organismo. Como alternativa, en caso de que la compañía no emitiera ese tipo de documento, podía presentarse una “Declaración de Indemnidad para Visita de Obra”, firmada por el representante legal y certificada.
Mediante esa declaración, la empresa debía acreditar que su personal contaba con cobertura por accidentes laborales y asumir la responsabilidad por cualquier eventualidad que pudiera producirse durante la visita, manteniendo indemne a la Comisión frente a posibles reclamos, salvo situaciones derivadas de dolo o culpa grave atribuibles exclusivamente al organismo.
Las firmas entienden que exigir esa documentación como condición previa para ingresar limitó la participación de potenciales oferentes y redujo la concurrencia de empresas locales y de la zona interesadas en competir por el contrato.
Sospechas sobre la conducción del proceso
Entre los empresarios circula la versión de que la decisión de impedir el ingreso habría sido adoptada por el secretario técnico de la Comisión, Gabriel Morano. Según fuentes vinculadas al proceso, también habrían quedado excluidas varias empresas de la provincia argentina de Entre Ríos, especialmente de la ciudad de Colón.
Las mismas fuentes sostienen que existen cuestionamientos sobre procedimientos de contrataciones anteriores realizados por el funcionario en obras ejecutadas en Fray Bentos, donde, aseguran, se habrían contratado empresas de Buenos Aires sin seguir los mecanismos habituales de compras.
Un conflicto que trasciende la licitación
La polémica se desarrolla en un contexto de relaciones tensas entre las delegaciones uruguaya y argentina de CARU. Fuentes vinculadas al organismo describieron a la diaria un escenario de diferencias permanentes sobre la gestión y la administración de los recursos.
Entre los episodios recientes figura el rechazo de la delegación uruguaya a una propuesta argentina para destinar alrededor de 15 millones de dólares del organismo al reasfaltado de la Ruta Nacional 136, principal vía de acceso al puente internacional desde Gualeguaychú. La representación uruguaya entendió que una inversión de ese tipo excede los cometidos específicos de CARU y podría comprometer fondos previstos para tareas estratégicas como el dragado del río.
El desacuerdo habría profundizado las diferencias entre ambas partes y, según distintas fuentes, explica también la ausencia de la delegación argentina en los actos por el 50° aniversario del puente internacional General Artigas que se realizaron el año pasado.
Mientras tanto, la Comisión deberá resolver si mantiene las condiciones originales de la Licitación Pública Binacional 01/26 o si accede al planteo de las empresas que consideran que una nueva visita de obra no afectaría la transparencia del proceso y garantizaría una mayor competencia entre oferentes locales y regionales.
CARU evalúa habilitar una nueva visita de obra para empresas que no cumplieron el plazo del pliego
El secretario técnico de CARU, Gabriel Morando, accedió al requerimiento de la diaria subrayando que no es delegado argentino, sino funcionario de la comisión, y explicó que la autorización para las visitas de obra de las licitaciones en Paysandú y Fray Bentos se rige por las condiciones establecidas en el pliego.
Según relató, la cláusula correspondiente exigía que las empresas coordinaran la visita mediante un correo electrónico enviado con hasta 48 horas de anticipación. Las firmas que no cumplieron ese requisito no fueron autorizadas a participar en la inspección y posteriormente presentaron notas solicitando una nueva instancia.
Morando señaló que esos pedidos ya fueron recibidos y analizados por el área jurídica, y que ahora la Comisión deberá resolver si habilita o no una nueva fecha. La decisión será comunicada mediante una circular oficial, mecanismo utilizado para informar a todos los oferentes. El funcionario estimó que la definición se conocerá durante esta semana, teniendo en cuenta que la apertura de la licitación está prevista para fines de la próxima.
Consultado sobre presuntas tensiones entre las delegaciones argentina y uruguaya, Morando evitó realizar comentarios y sostuvo que ese tipo de consultas deben dirigirse a los delegados o a la presidencia de la CARU. Asimismo, remarcó que habla únicamente en su carácter de funcionario técnico y sobre información de carácter público.