En los últimos días, uno de los consejeros ambientales del demócrata Barack Obama, Van Jones, había cobrado más notoriedad en la escena pública que la que había tenido en toda su vida. Jones, un ambientalista que era consejero del presidente en las políticas de creación de empleos “amigables con el medio ambiente”, era blanco frecuente del Partido Republicano.

La oposición lo criticaba fundamentalmente porque Van Jones había firmado una petición en 2004 en la que se acusaba al gobierno de Bush de haber permitido en forma deliberada los ataques del 11 de setiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, para utilizarlos “quizá como un pretexto para la guerra”. Además, se difundió un video en el que Jones aparecía haciendo comentarios “humillantes” sobre los republicanos, que no fueron reproducidos por los medios de prensa estadounidenses.

“Sus puntos de vista extremistas y su retórica burda no tienen lugar en esta administración ni en el debate público”, había afirmado el congresista republicano Mike Pence, según la cadena británica BBC. Por su parte, el senador republicano John Cornyn decidió manifestar su rechazo al consejero a través de un mensaje en la red social Twitter: “Van Jones se tiene que ir”, había escrito el legislador. Pese a que inicialmente Jones pidió disculpas, dijo que no apoyaba las opiniones del manifiesto sobre el 11 de setiembre, y parecía disponerse a seguir en su puesto, finalmente decidió renunciar a su cargo.

Dijo que había sido víctima de una campaña de difamación, en la que se criticaban no sólo sus comentarios sobre los republicanos o su opinión sobre los atentados, sino también su vinculación con el grupo de izquierda anticapitalista Standing Together To Organize a Revolucionary Movement (alcémonos juntos para organizar un movimiento revolucionario).

En su carta de renuncia al cargo, el ex consejero de Obama afirma que su dimisión se debe a que no quiere convertirse en un obstáculo para los planes de reforma sanitaria y cambio climático que intenta impulsar el presidente.

“Estamos en víspera de una lucha histórica sobre la asistencia sanitaria y las energías limpias. En conciencia, no puedo pedir a mis colegas que dediquen un tiempo y unas energías preciosas en defenderme o explicar mi pasado. Necesitamos que todas las manos estén trabajando, luchando por el futuro”, afirmó Jones en su misiva, según la BBC.

Mientras, en la Casa Blanca, lo que reinó fue la prudencia. Frente a los ataques que recibió el consejero no hubo mayores comentarios, aunque se indicó que Jones se había alejado de su cargo por su propia voluntad.

“Lo que Van Jones decidió fue que el temario de este presidente era más grande que cualquier individuo”, afirmó el vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, en el programa de la cadena ABC “This Week”.

El otro 11 de setiembre

Al mismo tiempo que los conservadores alcanzaban una temprana victoria al lograr alejar de la órbita del Ejecutivo a Jones, una corte federal de apelaciones dictaminaba que John Ashcroft, ex secretario de Justicia de Estados Unidos, puede ser demandado por haber tomado medidas “incompatibles con la Constitución” en el ejercicio de su cargo.

El fallo del juzgado se refiere a las demandas iniciadas por un ex estudiante universitario estadounidense, Abdulá al Kidd, quien denunció que se habían violado sus derechos al ser detenido en 2003 como testigo en un caso de terrorismo federal.

Al Kidd fue encarcelado durante 13 meses para ser llamado como testigo en el caso del sospechoso de terrorismo Sami Omar al Hussayen, pero tras ese tiempo fue liberado y jamás se lo citó a declarar. Ashcroft, por su parte, había pedido que el caso fuera desestimado aduciendo que contaba con inmunidad, pero la opinión de los jueces en el caso fue contundente. Según consignó la agencia AFP, al dar su veredicto, el juez Milan Smith señaló: “Los autores de nuestra Constitución habrían desaprobado el hecho de que un ciudadano estadounidense sea arrestado y detenido por ser nada más que un testigo”.