Cecilia Álvarez

Vecinos de los barrios cercanos al kilómetro 16 de la ruta 8 buscan, desde hace 25 años, generar un espacio comunitario para una zona que tiene pocos: la escuela, el liceo, la parroquia, una guardería, dos merenderos y dos policlínicas. Siempre apuntaron a la cultura y a la recreación; en 1991 el objetivo era un salón multiuso, con los años pasó a generarse un proyecto en torno a una casa de la cultura, y en 2004 se formalizó una comisión con ese objetivo.

La respuesta del gobierno sobre la propuesta de la Universidad de la República para la reforma del Hospital de Clínicas no sorprendió a las autoridades universitarias, pero a partir de ella los órdenes y gremios deben comenzar a discutir cómo continuar con la discusión sobre la llamada refuncionalización. El gobierno niega la posibilidad de financiar la obra de la forma que planteó la universidad y afirma que “el mecanismo disponible” es el de la participación público-privada. El tema está en el orden del día del próximo Consejo Directivo Central, el 19 de julio, y el Consejo de la Facultad de Medicina se propuso discutirlo en su próxima sesión, del miércoles.

Ayer presentaron un informe que estudia las trayectorias educativas de los jóvenes que en 2009 tenían 15 años y realizaron, en aquel entonces, las pruebas PISA. A cinco años, con 20 y 21 años, sólo 44% pudo terminar el bachillerato, y 15% no avanzó ni un grado más que aquel que cursaba a los 15. Aquellos estudiantes que tienen una mínima desviación frente a la trayectoria regular (la del que pasa todos los años de grado) están “casi irreversiblemente” destinados a no culminar los estudios.

Hoy habrá en Montevideo dos actividades preparatorias de la Conferencia Mundial de la Oficina Internacional por la Paz (IPB, por su sigla en inglés), una organización con sede en Suiza, dedicada a pensar un mundo sin guerras. En el marco del evento conversamos con Pere Ortega, presidente del Centro de Estudios para la Paz de Barcelona; Tica Font, presidenta del Instituto Catalán de Investigaciones para la Paz; Alicia Cabezudo, covicepresidenta del IPB, y Víctor Brindisi, secretario del Movimiento de Educadores por la Paz de Uruguay.

Esta mañana se presentará el proyecto de reconversión y la propuesta de financiamiento del Hospital de Clínicas elaborada por la Universidad de la República (Udelar) en el propio hospital, en el piso 19. De tarde habrá un nuevo debate sobre el hospital universitario, esta vez en la Facultad de Odontología. Según afirmó el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas Martín Vallcorba, el camino posible para avanzar en la reforma del hospital es concretar un proyecto de participación público-privada (PPP).

El gobierno le planteó al Comité por el Hospital de Clínicas que la propuesta de financiamiento planteada para la reforma del hospital universitario “no es viable”, que “no hay posibilidades de avanzar por ese camino” y que, en cambio, sí se puede avanzar en la obra si se recurre al mecanismo de participación público-privada para financiarla. El movimiento Todos por el Clínicas y el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT ya manifestaron su rechazo.

Muchos docentes y dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria han planteado que las agresiones que viven por parte de los estudiantes se deben a la “mal entendida inclusión educativa”. En entrevista con la diaria, la directora general del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente, adelantó que los resultados del Monitor Educativo 2015, que se presentarán hoy, confirman que secundaria ha mejorado la matriculación y retención de los jóvenes de los quintiles más bajos y, aunque reconoce que eso genera complejidades, cree que claramente mejora la situación en la que está la enseñanza media “si genuinamente queremos ser una sociedad democrática”.

“Como política nacional, a la inclusión educativa la vemos lejos”, dijo Jorge Tourón, integrante de la Asociación de Padres y Amigos de Sordos del Uruguay, y sintetizó lo que piensan varios colectivos de personas con discapacidad. En el sistema educativo existen barreras marcadas por la falta de accesibilidad física, por la falta de intérpretes o material en braille en algunos casos, y por la escasa formación de los docentes en la gran mayoría de los casos. En secundaria el marco conceptual (y legal) cambió en 2014, cuando se dejó atrás el concepto de “tolerancia”, asociado a la exoneración de materias, y se sugirió a los docentes la aplicación de “nuevas estrategias de enseñanza” y “adecuaciones curriculares” que, no obstante, no son caminos fáciles de transitar.

