Varios ex integrantes del Ejército haitiano fueron detenidos luego de la celebración de una manifestación no autorizada y calificada por el gobierno como “desfile ilegal de paramilitares”. Los ex militares y sus simpatizantes, entre ellos colectivos jóvenes, salieron a las calles de Puerto Príncipe y de Cabo Haitiano para reclamar al gobierno el cumplimiento de su promesa de instaurar otra vez las Fuerzas Armadas Nacionales de Haití (FANH) y pagar una pensión a sus antiguos miembros, poniendo fin de ese modo a la participación de la Minustah -la misión de la ONU en Haití- que comenzó en 2004, tras el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide.
En la protesta los militares tomaron las calles de Carrefour, a las afueras de la capital, con consignas como “queremos el regreso del Ejército, la Minustah puede volver a casa”. Según la agencia Haití Press Network, algunos de los manifestantes iban vestidos con el uniforme militar y tanto las fuerzas de la Minustah como la Policía utilizaron gases lacrimógenos. La agencia también reportó que varias personas fueron heridas, aunque no se conocen datos oficiales al respecto.
Los ex soldados y sus aliados han sido acusados de desobedecer en repetidas ocasiones las órdenes de las autoridades, que les habían prohibido vestir el uniforme y portar las armas. “Los detenidos ahora estaban desfilando delante del palacio presidencial, con los uniformes verde oliva y armados”, dijo el director de Policía, Michel-Ange Gédéon, a la agencia Reuters. Entre los arrestados hay dos estadounidenses, identificados como William Petrie y Steven Shaw, acusados de proporcionar entrenamiento y logística a los militares, dijo el ministro de Seguridad, Réginald Delva. Shaw dijo a la agencia AP que es “amigo” de los manifestantes, que “trabajan por la mejora del país”.
El lunes el recién estrenado primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, anunció el desmantelamiento en Puerto Príncipe de dos viejos cuarteles utilizados por estos grupos en el antiguo campo de entrenamiento de Lamentin, al sur de la ciudad. En las últimas semanas, estos grupos han ocupado varios edificios oficiales y cuarteles militares en diferentes partes del país, desoyendo las peticiones de Martelly en las que les pedía abandonar estos espacios ocupados. A su vez, el ministro de Seguridad declaró que “el gobierno quiere lanzar un mensaje claro a los ex militares y sus aliados. Esta práctica de ocupar los edificios del gobierno y desfilar uniformados por las calles se acabó”.
Con demandas
Aunque no hay una cifra oficial de integrantes de este grupo de manifestantes, podrían ser unos 2.000, de acuerdo con varias fuentes, entre ellas las de la inteligencia militar que citó Efe. Esas fuentes dijeron a la agencia de noticias que los grupos podrían estar financiados por sectores ricos del país; que en algunos casos portan armas y que han efectuado controles a los civiles en las calles de varias ciudades y regulado el tránsito en algunos puntos.
Según la versión del gobierno, sólo 3% de los integrantes de estos grupos son ex militares y el resto lo componen jóvenes que se han unido a sus reclamos. El grupo comenzó a formarse en enero de 2011, y en sus inicios ocupó terrenos en la periferia de la capital, sobre todo en los barrios Delmas y Carrefour. A inicios de este mes, Martelly declaró: “Tenemos la necesidad de una fuerza de reserva que podrá tomar el control cuando la Policía Nacional se ausente”. En reacción a sus palabras se organizaron nuevas ocupaciones para exigir al gobierno que tenga en cuenta a miembros de estos grupos.
Además de exigir la restauración del Ejército, estos manifestantes reclaman el pago de pensiones a sus antiguos miembros, con una indemnización de 15 millones de dólares. A finales de abril el gobierno accedió al pago de dichas indemnizaciones, si bien portavoces del grupo, en declaraciones públicas, afirmaron que continuarán con sus demandas hasta que se restaure la institución militar.
El ex sargento Larose Aubin dijo que “no van a retroceder” ya que el gobierno rompió la promesa de nombrar a algunos de sus miembros a la cabeza de unas posibles futuras Fuerzas Armadas. “Vamos a ir con fuerza con la población y nosotros obtendremos lo que estamos buscando. Incluso si perdemos nuestra vida, lucharemos”, dijo.
