A más de un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, las voces de sus familiares siguen gritando que los quieren encontrar vivos. El reclamo para que se considere la posibilidad de llevar a cabo una búsqueda con vida de los jóvenes fue uno de los varios temas que se trataron el lunes en una nueva reunión que mantuvieron los padres de los estudiantes con la fiscal general de México, Arely Gómez, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Procuraduría General de la República anunció que se lograron “importantes acuerdos”, acerca de mantener “reuniones de trabajo periódicas” o la “exhaustividad en las nuevas líneas de investigación”. Además, informó que se presentó oficialmente, en la reunión, la nueva Oficina de Investigación del Caso Iguala, que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Esta oficina, que está encargada de guiar la segunda etapa de la investigación, empezó a trabajar el 1º de noviembre y está dirigida por José Aarón Pérez Carro, informó el diario mexicano La Jornada. Gómez reiteró que la investigación “sigue abierta”, y que se trabaja junto al GIEI”.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que la reunión “fue positiva”, aunque agregó: “No es un resultado acabado donde podemos decir que se logró lo que buscábamos”. Rosales dijo a la agencia de noticias Efe, que “era fundamental” la creación de una nueva unidad de trabajo que “se abocará a la investigación propia del caso” y atenderá a las recomendaciones del GIEI.
El informe que este grupo de expertos presentó en setiembre estableció que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, municipio próximo a Iguala, luego de ser arrestados por policías y entregados al cártel de Guerreros Unidos, tal como afirma la investigación oficial de la Fiscalía. El abogado de los familiares confirmó, por otro lado, que esta nueva unidad, con la ayuda del GIEI, ya está interrogando a miembros del 27º Batallón de Infantería del Ejército mexicano, ubicado en Iguala. Una de las recomendaciones del GIEI era que se interrogara a militares que pudieran estar al tanto de lo que les sucedió a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
En este encuentro también se acordó que los padres de los 43 levantaran el campamento que instalaron el jueves frente a Los Pinos, la residencia oficial del presidente Enrique Peña Nieto, para que se reanudara la búsqueda de sus hijos y se ampliaran las líneas de investigación. Según dijo Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a la radio mexicana Fórmula, los 43 normalistas desaparecidos fueron buscados en 669 lugares distintos, y no sólo en Guerrero: los buscaron en “cuevas, bodegas, barrancas, aeródromos y presas” en el estado de México y en Puebla.