Los docentes y trabajadores técnicos de los liceos harán hoy un paro nacional de 24 horas por la “falta de respuesta” de las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES) a hechos de violencia, en particular al que se dio el martes en el liceo 49, de Punta de Rieles, donde un joven de 16 años agredió verbalmente a una docente y a una adscripta. La directora general del CES, Celsa Puente, consideró “preocupante” que la única medida que se tome sea suspender las clases.

Un equipo integrado por arquitectos de la Universidad de la República (Udelar) y la dirección del Hospital de Clínicas (HC) elaboró una propuesta de refuncionalización del hospital según la cual es posible remodelar el edificio: la arquitectura y la estructura del hospital son “nobles”, se aprovecharía la excelente ubicación en la que se encuentra y es viable hacer las obras manteniendo la asistencia, concluye el trabajo.

Isabel Jaureguy es profesora de literatura y desde hace 18 años ha sido directora de varios liceos; el último, el IAVA. Está a días de cumplir cuatro meses como integrante del Consejo de Educación Secundaria (CES), cargo para el que fue electa por los docentes, y las primeras impresiones que recoge son preocupantes. Asegura que en el CES no hay espacio para el debate sobre política educativa ni planes pedagógicos y que no circula adecuadamente la información, lo que se suma a resoluciones del Consejo Directivo Central (Codicen) “violatorias de la autonomía” del CES. Sobre la realidad de secundaria, asegura que hay una situación de “alerta en materia de infraestructura”.

La jueza penal de 16º Turno, Julia Staricco, resolvió ayer el procesamiento con prisión del capitán retirado Asencio Lucero, por reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados. El fallo es el primero en la causa que investiga las denuncias que presentaron 28 mujeres por torturas y delitos sexuales y es particular porque por primera vez un acusado confiesa haber torturado.

Los dirigentes del PIT-CNT reaccionaron ante el aumento anunciado por UTE de 9,85% a partir de enero. Tras varias consultas, el Secretariado Ejecutivo se manifestó “en contra de la utilización de nuestras empresas públicas como entes recaudadores”. En una declaración emitida ayer, la central sindical asegura: “Las dificultades fiscales que puedan existir se resuelven gravando más a los sectores más ricos de la sociedad y no desparramando los costos sobre la totalidad de la población, en particular los sectores más vulnerables”.

En el momento en que la Policía fue a notificarlo de su procesamiento y detenerlo, Pedro Barneix se dirigió a una de las habitaciones de su casa en Pocitos y se mató de un disparo. La jueza Beatriz Larrieu lo acababa de procesar con prisión por el homicidio de Aldo Perrini, en 1974, cuando Barneix era teniente del Ejército.

Desde el jueves, cuando los dueños del Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur SA), los hermanos Alberto y Máximo Fernández, comunicaron al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, que cerrarían su empresa, el ámbito tripartito convocado por esa cartera ya se reunió el viernes, ayer y lo hará de nuevo el jueves. Se acordó que se trabajará hasta hoy y que la mayoría de los trabajadores pasarán a seguro de paro hasta que se encuentre un inversor que compre la empresa, que será liquidada. Lejos del MTSS, de los interventores y de los delegados sindicales, ayer en la planta de Fripur se trabajó con normalidad, aunque con mucha incertidumbre, nerviosismo y hasta bronca.

La Intendencia de Montevideo (IM) aclaró ayer, mediante un comunicado, que el decreto sobre etiquetado de alimentos transgénicos está vigente y que no se suspendió su aplicación, sino que la norma está en proceso de “revisión”. La puntualización implica un matiz importante respecto de la información que brindó la directora de Salud de la comuna, Analice Berón, al semanario Brecha el viernes, que informó que se habían suspendido los análisis de alimentos y las sanciones impuestas por la anterior administración.