Rojo amanecer

Esta madrugada se cumplieron dos años de la tragedia de Iguala. Dos años de la espiral del horror que se inició la noche del 26 de setiembre con la persecución y el ataque a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Isidro Burgos.

Tal como lo afirmó Emiliano Ruiz Parra, la tragedia de Iguala fue la negación de la ética levinasiana. Levinas decía que el rostro te impone un mandamiento; pero esos rostros fueron robados por la violencia, por la desaparición forzada, por la ambición de un Estado, convertido en narcoestado.

Los rostros de los 43 han dado vuelta al mundo. La tragedia en el estado de Guerrero puso el foco en México, otra vez México en medio de la guerra contra sí mismo.

La presión internacional

En estos 24 meses, la denuncia de los hechos en la esfera internacional ha sido clave para poner en evidencia los más oscuros laberintos de la impunidad en México.

El 30 de setiembre de 2014, tres días después de ocurridos los hechos, ante los infructuosos intentos de diálogo con las autoridades locales para saber el paradero de los 43 estudiantes, la organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro, en conjunto con la familias de los desaparecidos, decidieron acudir al ámbito internacional y solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas medidas constituyen mecanismos de protección en casos de gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas.

La CIDH decidió otorgar el 5 de octubre dichas medidas (MC/409), que todavía están vigentes, y en el marco de la implementación de ese mecanismo fue que se acordó la conformación de un grupo de expertos independientes para coadyuvar en la efectiva implementación por parte del Estado mexicano de las medidas de protección otorgadas (ver recuadro).

En este sentido, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) buscaba consolidarse como un mecanismo de asistencia técnica para la búsqueda de los desaparecidos, la investigación criminal y la atención a víctimas. En 15 meses de trabajo, el GIEI elaboró dos extensos informes, de 519 y 605 páginas respectivamente, en los que da cuenta de forma pormenorizada de las principales investigaciones y hallazgos de lo acontecido el 26 y el 27 de setiembre en Iguala.

La investigación puso en evidencia no sólo la actuación de la Policía municipal, sino también la de diferentes cuerpos de seguridad, entre ellos el Ejército (Batallón 27), la Policía federal y la Policía federal ministerial. Los informes documentaron exhaustivamente los hechos, las hipótesis del posible paradero de los desaparecidos, las escenas del crimen intervenidas y alteradas por los funcionarios encargados de esclarecer los hechos, y las magras medidas adoptadas para la atención a victimas y sobrevivientes.

En el segundo informe también se visibilizó a otras víctimas “colaterales” de las que poco se habla, como los Avispones de Chilpancingo, un equipo de fútbol local, cuyo ómnibus fue “rafagueado por error” por un ejército de sicarios vestidos de negro.

Sin embargo, desconociendo las investigaciones que llevaba adelante el GIEI, en enero de 2015 el gobierno mexicano pretendió cerrar el caso con la “verdad histórica” que el procurador de ese entonces, Jesús Murillo, anunció en conferencia de prensa: “El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca ordenó el ataque porque temía que los estudiantes causaran disturbios durante un discurso de su esposa. Una vez en manos del cártel de Guerreros Unidos, los estudiantes fueron confundidos con Los Rojos, una organización criminal rival; posteriormente fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas al río San Juan […]. Esta [es] la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”.

Dicha “verdad histórica” fue rechazada por el GIEI. Si bien pudo comprobarse la responsabilidad del entonces alcalde de Iguala, no existían condiciones para hacer esas afirmaciones sobre el modo en el cual se había perpetuado la desaparición forzada de los normalistas.

Pudo saberse después que las declaraciones de los 99 detenidos por el gobierno federal habían sido obtenidas mediante tortura y diferentes formas de extorsión.