En este contexto, un grupo de 50 hombres llegó al Parlamento en abril, cuando se discutía el nombramiento del ahora primer ministro, Lamothe, con el objetivo de dar mayor visibilidad a sus demandas.
En 1995 el presidente Jean-Bertrand Aristide, en una estrategia respaldada por Estados Unidos, desmanteló las FADH, que contaban con unos 8.000 efectivos, considerando que habían protagonizado numerosos golpes de Estado y estaban acusadas de violar los derechos humanos. Desde entonces, las tareas de seguridad están a cargo de la Policía Nacional Haitiana.
En 2004, Aristide fue derrocado en un contexto de fuerte inestabilidad en el país, que vive en un proceso de crisis continua, agravado por los altos índices de pobreza. Ese año, se instauró en el país la Minustah, con el objeto de actuar para la estabilidad del país. Precisamente una de las reivindicaciones del grupo de ex integrantes del Ejército se relaciona con la presencia de la Minustah, porque argumenta que han de ser fuerzas internas las encargadas de la seguridad y estabilidad en Haití.
Tras el terremoto que afectó al país en 2010, la misión extranjera aumentó en número de efectivos, y actualmente la integran más de 12.000 soldados, 40% proveniente de América Latina. La situación de crisis del país, unida a la epidemia de cólera y a las denuncias contra efectivos uruguayos, ha desatado críticas al papel de las Naciones Unidas en Haití.
La promesa de Martelly
La formación de este grupo de ex militares no es un hecho aislado de las decisiones gubernamentales. El presidente sostiene que los haitianos hubieran preferido tener el país protegido por su propio Ejército y no por las tropas de las Naciones Unidas. En una entrevista publicada en el diario local El Caribe, antes de asumir su cargo, dijo: “Es urgente [...] que tengamos un ejército moderno, un ejército que vigile las fronteras, el narcotráfico, [...] que puede ayudar en caso de catástrofes cuando haya caos”. Después de toda una campaña en apoyo de la restitución del Ejército, desde que llegó al poder, en mayo de 2011, Martelly ha ido postergando las decisiones al respecto y dijo en algunas ocasiones que la mayoría de quienes integraron las antiguas Fuerzas Armadas no estarían incluidos en las nuevas. Jean Fednel Lafalaise, uno de los portavoces de los ex militares, dijo que las “seguridades” dadas por Martelly en la campaña animaron a darle su apoyo.
En noviembre el presidente encargó a una comisión civil gestionar el restablecimiento del Ejército; de acuerdo al programa, se establecería una primera contratación de 3.500 efectivos y una inversión a largo plazo de 95 millones de dólares. “La dignidad del pueblo haitiano requiere la creación de un nuevo ejército”, dijo entonces.
Los últimos pasos de Martelly apuntan, en primer lugar, a la influencia de agentes externos, teniendo en cuenta que Haití es un país dependiente en gran medida de la Ayuda Oficial al Desarrollo y de organizaciones civiles, que abogan por el fortalecimiento de la Policía Civil, en lugar de un ejército que tiene un pasado con bastantes puntos oscuros. Por otro lado, según transmitió el presidente en sus declaraciones, quiere un “Haití liberado”, pero de manera legal. En las últimas semanas ha suavizado su mensaje y ha dicho que quiere reconstruir las FADH pero que será un proceso que puede extenderse hasta el final de su mandato, que termina en 2016.
Los últimos acontecimientos y las detenciones de más de 50 miembros del grupo de ex militares apuntan a un escenario convulso, en un país azotado por la pobreza y la inestabilidad política, a lo que se suman los efectos del terremoto, que aún están muy presentes. En este marco, la disminución de las ayudas al desarrollo que destinaban varios países europeos, que ahora están en crisis, y los debates internos con conflictos como la formación o no de un cuerpo de seguridad militar, dificultan aún más el establecimiento de bases fuertes para el crecimiento del país más pobre de la región.