Josep Reniu es uno de los integrantes del Consejo Asesor para la Transición Nacional, el “grupo de sabios” que menciona Albert Royo, y también visitó Montevideo para participar en la conferencia “Cataluña: ¿autodeterminación o statu quo?”; antes de ésta dialogó con la diaria.

Reniu relató que desde abril de 2013 el Consejo Asesor para la Transición Nacional, que tiene 14 miembros de diferentes disciplinas, ha realizado una serie de informes sectoriales -sobre abastecimiento de agua y energía, telecomunicaciones, relaciones internacionales, Banco Central, etcétera- para “ir preparando todo lo que deben ser las estructuras de Estado y todos los procesos de transición” hacia la declaración de la independencia de Cataluña.

Los distintos informes redactados por el Consejo Asesor conforman el “libro blanco” de la transición catalana, y la idea es que con ellos quede claro que la perspectiva de un eventual Estado catalán es “una cosa madurada, trabajada”. Además de aportar lineamientos sobre el camino que deben seguir las instituciones catalanas hacia la conformación de un Estado, se proponen desmantelar ideas que se han instalado en España en los últimos años, como que Cataluña perdería 20% de su Producto Interno Bruto si se independizara. Este argumento está contrarrestado en el informe “Las relaciones comerciales entre Catalunya y España”. Allí se señala, entre otras cosas, que aunque una Cataluña independiente no ingresara automáticamente a la Unión Europea, sí podría firmar acuerdos bilaterales con sus miembros para comerciar sin pago de aranceles, tal como lo ha hecho Suiza.

El informe “El proceso constituyente” contiene los pasos a seguir a partir de una eventual victoria de las fuerzas soberanistas en las elecciones del 27 de setiembre. “Dibuja cuáles serían los escenarios desde de la obtención de un mandato democrático [para declarar la independencia] hasta la culminación del proceso”, contó Reniu a la diaria. Se detiene en tres momentos: “Una declaración de apertura del proceso de negociación de secesión; la transición -que engloba básicamente la construcción de estructuras de Estado, el reconocimiento internacional y la elaboración de la Constitución-; y el tercer momento, la proclamación efectiva de la independencia”.

“Si la ciudadanía de Catalunya, por los medios que estén a su alcance, expresa democráticamente su voluntad política de crear un nuevo Estado independiente, se abriría un proceso para hacerla efectiva que se podría desarrollar básicamente en dos escenarios diferentes: el primero […] de colaboración entre las instituciones de la Generalitat y del Estado para negociar la implementación de esta voluntad; el segundo, un escenario de no-colaboración del Estado, o incluso de oposición a negociar la manera de hacer efectiva dicha voluntad”, señala el documento antes de plantear los pasos a seguir en cada uno de estos escenarios.

En un escenario de eventual colaboración, el informe del Consejo Asesor señala que en el proceso de negociación se debe tener cuidado de que “no se produzca ninguna divergencia entre la sociedad civil activa y movilizada [por la independencia] y las instituciones”, ya que si se produjera, además de añadir dificultades a un proceso “de por sí ya bastante complejo”, podría “acarrear problemas de legitimación política” a un Estado catalán. Además, se apunta que es “muy importante también asegurar el respeto de las minorías discrepantes” con la independencia, que podrán expresarse “sin exclusiones ni limitaciones”.

En el informe se reconoce que durante el año y medio que está previsto que duren las negociaciones, Cataluña continuará siendo parte de España, pero el marco jurídico-constitucional “debería modularse” para que la Generalitat pudiera actuar “más allá de las competencias que le reconoce el bloque de la constitucionalidad actual”. Para esta “modulación” sería necesario que España no sólo accediera a la negociación, sino que tuviera una buena disposición.

En un escenario en el cual los catalanes respalden a las fuerzas soberanistas y el gobierno español se niegue a negociar un proceso de independencia, “se produciría una situación de bloqueo político, con una carga potencial de conflicto institucional muy elevada”, indica el informe. Allí se manejan algunas alternativas, entre ellas, que la Generalitat “podría intentar forzar la negociación con el Estado, acudiendo a actores diversos (en especial, de carácter internacional, pero también de la sociedad civil) que actúen como mediadores” y, ante una nueva negativa, “proclamar unilateralmente la independencia”, con una “desconexión inmediata de las instituciones del Estado español y de su ordenamiento jurídico”.

Reniu dijo que él confía en que si la ciudadanía catalana les da a sus líderes un mandato soberanista en las elecciones del 27 de setiembre habrá negociaciones: “Los estados, en la escena internacional pero también en el ámbito doméstico, terminan operando en términos de pragmatismo e intereses”, dijo. Una vez alcanzado “el punto final de una situación de tensión absoluta, el reino español no tiene ningún incentivo para mantener esa situación”. Agregó: “Obvio que hay incertidumbres y que uno no puede saber a ciencia cierta qué es lo que va a suceder, pero hay un conjunto de elementos que apuntan también a potenciales momentos de encuentro y de relajación de esa tensión”. También hizo hincapié en el papel que podría jugar la comunidad internacional en una situación en la que España se cerrara absolutamente a cualquier tipo de negociación.

Ambos escenarios derivan en la realización de un referéndum en el que los catalanes puedan respaldar a la nueva Constitución. ¿Qué sucede si no la respaldan? “Creo que si el mandato democrático inicial es suficientemente fuerte y el proceso de transición se desarrolla, obviamente con pequeñas turbulencias pero con el cumplimiento de hitos, la ratificación de la nueva Constitución no tendría por qué suponer un impedimento”, dijo Reniu. En el caso de que esto sucediera, agregó, “ahí tenemos un punto de involución” y un bloqueo político.