Después de varios desencuentros con las autoridades mexicanas, el GIEI tuvo que abandonar el país el 30 de abril de este año, debido a que el Estado no quiso prorrogar su mandato. No obstante lo anterior, el 29 de julio, a fin de dar seguimiento a la implementación de las medidas, en un nuevo intento de acompañamiento internacional se aprobó la conformación de otro mecanismo especial de seguimiento, pero de naturaleza distinta al GIEI.

La CIDH, en el marco de dicho mecanismo, pidió al Estado mexicano “que redoble sus esfuerzos para determinar el paradero o destino de los estudiantes desaparecidos”, aspiración esperanzadora e ingenua en un país donde, según ha documentado el propio organismo, el sistema político, corrompido hasta la médula, ha tratado de ocultar la verdad a cualquier precio.

Ética socialista

Eran los 90, y en un programa de Televisa conducido por Enrique Krauze, Mario Vargas Llosa encendió la cólera de Octavio Paz al afirmar, en referencia al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no se puede exonerar a México de la tradición de las dictaduras latinoamericanas. En el video -que puede verse en Youtube- el escritor afirma: “El caso de México encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante, yo [pienso en] este caso con esta fórmula: México es la dictadura perfecta, porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero de hecho, si uno escarba tiene todas las características de una dictadura: la permanencia no de un hombre pero si de un partido, un partido que es inamovible, que concede suficiente espacio para la crítica en la medida que le sirve, pero que suprime por todos los medios, incluso con los peores, aquella crítica que pone en peligro su permanencia [...] Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de la historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales [...] Al igual que las otras dictaduras, fue incapaz de traer la justicia social, en México no hay una mejor distribución de la riqueza [...] es importante denunciar el caso mexicano, se ha vivido durante décadas la dictadura [...] la revolución ha sido otros de los instrumentos del sistema dictatorial del PRI para eternizarse, otro argumento de esa gran demagogia retórica a lo largo de su historia”.

En 2012 cuando volvió el PRI como partido de gobierno, muchos sabíamos que era la restauración del régimen caracterizado por el asesinato de disidentes, por las ejecuciones extrajudiciales, por la cínica emulación de los sueños de libertad del pacto libertario de la revolución mexicana.

Sin embargo, el caso de Ayotzinapa nos demuestra que esta forma de ejercer el poder en México no es exclusiva del PRI. La mayoría de las organizaciones internacionales que ayer se pronunciaron por la inoperancia y “cinismo” del presidente Enrique Peña Nieto no mencionaron que Abarca, el narcoalcalde que ordenó la ejecución de los estudiantes, era de una coalición de “izquierda”, protegido por actores políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como Ángel Aguirre, el entonces gobernador del estado.

Los responsables políticos siguen libres y ya se preparan para las próximas elecciones con nuevos pactos innombrables para que un puñado se enriquezca a costa de la vida de millones “sin nombre”, “ni rostro” que poblarán nuevas fosas clandestinas.

¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad internacional en esto? ¿Cómo pueden los estados seguir recibiendo a las delegaciones mexicanas en distintos foros y eventos como si nada pasara?

Sin ir muy lejos, por ejemplo, el PRD y el PRI son miembros de la Internacional Socialista, y parece que esta organización mundial de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas no ha sentido la necesidad de pedir a estas corporaciones que se retiren de sus filas. Según consigna su página de internet, ambos partidos figuran en la lista de los flamantes miembros, y en otra pestaña puede leerse la Carta Ética adoptada por el XXII Congreso de la Internacional Socialista en San Pablo: “Nosotros, los partidos miembros de la Internacional Socialista, reafirmamos nuestra total adhesión a los valores de igualdad, de libertad, justicia, solidaridad y paz que son el fundamento del socialismo democrático. Nos comprometemos a […] desarrollar políticas progresistas que favorezcan el bienestar de los individuos, la expansión económica, la justicia social [...]. Combatir la corrupción en todas sus formas y los obstáculos a la buena gobernanza.”

El silencio nos hace cómplices. La complicidad nos hace perpetradores.