Muchos son los debates acerca de la aplicación de la justicia en temas de seguridad pública. En la discusión entran grandes temas como la justicia por mano propia, el endurecimiento de penas y la conveniencia o no de que los ciudadanos puedan portar armas. En varias comunidades de México la discusión parece estar saldada para algunos de sus ciudadanos, que, cansados por la “ineficacia” policial, decidieron organizarse y salir a combatir la delincuencia.
Incómodo
El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas Jorge Chabat dijo a la agencia Efe que el fenómeno de los grupos de autodefensa remite a la posibilidad de la formación de grupos paramilitares -como en Colombia- o de linchamientos públicos. Además, entendió que el gobierno mexicano está “un poco acorralado” porque no puede cubrir la demanda de seguridad de la ciudadanía, ni tampoco prohibir el accionar de estos grupos -que se proponen hacerlo-, debido a los costos políticos que conllevaría.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mexicana rechazó en un comunicado la creación de los grupos de autodefensa y señaló que es el Estado el que debe encargarse de la seguridad pública. Se mostró preo-cupada “por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre esas organizaciones y los grupos paramilitares”.
Días atrás y a raíz de la ocupación de una comisaría de Michoacán por parte de uno de estos grupos, la Policía detuvo a varias personas y encontró indicios de que se vinculaban con el narcotráfico, en particular con el cártel Jalisco Nueva Generación.
En enero surgió la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), un nuevo grupo de autodefensa que se suma a colectivos que operan en otros estados desde hace algún tiempo. Según consigna la agencia de noticias Efe, en 1994 se formó el primero de ellos en el estado de Chiapas, y le siguieron otros en Hidalgo, en 2008, y en Michoacán, en 2011. Estos grupos se encargan de capturar y enjuiciar a personas que cometen delitos, muchos de ellos vinculadas al narcotráfico, pero no están avalados por ningún organismo, por lo que son considerados ilegales.
En el caso de la UPOEG, los motivos de su creación, además de la saturación popular ante la falta de efectividad policial, también tuvieron que ver con la falta de oportunidades para la población, que reclama por un proyecto político para contrarrestar esa situación.
Los habitantes del estado de Guerrero, muchos de ellos indígenas, están cansados de la ausencia de políticas en los tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal- de la falta de aplicación de la ley, según explicó a medios mexicanos el secretario de la Gobernación (equivalente a un Ministerio del Interior), Miguel Ángel Osorio, que mantuvo reuniones con integrantes de la UPOEG.
A principios de febrero, el gobierno comenzó las negociaciones con el grupo de autodefensa para la entrega de 54 supuestos delincuentes capturados por la UPOEG, que en esos encuentros se comprometió a actuar de acuerdo con la legalidad. “Ellos refrendaron su compromiso de actuar en el marco de la ley. Fueron muy enfáticos en que no están en contra ni del gobierno federal ni del gobierno estatal. Son un grupo que está señalando que los cuerpos policiales se han involucrado en actos de corrupción, y que muchas veces no se detiene a quienes cometen delitos”, afirmó Osorio en declaraciones recogidas por Efe.
Imagen y semejanza
Poco tiempo después de la formación de la UPOEG, a principios de febrero, el gobierno del municipio de Santos Reyes Nopala, en el estado de Oaxaca -vecino de Guerrero-, anunció la fundación de un nuevo grupo de autodefensa.
Dicho municipio es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En cambio, el estado de Oaxaca es gobernado por una coalición que el PRI no integra, y el gobierno estadual desconoció a la nueva formación y acusó al alcalde de fomentar la ilegalidad. El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Marco Tulio López Escamilla, aseguró que desconoce la necesidad de seguridad en los pobladores de Santos Reyes Nopala debido a que el municipio cuenta con la Base de Operaciones Mixta, con participación del Ejército y de las policías estatal y municipal de la región. Por lo tanto, consideró que en el municipio la situación de inseguridad no es tal.
El cuerpo de autodefensa en Santos Reyes Nopala está compuesto por unos 500 habitantes del municipio, y armado con rifles y escopetas. Según el alcalde Fredy Gil Pineda, sólo tendrá entre sus cometidos brindar seguridad a la población en su jurisdicción.
En México también existe la policía comunitaria, a la que algunos comparan con los grupos de autodefensa, aunque no son lo mismo. En el caso de Guerrero, el estado cuenta con dicho cuerpo desde hace 17 años, mediante la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que va más allá de la autodefensa. Se trata de un sistema de justicia y seguridad basada en los “usos y costumbres” de la población indígena, a partir de las normas mexicanas.
La operativa
El diario mexicano El Universal difundió un video de una de las asambleas de la UPOEG en la que son enjuiciados varios supuestos delincuentes. Luego de la captura a manos del grupo, que en un principio actuaba con capuchas, se convoca a asambleas en las que participan varios integrantes de la comunidad. En el video puede verse a uno de los detenidos, rodeado de personas tanto de pie como sentadas en mesas, algunas encapuchadas y otras a cara descubierta, y custodiado por un hombre armado. En la asamblea se debate acerca de la culpabilidad o no del detenido, a quien se le plantean preguntas y él mismo debe encargarse de su defensa.
De acuerdo con Efe, la UPOEG entregó días atrás a las autoridades a los últimos 20 detenidos de los 54 que tenía “bajo resguardo” desde el 5 de enero. Lo hizo en el marco de las negociaciones que la agrupación de autodefensa mantenía con los gobiernos estadual y federal, a la espera de que los presuntos delincuentes sean juzgados legalmente.
El dirigente de esa organización, Bruno Plácido, declaró a la agencia de noticias que el trabajo de la UPOEG no termina sino que recién comienza. Anunció que el grupo mantiene contratos con las autoridades para que se lo reconozca como una policía comunitaria, y adelantó que los integrantes del cuerpo ya se están capacitando con ese objetivo. En las conversaciones también se incluyeron aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los pobladores, que en su mayoría no cuentan con saneamiento ni otros servicios básicos.