El 8 de diciembre, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, comunicó a los ciudadanos de su país que repartiría 617 millones de euros en un pago extra a 1,6 millones de pensionistas, que ganan menos de 850 euros al mes. También anunció que congelará el aumento de IVA previsto para 2017 en las islas del mar Egeo, golpeadas por la crisis de los refugiados, y que contratará a 5.000 médicos, enfermeros y administrativos para el sector de la salud. El Parlamento griego debatió el pago extra a los pensionistas -a pesar de que las instituciones europeas decidieron suspender temporalmente las medidas de alivio de la deuda- y la medida salió adelante con 195 votos favorables en 257. La medida contó con el apoyo de la gobernante Syriza y sus partidos aliados, así como del Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), los comunistas y el partido neonazi Amanecer Dorado.

Se trató de una decisión que el gobierno tomó sin buscar el acuerdo de sus acreedores ni de las autoridades económicas europeas que siguen de cerca la evolución de los pagos de la deuda pública y las reformas a las que Grecia se comprometió para recibir los desembolsos de ayuda económica. “Con los sacrificios del pueblo griego, Grecia está aguantando el peso de la crisis económica y de refugiados por Europa. Ha llegado el momento de que Europa lo reconozca”, dijo Tsipras, que añadió que el país está “recorriendo los últimos metros de una carrera difícil”. “Emergeremos de la crisis, en pie y más fuertes”, sentenció.

La decisión se tomó durante diciembre, mientras las calles de la capital del país se llenaban todos los días de manifestantes que reaccionaban en contra de las medidas de austeridad. La Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI hicieron saber su descontento al gobierno de Tsipras, ya que el regalo navideño supone un gasto de 617 millones de euros que saldrán del superávit presupuestal de 2016.

Durante 2016, sobre todo luego de recibir el primer tramo del tercer rescate, los griegos tuvieron que afrontar aumentos del IVA (de 23% a 24%) y recortes del valor de las pensiones (algunas fueron recortadas 12 veces desde 2010). Además, se verificó un aumento de la deuda privada (de empresas y hogares) que llegó a igualar a la pública en unos 328.000 millones de euros, y el desempleo trepó a 24,4% en agosto. Lo positivo vino de la mano de la actividad: subió el índice de producción industrial en los primeros nueve meses (1,8%), y el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó 0,8% entre el segundo y el tercer trimestre.

Las medidas tomadas en el último mes del año no revirtieron la mala visión que la población tiene del gobierno: las últimas encuestas publicadas indican que 90% de la población está insatisfecha con el gobierno de Tsipras. También revelan que 80% de los ciudadanos griegos siente lo mismo hacia el principal partido de la oposición, el centroderechista Nueva Democracia. El gobierno izquierdista de Tsipras sufrió cinco huelgas generales desde que asumió el poder en 2015, tres de las cuales tuvieron lugar el año pasado.

Lo bueno se termina

Tras las fiestas de fin de año, los ciudadanos griegos supieron que deberían afrontar aumentos de impuestos. El objetivo del gobierno es engrosar los ingresos del Estado en 2.447 millones de euros, no sólo incrementando impuestos ya existentes, sino también introduciendo nuevos. El Poder Ejecutivo busca alcanzar un superávit primario -sin considerar el pago de intereses- superior a 1,75% del PIB en 2017 y 3,5% en 2018.

Las medidas van desde la reducción del ingreso mínimo no imponible hasta el aumento de las diferentes alícuotas en el Impuesto a la Renta. El ingreso mínimo exento de impuestos pasó de 9.545 euros anuales a 8.636 euros. Además, las personas que tengan ingresos superiores a 20.000 euros al año deberán afrontar un incremento de las tasas impositivas de entre tres y siete puntos porcentuales. Asimismo, aumentará el impuesto sobre la renta de alquileres, que pasará de 11% a 15% para ingresos anuales inferiores a 12.000 euros y podrá alcanzar a 45% para las rentas inmobiliarias superiores a ese monto.

También aumentaron los impuestos sobre la gasolina, el diésel y el gas para automóviles, lo que afectará el costo del transporte, por lo que es previsible que suban los precios de los demás bienes, incluidos los de primera necesidad. Adicionalmente subirán los impuestos indirectos sobre productos y servicios como el tabaco y la telefonía. Asimismo, a partir del 1° de enero se aplican tres nuevos impuestos indirectos: sobre el consumo de café, el líquido de los cigarrillos electrónicos y la televisión por cable.

El incremento de los impuestos -que ya son extremadamente altos en relación con el resto de Europa- puede afectar negativamente las previsiones de crecimiento de la economía en 2017, fijado por el gobierno en 2,7% del PIB, muy por encima de lo que prevé la agencia de calificación Moody’s (1,8%).

Un comunicado de la Asociación de Empresas y de Industria, que representa a todas las grandes empresas del país, calificó la política de impuestos de “irracional” y estimó que incrementará las quiebras de empresas, el contrabando, la evasión fiscal y la informalidad en el mercado de trabajo.

Todo esto ocurre en un contexto de extrema incertidumbre, porque no sólo se cuestiona la previsión oficial de crecimiento económico, sino que tampoco se sabe cuándo Grecia podrá contar con el próximo tramo del rescate, por valor de 6.100 millones de euros.

Gracias por todo

El final del año mostró algo que parecía difícil: coincidencias entre el gobierno griego y el alemán. El ministro de Finanzas del gobierno de Angela Merkel, Wolfgang Schaüble, pretende que el FMI no participe en el tercer rescate o, en todo caso, que se limite a ser un asesor, sin aportar dinero. Grecia apoya a Schaüble en una solución “dentro del sistema monetario europeo”, es decir, sin la intervención del FMI.

El papel del FMI en el rescate de Grecia es muy controvertido, porque sus opiniones sobre qué objetivos y medidas debe tomar Grecia son muy distintas de las que propugnan la CE, el BCE y el propio Mecanismo Europeo de Estabilidad (ver “Tácticas”). Mientras tanto, continúa sin saberse cuándo el gobierno griego y sus acreedores retomarán las negociaciones para completar la segunda evaluación del rescate financiero, tras la cual Grecia debería recibir 86.000 millones de euros.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, y el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, se reunieron el jueves 12 de enero y afirmaron que ambas partes están “más cerca” de concluir la revisión. Moscovici indicó que de los 80 puntos que se estaban discutiendo con el gobierno, solamente quedan pendientes la reforma energética, la negociación colectiva y la correcta evaluación de los desajustes fiscales.

Según un informe del banco heleno Eurobank, si Grecia no recibe ayuda financiera tendrá que incumplir sus pagos a partir de junio. La institución financiera afirma que si la deuda griega no recibe medidas de alivio, como las que reclama el gobierno de Tsipras, a medio plazo el país necesitará aun más préstamos para hacer frente a sus obligaciones.