En las áridas ondulaciones en los montes del sur de Hebrón, en Cisjordania, en el desierto rocoso de Judea, se encuentra el pueblo palestino Susyia. Está flanqueado por dos asentamientos judíos del mismo nombre: una colonia de unos 1.000 habitantes de un lado, y del otro, un sitio arqueológico donde viven tres familias de colonos y en el que se encuentra una antigua sinagoga.

A primera vista es difícil entender la disposición de Susyia, muy diferente del estereotipo occidental de un pueblo. Las estructuras construidas, las carpas y los refugios para animales están separados según clanes familiares. Los palestinos de la zona llevan un estilo de vida tradicional agricultor; viven del trabajo de la tierra y de sus rebaños, como lo han hecho durante cientos de años en la zona de cuevas de los altos del sur de Hebrón.

En el pueblo, la única electricidad disponible proviene de unos paneles solares donados por organizaciones no gubernamentales y países europeos. No hay agua corriente. Las personas y sus animales cuentan con el agua que proviene de pozos, la que recolectan durante las lluvias del invierno o la que deben comprar a altos precios cuando la temporada de lluvias es mala. Las condiciones físicas y las limitaciones impuestas a esta comunidad la convierten en una de las poblaciones más vulnerables en Cisjordania.

Buena parte del pueblo se encuentra en la denominada zona C, que, según los acuerdos de paz de Oslo, está bajo control total israelí, tanto administrativo como militar. La población está conformada por refugiados del pueblo Gratian, dentro de las fronteras de 1948, que fueron expulsados de sus tierras y reubicados en Susyia.

La historia de este pueblo está marcada por destrucciones y expulsiones por parte del Ejército israelí. Desde 1986, cuando el Ejército expulsó a sus pobladores de la zona donde hoy se encuentra el sitio arqueológico, y donde estaba originalmente Susyia, esta población ha sido expulsada seis veces más. La última fue en octubre de 2001, después de que la Corte Suprema israelí definiera como ilegal la expulsión anterior, ocurrida tan sólo una semana antes.

A partir de entonces, Israel ha afirmado que los palestinos de Susyia son intrusos en sus propias tierras, porque construyeron sus tiendas de campaña sin obtener los permisos necesarios de la Gobernación Militar israelí -también conocida como la Administración Civil-, el órgano del Ejército encargado de la población civil palestina. Esto supone un cambio en los motivos para las expulsiones. En lugar de alegar que esos pobladores son una “amenaza a la seguridad”, ahora alegan que no tienen permisos de construcción legítimos, a pesar de que tiene documentos que prueban que son propietarios de sus tierras.

Con los años, las organizaciones civiles israelíes en dos ocasiones los han ayudado a presentar las solicitudes de permisos de construcción, pero en ambas ocasiones fueron rechazadas por la Administración Civil. El 6 de junio de 2007, el Tribunal Supremo celebró una audiencia en la que los jueces desestimaron la apelación original de los pobladores palestinos y les dieron 45 días para obtener los permisos requeridos. De no cumplir con este plazo, se le daría permiso al Ejército para llevar a cabo las demoliciones. La presión política y diplomática salvó al pueblo de la demolición.

Desde 2012, tras un pedido de la organización de colonos Regavim de destruir Susyia, al que considera un pueblo ilegal, se mantiene una batalla en los tribunales. Ayudados por organizaciones de derechos humanos israelíes, y tras un fuerte trabajo de planificación por parte de los pobladores y los profesionales, Su-syia ha presentado un plan maestro para el pueblo. El Consejo Supremo de Planificación de la Gobernación Militar afirmó que rechazaba el plan maestro por el bien de los residentes palestinos: “El plan actual constituye un intento más de mantener una población débil y privada de la posibilidad de avanzar”. Concluyó que el plan les impone a los niños del lugar “el destino de la vida en un pequeño pueblo, atrofiado, que no tiene las herramientas para el desarrollo”.

Llevo ya varios años siguiendo los intentos de esta comunidad por sobrevivir. Los cambios introducidos por los pobladores y las organizaciones no gubernamentales -paneles solares, turbinas de viento, filtros para el agua de los pozos- han permitido el desarrollo del pueblo y han mejorado la calidad de vida de la gente en Susyia. La electricidad ha facilitado el trabajo y el almacenamiento de productos lácteos, ha permitido la conexión a internet y ha dotado a los pobladores de energía para cargar teléfonos celulares y cámaras de video, con las que documentan la violencia incesante de los colonos contra los pobladores. Por encima de todo, Susyia ha desarrollado un liderazgo político que ha optado por la lucha no violenta contra la ocupación israelí.

Nasser Nawajeh, uno de los líderes de Susyia, ha sido siempre mi interlocutor. Él me contó sobre los orígenes del pueblo, los problemas que enfrentan, los caminos que han elegido para resolverlos. Sentados bajo un árbol, protegiéndonos del calor agobiante del verano desértico, Nasser me relató el miedo con que la gente se va a dormir desde que le informaron que la Corte Suprema israelí había dado luz verde al Ejército para destruir el pueblo. “Desde el fallo de la Corte, la gente aquí se va a dormir sin saber si las excavadoras vendrán por la mañana. Es como tratar de mantener el equilibrio sobre una silla con una sola pierna y no saber cuándo te vas a caer. Aquí la gente está viviendo al límite”.

Ese miedo se volvió más palpable después de la visita al pueblo del general Yoav Mordechai, jefe de la Coordinación del Actividades del Gobierno en Territorios ocupados del Ejército israelí, que informó a los pobladores que está dispuesto a negociar el futuro de Susyia, pero que, según me contó Nasser, también les informó que, debido a presiones de la organización Regavim y los “vecinos”, tendría que destruir de tres a cinco estructuras en el pueblo antes de que se apele ante la Corte Suprema la decisión sobre el plan maestro.

Cuando Nasser recibió el plano del Ejército con la lista de estructuras a destruir, en lugar de tres o cinco, había 37. La lista incluía hogares, una clínica, baños y estructuras para los animales. El nuevo plan afecta a más de la mitad del pueblo y en particular a la familia Nawajeh, algo que llama la atención. “Llamaron al pueblo desde la Administración Civil para preguntar dónde vivía yo, pero al marcar las coordenadas creo que se equivocaron y marcaron la casa de mi hermana, que está al lado”, dijo Nasser.

Una vez más, la presión internacional no demoró en llegar, y tanto el gobierno estadounidense como los cancilleres de la Unión Europea criticaron los planes israelíes. Estos cancilleres publicaron un comunicado en el que piden a Israel “detener los planes para la transferencia forzada de la población y la demolición de viviendas palestinas e infraestructura”. Mientras los voluntarios llenan los espacios del pequeño pueblo para evitar la destrucción y la expulsión de sus habitantes, nadie tiene la certeza de qué ocurrirá en Susyia en los próximos días.

Entender lo que ocurre con este pueblo es entender el significado de la ocupación israelí en Cisjordania, que utiliza todos sus aparatos de opresión para luchar contra 300 palestinos en el medio del desierto en un intento por expulsarlos de sus propias tierras. Cuando le pregunté a Nasser si sentía que esta vez era diferente a otras, me contestó que esta vez tenía miedo y, tras una pausa, agregó: “Si destruyen, volveremos a construir. No nos queda otra opción, no nos vamos a ir de aquí”.