Diversas organizaciones militantes por los derechos humanos de Afganistán e internacionales se han hecho eco de los avances y retrocesos respecto de la inserción de la mujer en la vida política y social, entre ellas la Comisión independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, por sus siglas en inglés), la Asociación Revolucionaria de Mujeres Afganas (RAWA), Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).

Una muestra del estado de las cosas son las denuncias, registradas en las últimas semanas, de casos de envenenamiento en algunos colegios del país contra niñas y adolescentes, que algunas organizaciones han atribuido a colectivos contrarios a la escolarización femenina, prohibida durante el gobierno del Talibán (1996-2001). La cadena BBC informó que tras el último caso detectado en la provincia de Takhar, el Ministerio de Educación anunció el cierre de unas 500 escuelas en las provincias en las que hay mayor presencia de milicias del Talibán, que se comenzaron a forjar en el país en 2004.

Si bien no hay pruebas de quién es el responsable de esos envenenamientos, el hecho muestra el clima de violencia contra la presencia femenina en la vida pública, lo que queda en evidencia también en los altos índices que se registran.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer documentó 3.742 casos de violencia contra las afganas desde el 22 de marzo al 31 de diciembre del pasado año. Las mujeres y las niñas siguieron siendo víctimas de discriminación, violencia intrafamiliar, matrimonio forzado y trata, y se las utilizaba como moneda de cambio para resolver disputas.

Con frecuencia, las fuerzas del Talibán dirigían contra ellas sus ataques, según el último informe de AI sobre los derechos humanos en el país. Ese reporte señala también que “la Policía y los tribunales hacían con frecuencia caso omiso de las denuncias de abusos presentadas por mujeres”. La organización denunció además que mujeres que trataban de huir de matrimonios en los que eran objeto de abusos fueron detenidas y enjuiciadas por faltas relacionadas con la “moral”, que no figuran en el Código Penal, y que esto ocurre a pesar de que en 2009 se promulgó la Ley sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Respecto del enjuiciamiento de mujeres por motivos que atentan contra los derechos humanos, la organización HRW emitió en marzo un informe en el que pedía la liberación de unas 400 mujeres y niñas que se encontraban encarceladas por “crímenes contra la moral”. Señaló que incluso algunas habían sido condenadas por zina [practicar el sexo fuera del matrimonio] porque fueron violadas u obligadas a prostituirse. “Es sorprendente que, diez años después del derrocamiento del Talibán, siga habiendo mujeres y niñas encarceladas por huir de la violencia doméstica o el matrimonio forzado”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW. Agregó que “no se debe encerrar a nadie por huir de una situación peligrosa, incluso cuando ocurra en su hogar” y opinó que “el presidente [Hamid] Karzai y los aliados de Afganistán deben actuar con decisión para poner fin a esta práctica abusiva y discriminatoria”.

Avance y retroceso

Desde 2001, cuando cayó el régimen del Talibán y comenzó la invasión de la OTAN al país, hubo algunos avances en materia de educación, mortalidad materna, empleo y acceso de la mujer a la vida pública y a cargos en el gobierno. Por ejemplo, se estableció que se reserve a mujeres 25% de los escaños en el Parlamento. De acuerdo con un informe de AIHRC, la lucha de las mujeres para garantizar sus derechos básicos ha logrado mejores oportunidades en los últimos años con la Ley sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la nueva legislación electoral o la reforma constitucional de 2004, que reconoce más derechos para las afganas, generalmente marginadas de distintos ámbitos de la sociedad.

A partir de su Estrategia de Desarrollo Nacional, el gobierno se comprometió a incrementar la presencia de las mujeres en la administración pública hasta llegar a 30% en 2020. Sin embargo, AIHRC advierte que en realidad el objetivo dista mucho de cumplirse, en particular por las desigualdades en las provincias del interior del país, donde la presencia femenina en esos ámbitos es mucho menor que en Kabul.

Se ha dado una larga lucha de activistas por los derechos de las mujeres en un país con un fuerte arraigo de tradición machista, y existen algunos ejemplos de mujeres que alcanzaron ciertos puestos de poder, como Habiba Sarabi, que se convirtió en la primera gobernadora de Afganistán, en la provincia de Bamyan, en 2005. Otro caso es el de Fawia Koofi, que fue la primera vicepresidenta del Parlamento tras sobrevivir a varios intentos de asesinato, y que ahora quiere competir por la presidencia en las elecciones de 2014.

La presencia en el gobierno y en las instituciones sociales también aumentó respecto de la estructura cerrada que existió durante el régimen del Talibán. De acuerdo con datos del coordinador de Organizaciones de la Sociedad Civil, Naim Nazari, cerca de 30% de los activistas son mujeres, aunque “en algunas provincias las mujeres se encuentran con numerosas restricciones e inseguridades para participar en actividades de la sociedad civil”.

