“Buscan montar un escrache fascista a pocos días de las elecciones legislativas”. Con esas palabras el ex ministro de Planificación de Cristina Fernández, Julio de Vido, calificó el intento del oficialismo de expulsarlo de la Cámara de Diputados que tomó forma en estos días y que estaba ayer a consideración de los legisladores. Oposición y oficialismo enfrentaron argumentos en los últimos días sobre la constitucionalidad de la expulsión de De Vido. Anoche el oficialismo perdió la batalla pero manifestó que va a volver a intentarlo.

La expulsión de De Vido del Congreso es un objetivo del oficialismo desde que el ex ministro de Planificación empezó a acumular imputaciones y procesamientos –tiene 26 de las primeras y cinco de los segundos, en todos los casos de tribunales de primera instancia–. Las causas en su contra se multiplicaron una vez que terminó la administración de Cristina Fernández, y el gobierno de Macri se dispuso a llevar a la Justicia todo lo que se pareciera a actos de corrupción cometidos durante el kirchnerismo para que se los investigara. En ese marco, el oficialismo más de una vez apuntó a De Vido. La personalización llegó a tal punto que Mauricio Macri, refiriéndose a la votación de ayer, dijo: “Será muy útil para Argentina saber si somos una mayoría los que estamos en contra de la impunidad y queremos un cambio en serio”.

Si bien De Vido es una de las figuras kirchneristas más comprometidas ante la Justicia, también es cierto que varios dirigentes oficialistas, algunos de los cuales están en el gabinete, están procesados o imputados. De hecho, el propio Macri se desempeñó durante cinco años como jefe de gobierno de Buenos Aires mientras estaba procesado en la causa de las escuchas ilegales. Fue absuelto una semana antes de asumir la presidencia.

A pesar de los fueros, los diputados y senadores argentinos son juzgados por los tribunales de primera instancia y deben comparecer ante la Justicia como cualquier otro ciudadano. Las únicas ocasiones en las que la Justicia puede pedir el desafuero es si el acusado se niega a comparecer ante el tribunal o si quiere detenerlo, sea de forma preventiva o para cumplir condena. De hecho, ante un pedido del fiscal Carlos Stornelli, el juez Luis Rodríguez rechazó la posibilidad de pedir el desafuero de De Vido a comienzos de julio. Por otra parte, la expulsión en el Congreso no es común en Argentina. Desde el fin de la dictadura se dispuso sólo en dos ocasiones, en 1991 y 2002, en casos que no estaban vinculados con juicios por corrupción.

Fue tras la negativa del juez a pedir el desafuero que el oficialismo calentó los motores en la cámara baja en contra de De Vido, hasta que el martes hubo una votación favorable a la expulsión en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, que ayer comenzó a ser debatida en la cámara baja.

Mientras el oficialismo asegura que De Vido debe ser expulsado por la cantidad de causas judiciales que hay en su contra, la bancada del Frente para la Victoria, a la que pertenece el diputado, lo defiende y sostiene que su expulsión sería inconstitucional. El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Pablo Tonelli, considera que “cualquier cosa que la Cámara de Diputados considere motivo de exclusión es válida”. En la misma línea que Tonelli se pronunció la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Por el contrario, la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti dijo al diario La Nación que “la expulsión debe ejecutarse por razones sobrevinientes a su cargo, es decir, por una actitud indigna proveniente de su actividad como legislador”. De manera similar opinaron los diputados del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Con estos argumentos, que han sido debatidos por decenas de especialistas, con opiniones divididas, unos y otros anunciaron antes de la sesión especial de ayer cuál sería su voto. El oficialismo esperaba contar con algún respaldo inesperado para lograr la expulsión, pero finalmente no reunió los dos tercios de votos requeridos: 138 diputados votaron a favor de la salida de De Vido, 95 en contra y tres se abstuvieron. De acuerdo con La Nación, el oficialismo anunció que va a insistir.