Los del fin de semana fueron días repletos de actividad política en Venezuela. El viernes la fiscal general, Luisa Ortega, se convirtió en la primera jerarca en criticar las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en lo que fue el inicio de la marcha atrás del máximo órgano judicial de Venezuela. La primera sentencia dispuso el martes retirar la inmunidad a algunos parlamentarios; la segunda estableció que, teniendo en cuenta que la Asamblea Nacional está en “desacato”, sus decisiones son inválidas y se arrogaba sus competencias. Ortega consideró que en esas sentencias “se evidencian varias violaciones del orden constitucional. Las declaraciones fueron sorpresivas para quienes consideran que en Venezuela no existe la separación entre poderes y que el Poder Judicial sigue los dictámenes del Ejecutivo de Nicolás Maduro, especialmente porque el propio Maduro había respaldado, horas antes, al TSJ.

Maduro se reunió con Ortega y después convocó al Consejo de Defensa de la Nación para “resolver” el impasse entre el Ministerio Público -liderado por Ortega- y el TSJ. El consejo resolvió “exhortar” al TSJ a revisar ambas sentencias para “mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes”.

Poco después, el TSJ anunció en un comunicado que suprimía totalmente la sentencia con la que retiraba la inmunidad a algunos integrantes de la Asamblea Nacional y parcialmente la que la despojaba de sus competencias parlamentarias. Sin embargo, consideró, la Asamblea Nacional continúa en desacato debido a que en enero de 2016 juramentó a tres diputados opositores cuyas elecciones están siendo investigadas por presunto fraude.

Pese a esta marcha atrás, tanto la Asamblea Nacional como los gobiernos de varios países y la oposición siguieron presionando al Ejecutivo de Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que aunque el TSJ haya cambiado su postura no puede “corregir” el “golpe de Estado” que ya dio. Se expresó de esta manera en una “sesión especial” de la Asamblea Nacional, que sesionó en la calle para “defender” su “dignidad”. En esa instancia, se anunció que el Legislativo buscará destituir a los magistrados del TSJ en la sesión de mañana, y pidió a la población que se movilice para acompañarla. Si llegara a concretarse una decisión en este sentido, probablemente sea declarada inválida por el órgano judicial, como ha sucedido anteriormente, porque este mantiene su postura de que el Legislativo está en desacato.

Mientras los distintos organismos regionales se pronunciaban, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo en Twitter que “de una ruptura institucional no se sale con aun más alteración del orden constitucional”, y criticó lo que consideró una interferencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Todavía no está del todo claro el impacto que tendrá la marcha atrás del TSJ en la sesión de hoy del Consejo Permanente de la OEA, que fue convocada por Almagro para tratar la situación de Venezuela. La agencia de noticias Efe informó que en el encuentro se estudiará la posibilidad de convocar una reunión de cancilleres en la que se evaluará si se aplica la Carta Democrática del organismo.