Esta desigualdad y los mayores índices de violencia registrados en el interior del país se encuentran también en el acceso a programas sociales de diferentes tipos, con lo que la organización afgana AIHRC recomendó que desplieguen programas de concientización hacia los diferentes distritos y áreas remotas del país.

En cuanto a la legislación, desde 2007 el gobierno lanzó promesas de reformulación legislativa en el marco del “Plan de Acción Nacional para la Mujer”, por el que se esperaba la redacción de una ley acerca de la familia que mejorara los derechos de la mujer y que finalmente no se llegó a promulgar.

La Misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA por su sigla en englés) denunció en noviembre que queda un “largo camino por recorrer” en la aplicación de la legislación que protege a las afganas de la violencia de género. De acuerdo con este organismo, las leyes chocan con prácticas socialmente aceptadas como la compra venta de mujeres para el matrimonio, las bodas infantiles o forzadas, las violaciones y el “baad” (regalo de una mujer para resolver una disputa familiar), informó la agencia Efe. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violencia contra la mujer ha instado en varias ocasiones a Afganistán a “abolir las leyes, como las relacionadas con la zina, que discriminan a las mujeres y las niñas y acarrean su encarcelamiento y una pena cruel, inhumana y degradante”, remarcó HRW en su informe.

Proceso masculino

Algunas activistas y organizaciones civiles han criticado la influencia de los partidarios del Talibán en el gobierno de Karzai y han denunciado que esto puede tener consecuencias en la paralización de los procesos de mejora de los derechos de las mujeres. Desde hace varios años, el Talibán se reorganizó en un movimiento insurgente que hoy tiene presencia en algunas zonas de Afganistán.

En 2010 se creó el Consejo de Paz, con intermediación de la ONU, para fomentar el diálogo y el proceso de paz entre el gobierno de Kabul y el Talibán, que adquirió una mayor relevancia en el país con el anuncio del retiro de las tropas extranjeras, que debería avanzar en forma paulatina y terminar en 2014. Este proceso puede provocar, según denunció la semana pasada Fawia Koofi, una mayor discriminación hacia la mujer para ceder cuotas de poder al Talibán. “La talibanización es un proceso, la gente del gobierno está promoviendo la ideología y el pensamiento Talibán”, afirmó la ex presidenta del Parlamento.

En opinión de Koofi, es importante señalar las diferencias entre el pensamiento del Talibán y el islamista, y por tanto la necesidad de desvincular la legislación actual de las propuestas de los insurgentes afganos, muchas de ellas reflejadas en el Consejo Nacional de los Ulemas, un organismo gubernamental apoyado por líderes religiosos con tintes fundamentalistas. En marzo, el apoyo del presidente Karzai a un decreto emitido por ese Consejo, despertó las críticas de varios sectores porque estableció, por ejemplo, que las mujeres no deben viajar sin un acompañante masculino, que no deben mezclarse con hombres mientras estudian o trabajan, o en público, y otras normas que marcan un rol claramente subordinado de la mujer respecto del hombre.

Por otra parte, en el período previo a la elección presidencial de 2009, Karzai apoyó la Ley Shia sobre el Estatuto Personal, que continúa vigente y que, para la minoría chiita de Afganistán, le da al marido el derecho a retirar la manutención a su esposa -incluso a dejarla sin alimento- si ella se niega a obedecer sus demandas sexuales. Esta norma, además, otorga la tutela de los niños exclusivamente a los hombres y exige que las mujeres cuenten con el permiso de sus maridos para trabajar, dijo el investigador e integrante de HRW Heather Barr a la CNN.

“Vivo en un país de misóginos que temen a la otra mitad. Las mujeres apenas pueden hablar en el Parlamento, son insultadas y atacadas. Las cosas no han cambiado desde que se fue el Talibán y el país fue ocupado por tropas extranjeras”, declaró una de las diputadas del Parlamento afgano, Malalai Joya, a la agencia IPS.

Otra organización social con presencia en Afganistán desde los años 70, RAWA, criticó el papel de las fuerzas extranjeras y del gobierno de Karzai, y sostuvo que no se ha avanzado en la lucha contra el fundamentalismo religioso, que es uno de los principales lastres para las mujeres. En su página web afirma que “se ha reemplazado un régimen fundamentalista por otro”, en referencia a la falta de unas políticas claras de Karzai.

En este escenario, y en el marco de un proceso de paz complicado, las reivindicaciones de las organizaciones de derechos humanos y en favor de la igualdad de género trabajan para aunar el respeto religioso y un mayor peso de las mujeres en la vida social, en la que esperan que los avances en materia legislativa sean un reflejo real de la vida cotidiana de las mujeres y niñas afganas.